Contra corriente
20 años después, urge una política de Estado para el turismo
Después de haber provocado la división del país, desinstitucionalizar todos los órganos del Estado, incluyendo la Policía y las Fuerzas Armadas, retroceder en la educación y la salud, llevarse consigo cerca de 24 millones de hectáreas quemadas y devastadas de nuestros recursos naturales en los últimos 10 años y con la consigna de ser creyentes y defensores de la madre tierra, además de varias áreas protegidas afectadas por incendios y la minería ilegal, administrar las instituciones del Estado en la línea de la mediocridad y la inoperancia, que la corrupción se institucionalice igual o peor que en gobiernos neoliberales, frustrar el presente y futuro de muchas generaciones y coartar sus oportunidades, y que desemboquemos en la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. No haber tenido la capacidad de dar el viraje hacia rubros productivos y de servicios que generan miles de millones y divisas frescas como es caso del turismo con la llegada de turistas internacionales, y que de manera insignificante hayamos incrementado, en 20 años, 504.184 mil visitantes extranjeros, que nos lleva a competir el último lugar en Sudamérica junto con Paraguay; seguro que nos merecemos como país una luz al final del túnel después de tanto desastre.
¿Cómo revertir este escenario caótico en materia de turismo? El nuevo gobierno, si de verdad le interesa este rubro como opción de desarrollo, deberá de manera urgente declarar y asumir una Política de Estado para el Turismo, referida o entendida como las actuaciones y orientaciones que adopta un gobierno para el desarrollo y regulación del sector turístico, con un conjunto de acciones planificadas y coordinadas, que promueva el turismo como una actividad económica y social de importancia estratégica para el país. Esta política implica decisiones sobre infraestructura, promoción, regulación, financiamiento y conservación, con la finalidad de impulsar que el turismo contribuya al desarrollo económico, la generación de empleo, la conservación del patrimonio y la identidad cultural, y la sustentabilidad ambiental.
La política de Estado para el turismo en el país debe ser la estrategia gubernamental que defina cómo se debe planificar, promover y gestionar el turismo, asegurando su desarrollo sostenible, su contribución al bienestar social y económico, y la preservación de los recursos turísticos para las generaciones futuras. Se trata de una política que trasciende los gobiernos de turno, buscando continuidad y coordinación entre distintos niveles de gobierno y sectores públicos y privados. Además, debe considerar aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales de manera integral. El turismo, como política de Estado, implica que se considere un sector prioritario para el desarrollo nacional, al que se destinan recursos económicos y se establecen estrategias claras para su promoción, regulación y mejora continua.
Por tanto, no debemos quedarnos en el enfoque de que el turismo sea solo una política pública, más bien debería ser parte complementaria de la política de Estado, porque lo público responde a un conjunto de decisiones, acciones y programas concretos que implementa un gobierno en función de sus prioridades y capacidades presentes. Estas políticas públicas pueden responder a problemas o necesidades específicas del turismo (No estructurales) y suelen estar sujetas a modificaciones o ajustes según cambien las circunstancias o el enfoque del gobierno en turno. Se desarrollan a partir de procesos de negociación y construcción social entre diversos actores públicos y privados, con un enfoque más operativo y táctico.
A esto se debe sumar la urgente necesidad de modificar y/o actualizar la actual Ley de Turismo N° 292 y por ende su Decreto Reglamentario y Sectoriales, debido a que esta nueva Ley General de Turismo influirá significativamente en la conducción de la política de Estado para el turismo al establecer el marco jurídico y normativo que regulará las actividades turísticas en el país. Esta ley definirá las políticas generales, establecerá modalidades de gestión, regulará la promoción, la organización y el desarrollo del sector turístico, y asignará responsabilidades a los distintos niveles del Estado.
Alternativamente, la política de Estado para el turismo en Bolivia debe desembocar, como he manifestado hasta el cansancio, en un Plan Estratégico Nacional de Turismo Sostenible al 2035, en base a objetivos estratégicos como: Incrementar el número de turistas internacionales: Planeando alcanzar alrededor de 2,4 millones de turistas internacionales para el año 2035 (El doble que se alcanzaron el 2019). Aumentar los ingresos por turismo: Proyectando que los ingresos por turismo receptivo alcancen aproximadamente 2,6 mil millones de dólares. Fomentar el turismo interno: Buscando alcanzar 3 millones de viajes por turismo interno. Generar empleo: Estimando que el plan permitirá la creación de más de 600 mil de empleos reales en el sector turístico.
Estos objetivos estratégicos se consolidarían en base a los siguientes pilares esenciales: Diversificación y consolidación de mercados: Ampliar la oferta turística y atraer a diferentes segmentos de turistas. Facilitación turística: Mejorar la infraestructura y los servicios para facilitar la experiencia del turista. Institucionalidad del sector: Fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para una gestión efectiva del turismo. Desarrollo de una oferta turística diversa: Crear experiencias únicas que atraigan a los visitantes. Ordenamiento y Regulación: Terminar con la informalidad y generar una alta competitividad. Promoción: Posicionamiento de la marca país en el mercado internacional. Tecnología: Adaptación a la nuevos sistemas tecnológicos de información, comunicación y la inteligencia artificial.
Esa debe ser la hoja de ruta, no podemos permitirnos dejar pasar otros 5 o 10 años de inoperancia e incapacidad en el desarrollo y la promoción del turismo en nuestro país, no lo merecemos.