Cuestionan tres tipos de irregularidades en gasto de la Gobernación paceña para la atención de emergencias en 2024

Facturas anuladas, “errores” en los recibos firmados por los alcaldes que supuestamente recibieron ayuda y el gasto por el pago de salarios a consultores, son tres de las principales observaciones que se hicieron al informe oral, presentado por el Director de Riesgos de la Gobernación de La Paz, Jorge Cahuapaza, ante la Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental

Dicho informe fue calificado de deficiente y confuso por parte del asambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, parte de la Comisión de Desarrollo Productivo, en relación al manejo de cinco millones de bolivianos, que debieron ser ejecutados en 2024 en la atención de emergencias por sequías, lluvias y otros desastres naturales.

“El tema de viáticos por viajes al interior del país, que tenemos más de 9.989 bolivianos. El tema de consultores individuales, más de 313.000 bolivianos que nosotros tenemos consultores. Generalmente todos en la dirección son consultores. Tenemos cuatro ítems y los demás todos son consultores. Obviamente que este tema de los 313.000 no se lo ha enviado porque son el tema de pago a consultores. Y tal vez ahí está variando el tema de por qué no llega a los 3.270.000. El tema de gastos por refrigerio al personal es más de 8.136 bolivianos”, fue parte de la explicación que Cahuapaza dio ante los asambleístas.

Alanoca hizo notar varias incongruencias en el informe que, informó, duró casi dos horas y careció de documentación de descargo.

Recordemos que la pasada semana, Cahuapaza, no se presentó a una segunda convocatoria para rendir cuentas sobre el tema. Ante su inasistencia, la Comisión de Desarrollo Productivo emitió una conminatoria.

48 horas después, ante dicha nota de apremio, Cahuapaza y un grupo de sus colaboradores se presentó para explicar las incongruencias halladas en el informe escrito que había presentado antes.

Alanoca explicó que, según la documentación remitida por la Dirección de Riesgos, sobre la supuesta ejecución de cinco millones de bolivianos, solo se tienen registros de un gasto real de poco más de dos millones de bolivianos. 

Entre las irregularidades identificadas por los asambleístas figura una factura por la compra de gaviones, la cual, según una verificación preliminar en el Servicio de Impuestos Nacionales (Sin), estaría anulada. Por otra parte, se detectaron actas firmadas por alcaldes de municipios que no fueron beneficiados con la entrega de ayuda y actas de entrega de diésel con los mismos números de vales, pero con diferentes fechas.

Otro aspecto que aún está sujeto de una evaluación, es que se gastó parte del dinero destinado a la atención de emergencias, en el pago de salarios a “consultores”. Alanoca afirmó que no hay información clara sobre el trabajo que debían cumplir dichos consultores y su modalidad de contratación.