Por presentación de sospechosos
Defensoría expone al Gobierno ante la CIDH como vulnerador de la presunción de inocencia
La resolución de la Defensoría del Pueblo, Nº DP/SSP/RD/2024/07, del 28 de noviembre de 2024, expone al Ministerio de Gobierno de Bolivia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una de las instituciones que vulneran el derecho a la presunción de inocencia, al exponer de forma ilegal a personas procesadas por diferentes delitos.
El documento menciona que, oficialmente, la Defensoría del Pueblo tiene registrados 39 casos suscitados entre 2009 y 2023, que implican la responsabilidad de cinco exministros y del actual titular del Ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Las exautoridades denunciadas son: Alfredo Rada, en nueve casos; Carlos Romero, con 16 casos en dos gestiones; Jorge Pérez, por cuatro casos y Hugo Moldiz, en otros cuatro casos, todos operadores en la gestión del expresidente, Evo Morales.
También se denunció a Arturo Murillo, de la gestión de Jeanine Añez, en 2020, por seis casos, y a Del Castillo, por cuatro casos, en la gestión de Luis Arce, hasta 2023.
Al margen de esos datos, el documento hace énfasis en otras 17 denuncias, presentadas hasta agosto de 2024, por la exposición pública de personas aprehendidas o procesadas, que hizo el Ministerio de Gobierno ante los medios de comunicación y en sus redes sociales.
En el documento se menciona que 15 de esos 17 casos, fueron denunciados por miembros de las Fuerzas Armadas y civiles, procesados por la revuelta militar del 26 de junio, liderada por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
“Notifíquese a las autoridades denunciadas, mediante copia de ley entregada en su despacho. Asimismo, remítase una copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Comité contra la Tortura (CAT) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT)”, señala la parte final del documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Recomendaciones incumplidas
En ese contexto, la Defensoría emitió tres “recomendaciones”, dirigidas al titular del Ministerio de Gobierno. La primera insta a que esta institución gubernamental retire las publicaciones de las presentaciones de personas aprehendidas y detenidas, que se encuentran publicadas en la página oficial y redes sociales (Facebook, X, Instagram, Youtube, Tik Tok, etc).
La segunda es “prohibir que autoridades y/o servidores públicos del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Régimen Interior y Policía; y la Policía Boliviana exhiban, expongan y/o presenten a personas aprehendidas o detenidas en medios de comunicación, redes sociales y/o en páginas oficiales; sin que previamente se cumplan cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 296, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales sobre la protección y respeto a la dignidad, honra y el principio de inocencia, ampliamente desarrollados en la presente Resolución Defensorial”, señala la segunda recomendación.
La tercera recomendación es la realización de capacitaciones sobre el tema, dirigidas al personal del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y la Policía Boliviana.
Casos y antecedentes
La Defensoría precisa que esta práctica se realiza de manera recurrente, pero que debe frenarse, luego de que se estableciera como antecedente el caso “(Blas) Valencia Campos Vs. Bolivia (en la Corte IDH), en la que un grupo de policías atracadores y sus familiares fueron expuestos a acciones de tortura y exposición ante los medios de comunicación". Estas personas que ya cuentan con sentencias ejecutoriadas, lograron ganar un proceso internacional, por lo que el Estado debe pagar una indemnización económica.
Asimismo, en uno de los casos registrado el 26 de febrero de 2024, referido a la aprehensión y presentación de Rainer F. B., imputado por estafas desde el penal de San Roque, en Sucre, el Ministerio de Gobierno afirmó que esta persona fue presentada ante los medios de comunicación, luego de dar su consentimiento por escrito. No obstante, se verificó que, en los expedientes del caso no figura ninguna autorización firmada por el procesado.
Otro caso denunciado por vulneración del derecho a la presunción de inocencia en mayo de 2024, se registró contra tres personas, militantes políticos de la facción del MAS que defiende a Evo Morales, quienes fueron expuestos relacionados a presuntos actos de organización criminal, al causar peleas en la concentración del grupo rival que respalda al presidente Luis Arce.
“En redes sociales circularon videos, donde se observa al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informando lo siguiente en una conferencia de prensa: ‘Lamentablemente tres ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes empezaron a agredir verbal y físicamente a una mujer de pollera, una vez se procede a la aprehensión de la señora Liz A. A. V., Madeleine R. y el señor Ronald R. C. Dentro de los teléfonos celulares hemos podido evidenciar que estas tres personas aprendidas en flagrancia, (…) se habrían organizado para generar desmanes en el municipio de El Alto, estaban buscando una convulsión social (…)’”, revela el documento.
La Defensoría del Pueblo sostiene que el Ministerio de Gobierno no cuenta con protocolos para el manejo de estos temas, asimismo, se menciona que los operadores de esa cartera de Estado tienen un criterio equivocado sobre el manejo de la imagen de las personas implicadas en diferentes delitos.