2025-05-02

Análisis

Jurista: Irregularidades del caso de trata contra Morales son un “circo” para distraer a la población ante la crisis económica

Remarcó que la opinión pública debe comprender que la inhabilitación de Evo Morales a las elecciones 2025 no tiene relación con la anulación de la orden de aprehensión por el caso de estupro.

El abogado y político, José Carlos Sánchez Verazaín, considera que las irregularidades judiciales en torno al proceso por trata que se sigue contra Evo Morales, son un “circo” mediático, usado por la izquierda para distraer a la población de temas importantes, como la crisis económica.

Al margen de apoyar la investigación y sanción contra la jueza de Sentencia Penal 14 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Lilian Moreno, remarcó que la opinión pública debe comprender que, la inhabilitación de Morales para ser candidato en las Elecciones Generales 2025, no tiene relación con la anulación de la orden de aprehensión por el caso de trata de personas que se le sigue al cocalero en el departamento de Tarija.

“Lo que pasa es que el masismo oficialista, los comunistas, socialistas utilizan cualquier mecanismo para distraernos. Usan este circo para distraernos de las verdaderas preocupaciones que tenemos día a día. Se tiene una inflación en el costo de la canasta familiar, la pobreza se eleva a niveles que asustan a todos y hay padres de familia que no pueden llevar el pan de cada día a sus hogares”, explicó Sánchez en contacto con Visión 360.

El precandidato de línea liberal del Frente Conservador de Bolivia, sostuvo que el Gobierno emplea esta estrategia para distraer de la mala gestión, además que acusó a los políticos tradicionales de dejarse usar y ser amplificadores de estos temas, “se dedican a discutir entre ellos y a distraernos, en lugar de buscar una solución. ¿Pero qué podemos esperar si los opositores de siempre son falsos opositores y siempre le han hecho juego al MAS?”, criticó.

Por otro lado, convocó a la población de dejar de distraerse y tomar una decisión electoral para cortar de raíz con estos problemas, pues considera que la polémica por los procesos contra Morales y el debate de su habilitación e inhabilitación, tienen que ver con la falta de independencia de los poderes del Estado.

Irregularidades

Morales afronta un proceso por trata de personas, sobre una relación que mantuvo en 2015, cuando él era presidente del Estado, con una menor de 15 años, dirigente de las juventudes del MAS. Producto de esa relación, la adolescente dio a luz un niño que ya tiene ocho años y fue reconocido por el exmandatario, tal como lo confirma un certificado de nacimiento.

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En relación a la resolución emitida por la jueza Moreno, Sánchez sostiene que la primera irregularidad tiene que ver con la admisión de la “queja constitucional” que presentó la defensa de Morales. El abogado, señaló que la jueza se pronunció en relación a un tema que no estaba ejecutoriado, es decir que aún no fue revisado en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia en la que podría confirmarse o rechazarse la primera determinación.

Explicó que la queja planteada por los abogados del expresidente del MAS, observaban la falta de cumplimiento, por parte de la Fiscalía y el Gobierno, a una sentencia constitucional emitida por la misma jueza en octubre de 2024, que a su vez se generó por una acción de libertad en contra de una primera orden de aprehensión.

Sánchez reiteró que esa primera sentencia constitucional debía ser revisada en el TCP, sin importar que la misma tenga la prioridad de ser acatada inmediatamente.

Una segunda irregularidad detallada por Sánchez, es que, en la reciente resolución de Moreno, la misma se extralimitó en sus atribuciones y se pronunció sobre actos investigativos que no le competían, como la anulación de una orden de aprehensión fundamentada.

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En un tercer punto, Sánchez cuestiona el criterio que la jueza empleó para determinar que el caso ya no sea investigado en Tarija y sea derivado a un juzgado y un asiento fiscal en el Trópico de Cochabamba, con el argumento de que el presunto agresor sexual tiene el derecho de un “juez natural”.

Para el jurista, la investigación debería llevarse en lugar donde se cometió el delito y no donde vive el sindicado. En este caso, se conoce que, en 2015 la menor vivía en Tarija y al mismo tiempo se presume que viajaba hacia la sede de Gobierno para asistir a eventos especiales junto con el entonces presidente.

Por último, el precandidato presidencial por el frente Frente Conservador de Bolivia apoya los anuncios de investigación y sanción en contra de la jueza Moreno. Tanto el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, así como el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, expresaron sus críticas al actuar de la magistrada, quien luego de emitir su fallo, la pasada semana, solicitó seis días de licencia y se especula con que huyó del país.

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