Pie de página
¿Por quién votaré en las elecciones judiciales?
El próximo domingo Bolivia asistirá, por tercera vez, a unas elecciones judiciales concebidas para validar a magistrados impuestos por el poder político. Sin embargo, a diferencia de los procesos anteriores, esta elección es irregular e inconstitucional. A través de maniobras judiciales y legislativas, se ha retrasado el proceso más de un año, y ahora los magistrados, auto-prorrogados en sus cargos, imponen llevar a cabo una elección parcial y segmentada. Este hecho contraviene claramente el artículo 182 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece: “La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.
La Constitución no deja margen para interpretaciones arbitrarias: la organización de las elecciones judiciales debe ser única y exclusiva, no parcial. Sin embargo, ni a los magistrados auto-prorrogados ni al gobierno que los respalda les importa este atropello más a la Carta Magna.
Más allá de estas irregularidades, el problema central radica en el modelo mismo de preselección, selección y nombramiento de autoridades judiciales. Este esquema, que siempre ha estado en manos del poder político, ha demostrado ser un rotundo fracaso. La dependencia de jueces, fiscales y magistrados respecto al poder político es evidente. Desde el inicio de la República, las reformas al sistema judicial han girado en torno a quién preselecciona y quién nombra. A lo largo de nuestra historia, estas funciones han recaído en distintas instancias: el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados, e incluso los gobiernos municipales, pero siempre bajo la misma lógica de control político.
Esta dependencia no solo se manifiesta en el nombramiento, sino también en la destitución. El artículo 159, numeral 11, de la CPE, otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de “acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Consejo de la Magistratura por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Aunque podría pensarse que esta atribución busca garantizar la responsabilidad judicial, en la práctica se convierte en un instrumento de venganza política. Esto se agrava con el uso abusivo del delito de “incumplimiento de deberes”, una figura tan amplia que permite perseguir a operadores de justicia por razones meramente políticas.
Existen también otros factores de dependencia, como la económica, que fomenta la corrupción, y la jerárquica, que refuerza el sometimiento interno. Pero lo fundamental es que, mientras persista este modelo de preselección, nombramiento y destitución controlado por el poder político, la independencia judicial será una quimera. Este problema no es ideológico ni personal; es estructural. No importa quién ostente el poder: mientras alguien elija a alguien, la justicia seguirá subordinada.
Es hora de cambiar radicalmente este modelo. Los jueces, fiscales y magistrados deben llegar a sus cargos por méritos propios, no por padrinazgos políticos. Necesitamos un sistema que valore los logros académicos, profesionales y personales, pero sobre todo valore los méritos éticos y morales, y que devuelva al pueblo boliviano la confianza en un poder judicial que refleje el ideal de justicia que todos anhelamos.
Frente a este panorama, surge una pregunta crucial: ¿por quién votar en estas elecciones judiciales? La respuesta, ante un proceso manipulado políticamente por el gobierno, también debe ser política. Debemos acudir a las urnas y votar en blanco o nulo. Este acto no es una simple expresión de desencanto, sino un mensaje plebiscitario claro y contundente: rechazamos la manipulación política y exigimos una justicia independiente. Al votar de esta manera, manifestamos nuestra vocación democrática y nuestro repudio a un sistema que perpetúa la dependencia de los operadores de justicia.
Es momento de alzar la voz y de exigir el cambio estructural que Bolivia necesita. Solo así construiremos un sistema judicial al servicio del pueblo y no del poder.