Polémica
Jurista: Es legítimo que la Justicia reclame, pero amenazar con un paro es un error
El Órgano Judicial advirtió el lunes que, si el Gobierno no atiende su demanda de asignar el 5% del Tesoro General del Estado (TGE) a su presupuesto, iniciará un paro escalonado que podría comenzar el 6 de julio. Ante ello, el Gobierno calificó la amenaza como inaudita y el vicepresidente Edmand Lara convocó a una reunión para buscar entendimientos. Para el jurista Arturo Yáñez, el pedido es legítimo, pero el mecanismo para plantearlo no es el adecuado. Añadió, además, que, si se asignan esos recursos, la Justicia debe implementar mejoras en todo el sistema.
“El pedido es legítimo. Es legítimo que pidan y que reclamen, pero para mí es un error hacerlo de esa manera, es decir, amenazar con medidas de hecho o decir vamos a parar, eso es un error. Estarían actuando como lo hace la Central Obrera Boliviana (COB)”, afirmó Yáñez en contacto con Visión 360.
Además, señaló que la posición de los operadores de justicia tiene sentido porque el propio “Órgano carece de varias cosas y su misma forma de operar carece de eso”. “Ellos sí se están reivindicando. Es un ejercicio legítimo de independencia. Es, creo, plausible también y discrepo con esa forma de estilo sindicato como lo están pidiendo. Su demanda tiene sentido porque la Justicia en nuestro país carece de atenciones buenas y eso, pues, se debe a la falta de economía”, manifestó.
El lunes, durante la Reunión Nacional de Emergencia, realizada en la ciudad de Sucre, jueces, vocales y las máximas autoridades de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y constitucional lanzaron una dura advertencia al Gobierno central: dieron un ultimátum de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo atiendan su demanda de asignación del 5% del Tesoro General del Estado. Caso contrario, anunciaron que iniciarán un paro nacional escalonado que podría adquirir carácter indefinido.
“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
Según la autoridad judicial, esa medida se asumiría porque el Gobierno atiende a los sectores que bloquean, pero no a quienes respetan el Estado de Derecho y la institucionalidad.
“Lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden. Entonces ante esa situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta ir a medidas de protesta de manera escalonada”, sostuvo Saucedo.
Ante ello, el Gobierno respondió a las declaraciones de Saucedo y calificó la advertencia como inaudita. "El Poder Ejecutivo debe remarcar que el anuncio de un paro en el órgano judicial es un hecho inaudito y su sola mención o sugerencia es reprochable", aseveró el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
Sostuvo que es la primera vez en la historia del país que se registran este tipo de declaraciones y el anuncio de un paro por parte del Órgano Judicial y advirtió que, si se llega a ese extremo, será de entera responsabilidad de quienes impulsen esa medida.
"Nunca pasó que magistrados de los más altos tribunales de justicia convoquen a una medida que le prive a nuestro pueblo de un servicio tan importante como es la justicia", dijo, y cuestionó la motivación de la medida anunciada, "si es que esto se centra específicamente en un problema de orden presupuestario (…) Desde ahora queremos dejar en claro que de llegarse a ese extremo las consecuencias serán de entera responsabilidad de quienes convoquen a esa medida", señaló Gálvez.
Ante la advertencia, el vicepresidente Edmand Lara convocó a una reunión para el 2 de julio, con el fin de preservar “la institucionalidad democrática, garantizar el diálogo respetuoso entre órganos del Estado y evitar la afectación del servicio de la Justicia”.
“En atención a la situación institucional expuesta públicamente por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Romer Saucedo Gómez, respecto a la necesidad urgente de tratamiento de proyectos normativos orientados al fortalecimiento, modernización, independencia financiera y continuidad del servicio”, indica el comunicado.
Añade que en la reunión se tratarán el proyecto de Ley de Financiamiento para la modernización tecnológica del sistema de justicia, además de una ley especial de convocatoria para las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia.
Yáñez señaló que, si los operadores de justicia logran su cometido, esos recursos deben destinarse a la adecuación tecnológica del sistema judicial, a mejorar la atención, a crear más juzgados para evitar el "atosigamiento" de causas en un solo despacho y a fortalecer la idoneidad de los administradores de justicia.
“El problema fundamental tiene que ver con un tema de la adecuación tecnológica y en eso debe destinarse ese presupuesto que solicitan. También ayudaría mucho que haya muchos más juzgados de los que hoy existen, porque lo cierto es que un juez tiene, digamos, muchos procesos a su cargo y por eso tarda en dar soluciones; si se crea otro juzgado, esto reduce el atosigamiento de procesos. También es urgente que se deba trabajar en tener administradores de justicia idóneos, independientes”, sostuvo.