Pie de página
Se puede cerrar el ministerio, pero no la reforma judicial
El anuncio presidencial de cerrar el Ministerio de Justicia ha generado más estridencia que efectos reales. Si finalmente se concreta, poco cambiará en la vida cotidiana del Estado. Lo que sí sería imperdonable es que esta discusión mediática desvíe la atención del único tema de fondo: la urgente reforma judicial que el país ya no puede postergar.
Un cierre ruidoso, pero institucionalmente manejable
La polémica desatada por la supresión del Ministerio de Justicia ha dividido opiniones. Para algunos, su eliminación debilita las políticas de acceso a la justicia, defensa pública y derechos humanos. Para otros, su desaparición sería un acto de higiene institucional después de años de injerencia política, abusos y manipulación del sistema judicial desde esa cartera.
Sin embargo, conviene poner las cosas en su justa dimensión. La existencia o no de un ministerio no determina por sí misma la fortaleza del sistema judicial. En Bolivia, muchos ministerios han cumplido o incumplido sus funciones dependiendo exclusivamente de la calidad de sus autoridades, no de su estructura. Por eso, cerrar el Ministerio de Justicia no implicará un terremoto institucional. Lo que sí puede causar un daño profundo es dejar la reforma judicial sin dirección política.
Los abusos no justifican destruir instituciones
Es cierto que desde ese ministerio se cometieron graves excesos, incluso redactando fallos judiciales de manera escandalosa. Pero confundir el fracaso de las personas con la inutilidad de la institución es un error peligroso. Si siguiéramos esa lógica, habría que cerrar medio aparato estatal. Las instituciones se corrigen, se depuran y se reforman; no se dinamitan para luego improvisar vacíos de poder.
La reforma judicial no puede esperar: cierre o no cierre
Mientras se discute si el ministerio debe morir o sobrevivir, la crisis judicial sigue profundizándose: injerencia política, corrupción sistémica, arbitrariedad, impunidad, mora procesal, hipertrofia de la detención preventiva, paralelismo normativo y una confusión doctrinal que mezcla modelos incompatibles.
Una verdadera reforma no puede reducirse al Órgano Judicial. Abarca a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional, a los tribunales de justicia ordinaria y agroambiental, a los servicios legales municipales, a los centros de conciliación, a las facultades de Derecho y a la Policía. Es una reforma del Estado, no de un edificio.
Y toda reforma del Estado necesita conducción política. Sin alguien que la dirija desde el más alto nivel del Ejecutivo, la reforma será una consigna sin contenido.
Por eso, si se elimina el Ministerio de Justicia, debe crearse de inmediato una instancia con igual o mayor fuerza política: un delegado presidencial, un gabinete especial o una autoridad con competencia exclusiva para llevar adelante la reforma judicial. Ese debería ser el verdadero reto del Gobierno.
El argumento comparado: útil, pero no decisivo
Es cierto que en algunos países no existe un Ministerio de Justicia, y que sus funciones están distribuidas en otras carteras. Pero estos ejemplos provienen de sistemas institucionalmente robustos. No es el caso boliviano. Importar modelos sin entender nuestras fragilidades puede agravar los problemas en lugar de resolverlos.
El obstáculo legal sigue ahí: la Ley 3351
Por encima de los debates políticos, hay un dato insoslayable: el Ministerio de Justicia continúa existiendo jurídicamente. La Ley 3351 —Ley de Organización del Poder Ejecutivo— solo puede ser modificada por otra ley. Ningún decreto supremo puede eliminar un ministerio.
Si el Gobierno está decidido a cerrar esta cartera, debe enviar al Legislativo una ley corta que:
- Modifique la Ley 3351.
- Reasigne sus funciones de manera clara y responsable.
- Cree o designe una autoridad política con la misión explícita de liderar la reforma judicial.
Porque al final el tema no es cerrar o no cerrar un ministerio. El tema es si el Gobierno está dispuesto a dar el impulso político necesario a la reforma judicial que Bolivia lleva décadas esperando. Se puede cerrar el ministerio, pero no la reforma judicial.