Ley Brisa: Por qué el sistema judicial debe ajustarse a la ciencia y no al revés

Sumando Voces

La aprobación del Proyecto de Ley Brisa, una propuesta normativa que busca fortalecer el acceso a la justicia para sobrevivientes de violencia sexual, es impulsada por un conjunto de más de 30 organizaciones de la sociedad civil. En esta nota se exponen los argumentos científicos y jurídicos del porqué la normativa boliviana necesita una adecuación.

Esta semana, representantes de dichos colectivos visitaron la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de que la Cámara de Diputados retome su tratamiento. Durante su exposición ante los legisladores, presentaron los argumentos técnicos de la norma, confiando en que la actual legislatura dé «luz verde» a un planteamiento que busca transformar el sistema judicial boliviano para que deje de ser un cómplice indirecto de la impunidad en delitos sexuales contra la niñez y adolescencia.

Los 4 pilares de la reforma y su justificación científica y jurídica

La propuesta se fundamenta en cambios estructurales diseñados bajo evidencia científica y jurídica:

1. Eliminación del estupro del Código Penal: Argumenta que un adolescente no puede «consentir» una relación con un adulto en condiciones de igualdad debido a que su corteza prefrontal, es decir, su juicio y su capacidad de medir riesgos y daños, aún está en desarrollo. Esta región no alcanza un nivel maduro de funcionamiento en la adolescencia temprana ni media; su desarrollo continúa hasta entrada la adultez joven. Por tanto, un adolescente no puede «consentir» en igualdad frente a un adulto con poder o autoridad. El estupro suele disfrazar casos de manipulación y abuso de poder.

• Imprescriptibilidad: Reconoce que el tiempo del trauma no es el tiempo procesal. La ciencia demuestra que las víctimas suelen tardar entre 15 y 30 años en procesar y denunciar lo ocurrido debido al miedo y a alteraciones neurobiológicas en la memoria. Muchas víctimas recuerdan sensaciones, imágenes, miedo, asco, dolor o escenas incompletas, pero no logran comprender lo sucedido, organizar, nombrar, hablar y sostener un relato denunciable. Exigir una denuncia temprana en estos casos no es una neutral. Por tanto, un delito de este tipo no puede prescribir.

• Tipificación en el Código Penal: El tercer cambio estructural de esta ley es la incorporación de la violación incestuosa como una categoría específica. Visibiliza que entre el 70% y 85% de los casos ocurren dentro del hogar. Al ser el agresor alguien del entorno cercano, se genera un «trauma complejo» por la traición del vínculo de cuidado y la presión familiar para callar. La víctima no solo sufre la agresión sexual; también enfrenta una ruptura de sus sistemas de apego, de confianza, de identidad y seguridad. El cuerpo aprende que el peligro vive en el lugar donde debería existir cuidado.

• El consentimiento: Propone pasar de la «prueba de la fuerza» (exigir que la víctima haya resistido físicamente) a la «prueba de la libertad». Reconoce que el cerebro, ante el terror, suele activar respuestas de parálisis o sumisión, lo cual no implica acuerdo voluntario. Estas respuestas no son elecciones conscientes, sino mecanismos neurobiológicos de supervivencia. Tradicionalmente, el sistema penal ha exigido que la víctima demuestre que hubo violencia física, gritos o resistencia para que se considere violación. El proyecto de Ley Brisa dice que esto es científicamente incorrecto por factores como el miedo, el ejercicio de poder, la amenaza y otros que se pueden producir durante la comisión del crimen.

Brisa de Angulo: de víctima a impulsora de justicia

La propia Brisa de Angulo, cuya historia inspiró este proyecto, acompañó a la comitiva. «La gente aquí está cansada de ver niñas y adolescentes resquebrajadas por el impacto de la violencia sexual. Son personas dispuestas a enfrentarse a todo con tal de lograr una Bolivia justa», afirmó durante su alocución.

Tras más de 20 años de lucha, el caso de Brisa llegó a la justicia internacional. En la sentencia del caso Angulo Losada vs. Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el Estado boliviano fue responsable por la falta de debida diligencia en la investigación de los abusos.

Como parte de la sentencia, la Corte ordenó a Bolivia adecuar su normativa interna, específicamente para eliminar los obstáculos legales que perpetúan la impunidad, como la figura del estupro y los plazos de prescripción que no consideran el trauma de la víctima. También dispuso medidas de reparación integral y la obligación de garantizar que el sistema judicial actúe con enfoque de género y de niñez.

Organizaciones exigen que el Estado deje la complicidad

Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, recordó que el Estado hace muy poco por la prevención de violencias y por su juzgamiento, razón por la que instó a los legisladores a aprobar esta norma.

“Un sistema de justicia poco eficiente genera un alto contexto de impunidad que, muchas veces, alienta los hechos de violencia. Y, justamente, contra impunidad queremos luchar. La sentencia de la CIDH establece tomar medidas al respecto. A veces la gente se pregunta para qué más normas; cuando esas leyes son una barrera que impide acceder a la justicia, cuando están basadas en estereotipos de género y son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, deben ser revisadas y en esa lógica estamos trabajando”, indicó.

Por su lado, Bárbara Jiménez-Santiago, de Equality Now, señaló que “el caso de Brisa evidenció fallas estructurales que dificultan el acceso a la justicia. En ese sentido, el proyecto de Ley N° 010, denominado por las organizaciones “Ley Brisa”, busca corregir estas deficiencias y adecuar la normativa boliviana a estándares internacionales».

El tratamiento de la propuesta normativa fue reactivado en la ALP por la diputada Andrea Ballivián en diciembre de 2025, quien destacó que “la iniciativa fue construida junto a Brisa De Angulo, sobrevivientes, organizaciones nacionales e internacionales hace más de tres años”, reconociendo la legitimidad de ese proceso.

Ballivián lamentó que la anterior legislatura no haya priorizado su aprobación e informó que el proyecto de ley cuenta con informes de viabilidad técnica y legal del Órgano Ejecutivo.

Desde la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez subrayó que “la implementación de esta reforma representa una oportunidad histórica para eliminar barreras estructurales y evitar la victimización de niñas y adolescentes, en un contexto de alta prevalencia de estos delitos y de impunidad».

La propuesta normativa ingresará a las mesas técnicas de la Comisión de Derechos Humanos el lunes 30 de marzo, según anunció la diputada Andrea Ballivián, quien promovió que se retome el análisis y discusión.

Según la legisladora, el plazo impuesto por la Corte IDH para aprobar la norma, ya venció, pero se solicitó una prórroga y por eso es vital que la norma sea tratada la semana que viene.

* Este artículo fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de la información. La autora verificó y complementó los datos, y es responsable del enfoque y contenido final.