Presentarán informe oral
Interpelan al Gobierno por situación de Epsas y la pérdida de Bs 142 millones en un juicio laboral
El Gobierno será interpelado por la situación de la Empresa Pública de Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.), que debe pagar 142 millones de bolivianos a 401 trabajadores de su sindicato, los que cuentan con una sentencia ejecutoriada en su favor.
La petición de informe oral (PIO) fue hecha por la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena quien formuló 24 preguntas que deben ser atendidas por el ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Alan Lisperguer, el jueves a las 11.30 en la Asamblea Legislativa.
“1. Informe, qué medidas específicas ha adoptado o tiene planificadas el MMAyA, como entidad jerárquica, para asegurar la continuidad de los servicios de agua y alcantarillado en la ciudad de La Paz y El Alto, considerando la obligación de la Epsas de pagar Bs 142 millones a 401 trabajadores. Adjunte documentación de respaldo” señala la primera de las 24 preguntas hechas por la senadora Requena.
Recordemos que el 2 de abril Visión 360 publicó una nota en relación a la sentencia ejecutoriada sobre un proceso laboral, ganado por 401 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento de La Paz (Sutas), que iniciaron el litigio en 2016. Ese año el interventor de Epsas, nombrado desde el MMAyA, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), era Humberto Claure, actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
De acuerdo a los antecedentes, los trabajadores de Epsas lograron homologar un acuerdo laboral que establecía que, además del salario que cobraban los mismos, tenían al derecho del pago de un bono de antigüedad, cada mes. La cifra calculada era sobre nueve salarios mínimos.
Claure desconoció el derecho reconocido en esos acuerdos basados en la Ley General del Trabajo y disminuyó la cifra para que el cálculo se haga solo sobre tres salarios mínimos.
Ante esto, los 401 trabajadores del Sutas presentaron la demanda laboral y luego de ocho años ganaron el litigio. El 29 de enero de este año, la jueza de Partido de Trabajo y Seguro Social 5to de La Paz, Claudia Contreras, notificó a Epsas y a Sutas con la sentencia ejecutoria y solicitó las planillas para hacer el recuento oficial y disponer el monto real de la deuda.
También se debe mencionar que, el consultor y experto en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, explicó que esta deuda genera un riesgo de quiebra técnica para la empresa, debido a que los ingresos anuales de la empresa de agua son de 344 millones de bolivianos. Epsas brinda servicio de agua y mantenimiento del alcantarillado a ocho municipios del departamento de La Paz, con más de 500 mil conexiones.
“2. Informe, qué acciones ha realizado la AAPS, para mitigar los riesgos financieros que enfrenta Epsas debido a la Sentencia Judicial N º 116/2021, el Auto de Vista N º 93/2022 y el Auto Supremo Nº 588/2022. Adjunte documentación de respaldo. 3. Informe, cuándo se estregará y se dará a conocer la estrategia legal y financiera de Epsas para cumplir con la deuda sin comprometer las inversiones y proyectos programados para los próximos años. Adjunte documentación de respaldo”, señalan otras dos preguntas del PIO realizado por Requena.
De acuerdo a un informe técnico legal de la AAPS, Epsas no tienen una estrategia administrativa para asumir esta deuda y cumplir con la sentencia. En siete meses de la gestión del interventor, Alfredo Ayala, el mismo no atendió las consultas de este medio sobre este y otros casos que ponen en riesgo el tema económico de la empresa intervenida hace 11 años por el Gobierno.
De la misma forma, tanto el abogado que los representa como los dirigentes del Sutas, tampoco dieron respuesta a las consultas de Visión 360, sobre alguna forma de pago que no ponga en riesgo el servicio de agua en La Paz y otros siete municipios. El sindicato también representa a Ayala, quien sería uno de 401 trabajadores que ganó el proceso laboral.
La pregunta siete del PIO presentado por Requena cuestiona la situación del interventor. “Informe qué medidas se han adoptado para asegurar que el interventor de Epsas, Alfredo Ayala, quien es uno de los beneficiarios del pago de la deuda, no incurra en conflicto de intereses en la gestión de este caso. Adjunte documentación de respaldo”, menciona el PIO.