Pie de página
Asamblea Constituyente: menos complicada, pero no necesariamente más fácil
No cabe la menor duda que el debate sobre la reforma constitucional se abre paso en medio de una coyuntura política marcada por la urgencia de cambios profundos. Sin embargo, no todos los caminos conducen con la misma eficacia al objetivo. Hoy, hablar de una reforma parcial de la Constitución —ya sea por iniciativa popular o legislativa— suena más a obstáculo que a solución.
El procedimiento parcial es, en teoría, una vía expedita: se elige un artículo, se lo modifica y se adecua la norma a las nuevas necesidades. Pero en la práctica, el mecanismo es una carrera de resistencia. Reunir firmas, garantizar la logística, superar el costo económico y encarar la polarización política hacen de esta ruta un verdadero laberinto. A ello se suma que el país no necesita un simple “parche constitucional”, sino una transformación mucho más amplia que toque de raíz varios aspectos de la vida nacional.
Ya lo hemos señalado en artículos anteriores: la reforma parcial es un recurso que se desgasta en trámites imposibles de cumplir en el tiempo político que se vive. Bolivia exige cambios inmediatos y estructurales, y por eso mirar hacia la Asamblea Constituyente no es solo una opción, sino una necesidad que cobra fuerza.
La Constituyente en el horizonte
El artículo 411 de la Constitución abre la puerta a la posibilidad de una asamblea constituyente cuando, establece textualmente: “La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado”.
Este artículo plantea tres llaves de activación: la iniciativa ciudadana, la legislativa y la presidencial. Pero no todas tienen el mismo nivel de dificultad en las actuales condiciones.
La trampa de la iniciativa popular
El camino ciudadano, que exige la firma del 20% del electorado, enfrenta los mismos obstáculos que la reforma parcial. Hablamos de costos millonarios, tiempos dilatados y, sobre todo, la dificultad logística de movilizar a millones de personas en un país profundamente dividido. En el contexto actual, esta modalidad se convierte en la menos recomendable.
La vía legislativa: menos complicada, pero probablemente no la mejor
La alternativa parlamentaria, en cambio, resulta más accesible que la iniciativa popular, aunque no necesariamente la ideal. La diferencia clave está en que, para convocar al referendo de activación de la Constituyente, solo se requiere mayoría absoluta de votos en la Asamblea Legislativa, mientras que la reforma parcial necesita dos tercios.
Este matiz cambia todo el panorama. La correlación de fuerzas actual hace posible esa mayoría absoluta, considerando que los partidos y alianzas que se comprometieron a modificar la Constitución del MAS tienen representación suficiente. En los hechos, bastaría que el próximo presidente logre un acuerdo con la bancada de Samuel Doria Medina o con la del perdedor en segunda vuelta para alcanzar los votos necesarios.
Sin embargo, no hay que engañarse: las alianzas políticas en Bolivia son tan heterogéneas que sus bancadas pueden no responder a rajatabla a las directrices de sus líderes. Es probable que algunos legisladores voten en sentido contrario, lo que añade incertidumbre a un proceso que, aun siendo menos complejo que la iniciativa popular, no está exento de dificultades.
Un tablero que se reacomoda
Lo cierto es que, una vez obtenida la mayoría absoluta y convocado el referendo, el escenario político dará un vuelco total. La sola activación de la Asamblea Constituyente provocará un realineamiento de fuerzas, tanto dentro como fuera del Parlamento. Partidos, alianzas y movimientos sociales se reordenarán en función de la nueva disputa: quién controlará el diseño de la nueva Constitución.
El país, entonces, ingresará a una etapa inédita. Más que una discusión jurídica, se abrirá un debate político de fondo sobre el modelo de Estado, la independencia de poderes, la justicia, los derechos ciudadanos, los recursos naturales, el rol del Estado en la economía, tipo de democracia, etc. Por eso, el verdadero desafío no es solo convocar a la Constituyente, sino trazar con claridad la ruta crítica que permita transformar de raíz la Constitución del MAS y reemplazarla por un nuevo pacto social.
Ese será, sin duda, el gran tema nacional en los próximos meses. Y en un escenario tan cargado de tensiones, no bastarán los discursos ni las promesas: se requerirá visión política, estrategia clara y, sobre todo, un compromiso auténtico con el cambio.
Por eso resulta crucial definir con precisión la ruta crítica que deberá seguirse en el proceso de reformar de manera total la Constitución del MAS. Ese será el debate de fondo sobre el futuro del país. (La activación de la convocatoria a referendo por parte del presidente de la república y otros aspectos los abordaremos en próximos artículos)