Según informe de la AAPS
Epsas debe pagar Bs 142 millones a 401 trabajadores y un informe revela que esta deuda pone en riesgo el servicio para los paceños
El “Informe técnico legal” de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), emitido el 3 de junio, confirma que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A. Intervenida por el Gobierno desde 2013, debe pagar 142 millones de bolivianos a 401 trabajadores que demandaron a la empresa por la ilegal determinación de suprimir el pago de bonos de antigüedad.
Este hecho pone en riesgo el servicio de agua y alcantarillado, además de las inversiones para obras que la empresas debe realizar en favor de los paceños que dependen de Epsas, según el informe al cual tuvo acceso Visión 360.
Las unidades de Asuntos Jurídicos y de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio de la AAPS entregaron entre el 13 y 28 mayo informes sobre cuál sería el impacto legal y económico de la sentencia que obliga a Epsas a pagar esta deuda a 401 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas), quienes luego de ocho años de litigio ganaron un juicio laboral.
Dicho proceso comenzó en la gestión del entonces interventor, Humberto Claure Quezada, actual presidente interino de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), quien dispuso, de forma ilegal, dejar de pagar el bono de antigüedad que percibían los trabajadores, realizado con base en un cálculo de nueve salarios mínimos. De acuerdo con Herbas, si bien la medida buscaba evitar el despilfarro de dinero, provocado por contratos elaborados con el fin de pagar favores políticos del Gobierno de Evo Morales, el despojo de dicho bono se hizo sin tomar en cuenta las consecuencias legales.
“Considerando que los montos de disponibilidades, el pasivo corriente al 31 de diciembre de 2023 y el importe estimado por el operador producto de la deuda por el pago del bono de antigüedad, se observa que Epsas S.A. Intervenida no tendría recursos suficientes para amortizar sus deudas de corto plazo, por lo que no reflejaría la capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones”, señala uno los puntos en las conclusiones del informe, AAPS/DER/INF/363/2024, firmado por Hebe Linda Vargas, dependiente de la AAPS.
En ese mismo punto, Vargas señala que dicha falta de capacidad de pago significa, “además, la suspensión de pagos, lo cual puede conllevar la generación de intereses de las deudas y pueden poner en riesgo la prestación del servicio”.
Visión 360 solicitó en varias oportunidades una entrevista con el actual interventor de Epsas, Alfredo Ayala, sobre este caso y otras denuncias de corrupción, pero el funcionario no respondió las llamadas y mensajes. Además, se conoce que Ayala es parte de los 401 trabajadores que se beneficiarán del pago de esta millonaria deuda.
En contraparte, el consultor en Agua y Saneamiento, José María Herbas, aseveró que de hacerse efectivo el pago de los 142 millones de bolivianos, por los bonos suspendidos desde 2016, además de restituir el pago del bono de antigüedad a los salarios de cada trabajador, desde esta gestión, Epsas S.A. podría ingresar en una virtual quiebra técnica.
El consultor aseguró que la AAPS admitió todo lo que se viene denunciando desde el mes de mayo, incluidos varios hechos de corrupción e irregularidades en Epsas S.A.
“Nos ratificamos en que Epsas está ante una virtual quiebra técnica, de pagarse la deuda del bono de antigüedad y la restitución de este derecho de los trabajadores, que fue quebrantado por un mal funcionario público que ostentaba el cargo de Interventor, bajo un manejo discrecional de los recursos de la empresa, hablo del ahora presidente interino de la ABC, Humberto Claure”, sostuvo.
Sin embargo y pese a las cifras negativas en todas las áreas, el informe de la AAPS niega que Epsas estaría en riesgo de una quiebra técnica. En ese contexto, la AAPS, dirigida por el exministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, recomienda al interventor Ayala instruir una evaluación y auditoria especial a la gestión y patrocinio de los procesos legales asumidos por el departamento jurídico de la firma, para determinar el cumplimiento de las obligaciones y las responsabilidades de los abogados.
Sin embargo, Herbas indicó que “la quiebra técnica supone la imposibilidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos de pago, utilizando para ello sus activos. Esto implica que la suma total de activos es inferior a la suma del total de deudas. Cuando hablamos de una posible quiebra técnica, no implica que sea de inmediato, es un proceso, y Epsas está en ese camino”.
El experto dijo que el informe de la AAPS revela que Epsas no podrá cubrir los costos operativos para la prestación del servicio de agua potable y solo le quedaría 19 millones de bolivianos para efectuar inversiones. Esto quiere decir que “todos los proyectos de agua y alcantarillado programados para los próximos cuatro años quedarían postergados, debido a que se dará preferencia al cumplimiento de la sentencia judicial del pago del bono de antigüedad a los 401 trabajadores”, apuntó.