Instituciones incumplen funciones
73% de los adolescentes detenidos son procesados por delitos sexuales
De 1.420 adolescentes detenidos en centros de reintegración social y centros de orientación, el 73% está procesado por delitos de violencia sexual, además de vivir en hacinamiento, se detectó que sólo en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija existen equipos dedicados a implementar justicia restaurativa.
Los datos corresponden al diagnóstico presentado en el “Encuentro Nacional de Entidades de Atención del Sistema Penal para Adolescentes”, que se instaló ayer y concluye hoy, en el que participan representantes de instancias técnicas departamentales de política social, además del Ministerio Público y el Órgano Judicial. Según la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, se identificaron falencias en el aparato estatal que afectan a adolescentes con responsabilidad penal en centros de reintegración social y de orientación.
“Entre los varios datos del diagnóstico es la existencia de un número importante de adolescentes que están en los centros (de detención) como consecuencia de la comisión de delitos contra la integridad sexual”, informó Cruz.
En esa línea, también se informó sobre la ausencia de programas para los adolescentes detenidos, hombres y mujeres, que aborden estas temáticas de forma integral, tal como como lo dispone el Código de la Niña, Niño y Adolescente (CNNA). “Lo que significa que las medidas socioeducativas no estarían cumpliendo la finalidad de reintegración social, de reparación del daño y de evitar la reincidencia, para las que fueron impuestas por la autoridad judicial competente”, sostuvo la funcionaria.
Asimismo, el diagnóstico realizado por las diferentes instituciones revela que no se cumple con los mecanismos de “Justicia restaurativa”, los cuales, conforme establece el CNNA, son procedimientos que acompañan la aplicación de medidas socioeducativas, la remisión y las salidas alternativas, que buscan que la persona adolescente asuma su responsabilidad frente al hecho cometido, se forme para el ejercicio de sus habilidades sociales, y procure la reparación del daño ocasionado a la víctima.
Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se recordó que el código de la niñez señala que los gobiernos autónomos departamentales tienen el mandato legal de brindar los mecanismos de justicia restaurativa. El diagnóstico da cuenta de que sólo en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija se cuenta con estos equipos, “circunstancia por demás preocupante, considerando la importancia que tiene la realización de los mecanismos de Justicia Restaurativa en el proceso de reintegración social de la o el adolescente con responsabilidad penal”, manifestó Cruz.
Otro aspecto que llama la atención es que se detectó la presencia de adolescentes con discapacidad psíquica y mental con detención preventiva, lo que no debería ocurrir, pues la norma señala que son inimputables.
El diagnóstico trabajado por el Viceministerio detalla que, de 1.420 adolescentes procesados dentro del Sistema Penal a nivel nacional, 642 están en centros de reintegración social y 778 en centros de orientación. Este dato muestra que existe un crecimiento poblacional del 34% respecto a la cantidad que existía en 2020.
Cruz advirtió que del 100% de adolescentes varones procesados, en 2023, el 28% se encontraba con detención preventiva en los centros de reintegración social. “Esta situación genera una sobrepoblación en el 31,2%, concretamente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz”, manifestó.
Desde esta instancia estatal se informó también que a partir de los resultados de las verificaciones hechas en los 16 centros de reintegración social y nueve centros de orientación que existen, en un encuentro nacional, se definirán lineamientos y acciones conjuntas para revertir las falencias advertidas.
Estas acciones pasan por la construcción de un programa de Justicia Restaurativa, un programa post egreso, y la elaboración de lineamientos para la atención de adolescentes con discapacidad mental o psíquica a fin de avanzar en la consolidación del Sistema Penal para Adolescentes; la materialización de una Justicia Restaurativa con el objetivo de que, las y los adolescentes asuman su responsabilidad efectiva respecto al hecho cometido, con la reparación del daño ocasionado a la víctima, respondiendo a las necesidades de la misma, del ofensor y de la comunidad, conforme establece la ley.