Pie de página
Reforma constitucional frente al agotamiento del modelo político de 2009
El presidente Rodrigo Paz Pereira acaba de anunciar, en el denominado “Encuentro por el País”, un paquete de diez leyes, una reforma parcial de la Constitución Política del Estado y la creación de una comisión encargada de impulsar dicha reforma. Más allá de las medidas concretas anunciadas, el hecho político verdaderamente relevante es que empieza a instalarse en el debate nacional una realidad que durante años muchos intentaron evitar: Bolivia atraviesa una profunda crisis de su sistema político y ninguna solución duradera será posible sin una transformación estructural de las bases institucionales del Estado.
La crisis boliviana no es únicamente económica. Tampoco se reduce a la mala administración pública o a los errores coyunturales de determinados gobiernos. La verdadera crisis es más profunda: se trata del agotamiento del modelo político e institucional diseñado por la Constitución de 2009, un modelo que progresivamente debilitó la institucionalidad republicana, fragmentó la representación política, fortaleció estructuras corporativas y erosionó los principios esenciales del Estado democrático de derecho.
Durante los últimos años, Bolivia dejó de construir ciudadanía para empezar a organizarse en torno a sectores, corporaciones, identidades y grupos de presión. El ciudadano individual fue desplazado por una lógica de representación fragmentada donde distintos colectivos compiten permanentemente por privilegios, cuotas de poder y beneficios estatales. Así, el Estado dejó de ser árbitro imparcial para convertirse en administrador de prebendas políticas.
Las recientes elecciones subnacionales volvieron a poner en evidencia esta crisis estructural. La renuncia de Nueva Generación Patriótica a participar en la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz, incluso contrariando la voluntad de su propio candidato, no constituye un hecho aislado ni anecdótico. Refleja el profundo deterioro de las organizaciones políticas bolivianas, muchas de las cuales carecen de institucionalidad interna, democracia partidaria, cohesión ideológica y verdadera visión nacional.
El problema central es que el actual sistema político boliviano debilitó deliberadamente el rol de los partidos nacionales como articuladores de la democracia. En su reemplazo, se promovió la proliferación desordenada de agrupaciones ciudadanas, liderazgos locales efímeros y estructuras políticas personalistas que terminaron fragmentando la representación nacional y debilitando la unidad institucional del país.
Un Estado moderno no puede sostenerse sobre la dispersión permanente del poder político. Toda democracia sólida necesita partidos nacionales fuertes, capaces de construir proyectos de país, formar liderazgos, articular intereses regionales y garantizar estabilidad institucional. Cuando la política se reduce exclusivamente a plataformas electorales temporales o a organizaciones regionales sin visión nacional, el resultado inevitable es la fragmentación del Estado, el debilitamiento de la gobernabilidad y el avance del caudillismo.
A ello se suma otro fenómeno igualmente preocupante: la consolidación de mecanismos corporativos y privilegios sectoriales otorgados a distintos colectivos —indígenas, sindicales, gremiales, identitarios, ambientalistas o de cualquier otra naturaleza— que han terminado debilitando el principio republicano de igualdad ante la ley. La Constitución dejó de tratar a los bolivianos como ciudadanos iguales para empezar a clasificarlos según pertenencias sectoriales, culturales o corporativas.
Una democracia liberal moderna no puede construirse sobre privilegios diferenciados ni sobre identidades fragmentadas que sustituyan la ciudadanía común. El verdadero Estado democrático de derecho existe cuando todos los ciudadanos, sin excepción, están sometidos a las mismas reglas, cuando los derechos no dependen de pertenecer a un grupo específico y cuando la ley se aplica con igualdad y universalidad.
Bolivia necesita abandonar progresivamente el modelo corporativo que domina actualmente la vida política nacional y avanzar hacia un verdadero Estado ciudadano. Un Estado donde el individuo vuelva a ser el centro de la democracia; donde las libertades individuales, la igualdad jurídica, la propiedad, la seguridad y la responsabilidad personal constituyan pilares fundamentales del orden político.
En esa perspectiva, la reforma constitucional no debería limitarse a ajustes superficiales ni a simples modificaciones administrativas. Debe convertirse en una verdadera reconstrucción republicana del sistema político boliviano.
Ello implica, en primer lugar, recuperar el papel central de los partidos políticos nacionales. Las agrupaciones ciudadanas pueden cumplir funciones importantes en los ámbitos municipales y departamentales, pero no deberían reemplazar la función integradora de los partidos nacionales, cuya misión esencial debe ser construir proyectos nacionales, preservar la unidad política del Estado y servir de puente entre la sociedad civil y el poder público.
Del mismo modo, resulta indispensable fortalecer principios que hoy parecen debilitados: la independencia de poderes, el respeto irrestricto a la ley, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos humanos. Ninguna democracia puede sobrevivir cuando las instituciones son reemplazadas por la presión callejera, los bloqueos, la coerción sindical o la violencia política.
El monopolio legítimo de la fuerza debe pertenecer exclusivamente al Estado y ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la ley. No puede existir Estado democrático de derecho cuando grupos corporativos o sectores organizados imponen decisiones mediante la fuerza o paralizan el país al margen de las instituciones republicanas. La tolerancia permanente frente a los bloqueos y mecanismos de presión extralegal terminó debilitando la autoridad estatal y erosionando la vigencia de la ley.
La transformación del sistema político también exige repensar la propia estructura institucional del Estado. Bolivia pasó formalmente de un modelo centralista a un Estado autonómico; sin embargo, muchas de sus instituciones continúan funcionando bajo una lógica profundamente centralizada. El Senado, por ejemplo, mantiene prácticamente la misma estructura y atribuciones que tenía en el antiguo modelo unitario, cuando en un verdadero Estado autonómico debería constituirse en una auténtica cámara de representación territorial, con mayores competencias vinculadas a los intereses departamentales y regionales.
Bolivia necesita reconstruir su sistema político sobre bases republicanas, democráticas y liberales. Un país serio no se construye sobre la improvisación, el caudillismo, la confrontación permanente ni los privilegios sectoriales. Se construye sobre instituciones fuertes, leyes claras, partidos sólidos, justicia independiente y ciudadanos libres e iguales ante la ley.
La reforma constitucional no debería ser utilizada únicamente para administrar la crisis del presente. Debe convertirse en la oportunidad histórica para reconstruir el Estado democrático de derecho, recuperar la autoridad de las instituciones republicanas y devolverle al país un horizonte de estabilidad, libertad y cohesión nacional.