Fundación Solón
Denuncian actividad minera ilegal en Palos Blancos, hallan maquinaria y 5 mil litros de diésel bajo tierra
Tras una inspección en el río Alto Beni, una comisión de más de 60 personas —entre autoridades del municipio Palos Blancos, representantes del pueblo indígena Mosetén y comunarios de base— encontraron actividad minera ilegal en curso, maquinaria pesada operando y 5.000 litros de diésel enterrados bajo tierra, que serían utilizados para la operación clandestina de extracción de oro.
Así lo revela la fundación Solón en un extenso reportaje y señala que la acción fue una respuesta colectiva tomada en un municipio que ha declarado su territorio libre de minería, en defensa de su vocación agroecológica y del derecho de los pueblos indígenas y campesinos a decidir sus condiciones de vida sin que la contaminación minera las imponga por la fuerza.
La inspección confirmó lo que desde hace tiempo se denuncia: operaciones auríferas ilegales avanzan impunemente en la región del Norte de La Paz "ante la omisión sistemática de las autoridades nacionales llamadas a fiscalizar y proteger los ríos y bosques", según la publicación. Se comprobó desmonte, excavaciones recientes, maquinaria operando y amenazas a la vida de las autoridades locales e indígenas.
Los hallazgos de la inspección
Todo comenzó con una denuncia que alertaba sobre daño ambiental en la zona de Muchanes y Apichana, territorio ancestral Mosetén. Ante la gravedad de la información, el gobierno municipal coordinó con la dirigencia de la organización de ese pueblo indígena y organizó una comisión conjunta para realizar una verificación in situ.
A orillas del río Alto Beni, se constató actividad minera con remoción de suelos a lo largo de la ribera y una poza de unos 30 por 30 metros, con tres metros de profundidad.
Se encontró maquinaria de grandes dimensiones como una retroexcavadora hidráulica, una motobomba industrial, alfombras de filtrado de oro, lavadora y clasificadora de mineral. Un campamento improvisado completaba el escenario, confirmando que se trataba de una operación sostenida y organizada.
“Ellos indican que se trataría de un mejoramiento de camino, sin embargo, hemos verificado que se están dedicando a la minería. Las evidencias de la actividad sobre la ribera del río, la maquinaria e insumos encontrados no dejan lugar a dudas”, declaró en el lugar el Ing. Juan De Dios Soto, Director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.
Sin embargo, dijo que se informó que, de acuerdo con la Ley Municipal No. 233, Palos Blancos es un municipio libre de minería y se les ha notificado con la orden de paralización y retiro inmediato. “Como municipio procederemos a las denuncias correspondientes por la vía administrativa”, afirmó.
En el lugar también se encontraba Marcelo Tellería, quien se identificó como dueño de la maquinaria. Alegó haber sido contratado para mejorar caminos comunales. Pero no es un personaje cualquiera. Se trata de un empresario que fue viceministro de Minería durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y hoy aparece promoviendo actividades extractivas en una zona declarada libre de minería.
La presencia de un ex alto funcionario del sector en el centro de una operación ilegal no es un dato menor: sugiere conexiones, protección e impunidad, señala la fundación Solón.
Según las coordenadas recabadas, la actividad se sitúa en las cuadrículas solicitadas por la cooperativa aurífera “Fátima 2”. No obstante, la Ley 535 de Minería es clara, cualquier intervención anterior a la firma de un Contrato Administrativo Minero es ilegal.
Además, en virtud de la Sentencia 004/2023 —ratificada por el Tribunal Constitucional— el municipio de Palos Blancos ha logrado que la minería esté restringida en toda su jurisdicción, justamente para preservar su modelo productivo agroecológico y los derechos del río Beni en toda su cuenca.
En cumplimiento de esa disposición judicial, la AJAM había notificado a la cooperativa con una providencia que informaba la suspensión de su trámite, por lo que existía conocimiento formal de la prohibición.
5 mil litros de diésel enterrados
Cuando la comisión ya se disponía a regresar a Palos Blancos, un hallazgo inesperado detuvo la retirada: tres contenedores de mil litros y diez turriles de 200 litros, todos llenos de diésel, estaban enterrados en la zona, ocultos bajo tierra.
En total, unos 5.000 litros de combustible almacenados inadecuadamente formaban parte de la instalación clandestina poniendo en riesgo la calidad ambiental del suelo, el río y la biodiversidad.
Alrededor de las 19.30, mientras se excavaban los últimos turriles, unas 20 personas, en alianza con el empresario Tellería, se acercaron intentando negociar la devolución del combustible.
Pero los caciques se negaron rotundamente y resolvieron que no se haría ningún acuerdo en ese lugar y exigieron que cualquier conversación se trasladara a la Casa Grande de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM).
Durante toda la noche, la zona quedó bajo vigilancia. La situación estalló la mañana del 14 de julio cuando el grupo aliado al empresario intentó a la fuerza llevarse el diésel y se desató un enfrentamiento violento. “Salieron con flechas, pedazos de hierro y una escopeta amenazando a los de la comisión. Fue un altercado de casi una hora, que puso en riesgo nuestra vida e integridad física”, relató Renán Lipa, presidente de la OPIM.
Ante la amenaza, los caciques tomaron la decisión de trasladar al empresario, considerado el principal responsable de la actividad ilegal e instigador del conflicto, hasta Palos Blancos para ponerlo en manos del Ministerio Público.
Denuncia ante la Fiscalía
La denuncia ya ha sido presentada. El Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y la OPIM se han constituido formalmente como parte querellante ante el Ministerio Público, exigiendo que se investigue y sancione a los responsables.
Las figuras penales son explotación ilegal de recursos minerales, tipificada en el artículo 232 del Código Penal, que castiga con privación de libertad a quienes realicen actividades extractivas sin la debida autorización estatal. A esto se suma el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional (artículo 223), dado que la maquinaria empleada y el desmonte realizado afectan directamente los suelos, el cauce del río y los bienes comunes naturales del territorio.