Informe de la AAPS
Epsas perdió el 90% de los procesos laborales y penales en los últimos 10 años
En 10 años, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A., intervenida por el Gobierno desde 2013, ha perdido el 90% de los procesos laborales y penales, pese a que el área legal cuenta hasta con 15 abogados. La mayoría de estos litigios perdidos se debe a despidos injustificados y reintegro de beneficios sociales, lo que generó cuantiosas pérdidas económicas.
Los datos salieron a la luz en medio de la evaluación que realizó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), luego de que un fallo judicial definiera que Epsas S. A. debe pagar 142 millones de bolivianos, a 401 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas), por la restitución del pago de un bono de antigüedad.
90% de procesos perdidos
Entre las consideraciones del informe legal firmado por el Jefe de Asuntos Jurídicos, Freddy Bustinza, se establece que Epsas sufrió, en las últimas gestiones, una “absoluta desinstitucionalización, manejo irresponsable y discrecional del área legal o jurídica, que no responden a los lineamientos, políticas y planificación de los niveles ejecutivos y gerenciales de la empresa, que representa un grave riesgo para el servicio”.
Más adelante, el informe enfatiza que: “Epsas S. A., en los últimos 10 años, afronta un incremento significativo de procesos laborales por despidos injustificados, reintegro de beneficios sociales y otros, así como denuncias y procesos penales, cuyos resultados en más del 90% son desfavorables y negativos para la empresa, a pesar de que el Departamento Legal cuenta con entre 10 a 15 funcionarios”.
El documento refiere que un factor que hace deficiente el desempeño del área jurídica, “es la excesiva e injustificada rotación del personal”. El informe menciona que desde la gestión 2013, cuando el Gobierno de Evo Morales decidió intervenir la empresa privada Epsas S. A., se han destituido a ocho jefes del departamento legal.
Esto “conlleva la desvinculación, en cada caso, de un alto porcentaje del personal de planta y eventuales, con esos antecedentes los resultados de los procesos legales a corto plazo afectarán y comprometerán el patrimonio de la empresa y pondrán en riesgo el servicio (de agua para La Paz)”, revela el informe.
Sólo hacen una “evaluación”
El informe fue emitido con la finalidad de evaluar si el juicio perdido ante los 401 trabajadores de Epsas representa un “riesgo de quiebra técnica”, lo que fue descartado por el área legal y administrativa. Esto, pese a que en el documento se brindan datos contradictorios, como el que señala que la empresa intervenida “carece de una estrategia legal que le permita asumir el pago de forma paulatina y en plazos razonables, que no incidan en la liquidez y menos se afecten las inversiones programadas”.
No obstante, el Jefe de Asuntos Jurídicos de la AAPS, afirmó que esa instancia no tiene como competencia “el seguimiento, fiscalización y control de los procesos judiciales” en los que se vio involucrada Epsas S. A. y se limita, “únicamente”, a realizar una “evaluación en los estados financieros de la incidencia de los procesos legales concluidos y fallos ejecutoriados”.