Viacha: amenazan y difaman a quienes denunciaron la contaminación minera

Llamadas anónimas, encapuchados en motocicletas, difamaciones por redes sociales y hostigamientos de dirigentes de sus propias comunidades son algunas de las acciones que sufrieron y debieron superar autoridades originarias de nueve comunidades de Viacha (La Paz), quienes afrontan estas arremetidas debido a la lucha que llevan adelante contra la contaminación de la minería ilegal.

“Hermanos comunarios de Viacha y viacheños de todos los distritos, acá podemos ver cómo los dirigentes extorsionan a las empresas mineras y nos utilizan con mentiras. Los únicos que hablaron en el falso cabildo fueron la familia del R. P. y del F. C. Pregúntense hermanos ¿de dónde obtienen fondos sus familias para financiar estas mentiras? Seguiremos investigando hermanos y llegando a la verdad”, dice una de las publicaciones de una página de Facebook, cuyos administradores no revelan sus nombres.

En ese espacio, dedicado exclusivamente a atacar a los dirigentes que luchan contra la contaminación, se difunden videos y fotografías montadas, con la intención de desprestigiar a los representantes de comunidades originarias en Viacha.

Una de las víctimas de las amenazas, que pidió mantener en reserva su identidad por miedo a represalias, aseguró a Visión 360 que la pasada semana, dos hombres en una motocicleta llegaron hasta su hogar y comenzaron a gritar insultos y uno de ellos sacó una pistola. Antes, él y sus familiares recibieron llamadas anónimas, en las que buscaban amedrentarlos al asegurar que tienen fotos de supuestos actos de corrupción.

El comunario intentó presentar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero uno de los uniformados le dijo que debía identificar a los agresores. Confundido por la respuesta del policía, la víctima buscó la ayuda de un abogado, que “hizo entrar en razón” a los efectivos, pero al final no hizo la denuncia, debido a que, de seguir el proceso, no tendría recursos para pagar los honorarios del jurista.

Autoridades electas, que pidieron también mantener en reserva sus identidades, revelaron que también son hostigadas por acompañar las denuncias, pero sorpresivamente, entre las personas que les amenazaron con procesos, están -expresó- “funcionarios que deberían velar por los derechos humanos”. Desde la Alcaldía de Viacha también se cuestiona la parcialización con las autoridades que fueron denunciadas por incumplir sus deberes.

“Mi esposa ha recibido una llamada anónima; en medio de una reunión le amenazaron con agredir a mis hijos y que yo había cometido actos de corrupción, pero ella sabe que todo es falso, así que sin saber quién le llamó, le respondió que ahora íbamos a seguir con más fuerza con la denuncia, porque tenemos que cuidar nuestra tierra para nuestros hijos”, afirmó uno de los comunarios.

Si bien comentó que no se dejó amedrentar en ese momento, el dirigente contó que su pareja se enfermó por la impresión y le ha costado superar el mal momento.

Los defensores

Juan Pablo Yujra y Alex Callisaya son el presidente y vicepresidente, respectivamente, del Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca Pallina. Fueron posesionados en 2021, elegidos por usos y costumbres. Representan a nueve comunidades en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.

A diferencia de otras autoridades originarias, que se turnan cada año, los nombramientos de Yujra, Callisaya y otros cinco dirigentes de la OGC Pallina duran más años, porque se considera que realizaron un “buen trabajo” y se vio necesario que siguieran adelante, debido a que las denuncias de contaminación en sus comunidades no avanzaban desde hace 10 años.

Esta organización está conformada por dirigentes de nueve comunidades originarias: Contorno Pallcoso, Contorno Bajo, Ch’alla Jahuira, Granja Convento, Mamani, Pallina Grande, Pallina Centro, Pallina Chico y Seque Jahuira, las cuales forman parte de la Marka Batalla de Ingavi y Marka Contorno, de la Jacha Marka Ingavi, con una población aproximada de 4.200 personas. Son parte de los distritos 3 y 6 del municipio de Viacha.

Yujra explicó a Visión 360 que los funcionarios de las instituciones del Estado se las arreglaban para confundir a los nuevos dirigentes, afirmando que sus antecesores no presentaron denuncias o que les faltaban respaldos, solicitando nuevos requisitos para probar sus acusaciones sobre la contaminación. En ese lapso se extinguía el año de su gestión y el siguiente comunario que asumía en el cargo debía iniciar de nuevo, más aún si había cambio de funcionarios públicos.

Fue así que, en 2022, explicó el dirigente, luego de dar continuidad a su primer año de gestión, se logró que los representantes de la Gobernación de La Paz, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de Minería realizaran inspecciones y se fiscalice el trabajo del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi.

Durante años, los esfuerzos de los comunarios se centraron en visibilizar el daño ambiental al río Pallina, por la basura de El Alto; pero el informe elaborado en julio de 2023, por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) reveló que la contaminación más peligrosa es de las empresas mineras, no solo al río, sino a las fuentes de agua subterráneas, de las cuales se proveen para su consumo y para el de los animales.

El estudio no fue una actividad de control de calidad que debería cumplir la Emapav, ya que fue elaborado por presión de dirigentes del OGC de la Microcuenca Pallina, ante las constantes enfermedades que contraen pobladores y animales.

En los puntos principales del documento se remarca, por ejemplo, que los pobladores no deben consumir el agua de ninguno de los nueve pozos, sin antes someter el líquido vital a un “tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica”, debido a que presentan “una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en suspensión”.

En el caso del agua del pozo de Pallina Grande, el resultado del análisis revela la presencia de “manganeso y cloruro que influyen en la aceptabilidad por el sabor, el cobre no influye en olor y sabor, pero causa riesgo a la salud”. En el caso de los sulfatos, la elevación de los resultados “nos muestra que tiene efecto sobre la salud del ser humano”, concluye el documento.

Dirigentes

Fueron estas inspecciones y la información que dieron a los comunarios sobre la calidad del agua las que generaron las primeras represalias, que las atribuyen a los dueños de las empresas mineras, pues en asambleas, las comunidades emitieron resoluciones, en las que exigieron el cierre de esas empresas.

A ese hostigamiento, para sorpresa de los defensores del agua en Viacha, se sumaron algunos de los dirigentes de sus propias comunidades, que cuestionaron que la directiva de la OGC Pallina había excedido sus competencias, ya que solo debían controlar la contaminación en el río, y no así el problema de las empresas mineras.

Si bien no ha parado la contaminación minera y cada vez se revelan más documentos con detalles sobre la falta de fiscalización de las entidades del Estado, el tema avanzó en la sistematización de informes y la visibilización de estudios e informes de las entidades, que trabajan sin coordinar los datos y sus acciones.

“Esto de la división entre autoridades originarias y juntas vecinales viene desde la división que promueven la alcaldía y las empresas mineras”, aseveró Yujra.

Un papel importante en este trabajo es el de la Defensoría del Pueblo, instancia a la que se le enviaron varias denuncias, pero que recién las atendió en agosto de 2024, luego de que varios medios de comunicación, entre ellos Visión 360, revelaran que se había producido ya un incidente y que un pozo de agua, del que se proveen las empresas mineras, fue clausurado por un derrame de cianuro.

En entrevista con este medio, la jefa de la Unidad de Debida Diligencia en Derechos Humanos y de la Madre Tierra, Claudia Flores, explicó que la Defensoría del Pueblo se constituyó en un ente articulador de todas las instituciones, a pedido de la Alcaldía.

Sin embargo, los comunarios han realizado reclamos y denunciaron que las reuniones del comité interinstitucional se desarrollaron sin su participación; afirmaron que los funcionarios denunciados por incumplir sus labores también los difaman con supuestos actos de corrupción entre comunarios.

Consultada por el problema entre autoridades originarias, que también ha dificultado el trabajo del comité interinstitucional, Flores expresó que la Defensoría se enfocó en el trabajo técnico, a la espera de que las pugnas entre comunarios se solucionen pronto.

“Nosotros no nos vamos a manifestar sobre las acusaciones que se hacen entre ellos, porque es una cuestión interna, no podemos ingresar en la conflictividad interna; entonces, para evitar mayor conflictividad es que se ha decidido establecer un trabajo técnico”, mencionó Flores.

Por su lado, el alcalde Yahuasi, en contacto con Visión 360, declaró que desconocía las disputas internas de los dirigentes de las comunidades y pidió no dar declaraciones sobre el trabajo de la comisión interinstitucional hasta que se avance con la entrega de informes.

En Naciones Unidas

Otro dirigente hostigado por denunciar la contaminación minera es Pastor Carvajal, quien llevó su reclamo ante el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para las Cuestiones Indígenas, que se realizó en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de mayo.

En declaraciones a Visión 360, a tiempo de cuestionar la labor de la Defensoría del Pueblo y la alcaldía de Viacha, también denunció que, solo minutos después de su intervención en ese organismo internacional, fue amenazado por dirigentes afines al oficialismo.

Carvajal identificó a miembros del Pacto de Unidad afín al Gobierno, como el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe. Visión 360 se comunicó con Quispe, pero este se negó a responder sobre el tema.

No obstante, Carvajal aseguró que continuará con las denuncias y su trabajo de fiscalización a la alcaldía de Viacha.

Pérdidas

Miriam Condori, vecina de la comunidad Challajahuira, relató que antes ella podía lavar ropa en el río Pallina y que su ganado era gordo; que la producción de leche de una vaca, por día, era de al menos 15 litros; que cada ganado podría llegar a venderse en 5.000 bolivianos. “Ahora, lo mucho que pagan es 1.500 por vaca; son flacas, cojean, en vano las alimentamos”, dijo.