Motorizados
Nacionalización de "autos chutos" genera debate entre ministros; el Gobierno aún no ha tratado de forma oficial el tema
Aunque el Gobierno nacional no definió una posición sobre la nacionalización de los vehículos indocumentados, considera que es un problema que debe resolverse. El tema generó una ola de críticas de sectores políticos, empresariales y gremiales, que cuestionan la posibilidad de que se viabilice una medida de este tipo en contra de la ilegalidad.
Los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Economía y Finanzas Públicas; y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se refirieron a la posible legalización de los “autos chutos”, con diferentes argumentos a favor y en contra.
El tema surgió después de que el diputado de la Alianza Libre Reinaldo Seas presentó un proyecto de ley para nacionalizar los autos “chutos”, con el argumento de que esa medida generaría ingresos económicos para el país.
Durante la campaña electoral para las elecciones generales de 2025, una de las propuestas del entonces candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, fue regularizar hasta medio millón de vehículos, bajar los aranceles de importación y devolver al país de origen los motorizados que resulten tener denuncias de robo.
Zamora fue el primero en referirse a esa propuesta, al abrir la posibilidad de analizarla y aprobarla en caso de que sea favorable para el país. “Todo es posible, hay que sentarse, como yo siempre digo, hay que sentarse en mesas, ver, y si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis”, dijo a Erbol.
Otra voz que se pronunció sobre este delicado tema fue Espinoza, quien también manifestó su apoyo a la medida. “Entiendo que esta es una propuesta de un diputado de Libre, ante lo cual se le ha dicho que nosotros estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se cumpla con el requisito de que no se nacionalice nada que provenga de lo ilegal o de hechos ilícitos”, aclaró.
Dijo que los propietarios de los vehículos indocumentados deben pagar los tributos que se han omitido y algún tipo de multa, porque esto forma parte del desincentivo que debe existir contra el ingreso de vehículos indocumentados, según Unitel.
“Lo lógico y lo que habíamos planteado desde el inicio es que tiene que haber un proceso de regularización. Esta debería ser la última vez que se hace esto, porque no podemos seguir permitiendo el ingreso de vehículos indocumentados”, manifestó.
Afirmó que no se nacionaliza lo producto de lo ilícito; vehículos robados que sean identificados y que tengan procesos penales o que hayan sido parte de algún tipo de ilícito, ya sea en Bolivia o en el exterior, no deberían ser sujetos de regularización.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el tema no fue tratado en ninguna instancia del Gobierno, aunque dijo que es un asunto que siempre está presente.
“Tiene que ser evaluado no solo en términos de lo que significa la legalización de los ingresos, la forma de hacerlo, el impacto sobre la demanda de combustible, una cantidad de cosas y una que es muy importante que en economía se llama riesgo moral: eso de hacer este tipo de legalizaciones, donde siempre se dice que esta es la última y nunca es la última”, afirmó a Radio Erbol.
Dijo que en algún momento esa práctica debe cortarse y, obviamente, también debe investigarse a fondo el tema de los vehículos robados y las relaciones con otros países. Todo esto debería hacerse si es que se tiene la intención, pero en el Gobierno todavía no se ha considerado la medida.
Para Lupo, “legalizar lo ilegal es un riesgo moral muy grande para el futuro; sin embargo, al mismo tiempo hay una realidad: están acá, no tienen SOAT, si ocurren accidentes no tienen con qué pagar, dicen que van a demandar combustible, seguramente ya lo hacen, pero lo compran de otra manera”.
Dijo que, si se decide tomar una acción sobre un tema tan complejo, debe quedar claro que “no va a volver a ocurrir”, y para eso hay que generar mecanismos y dejar claros los perjuicios sociales que puede ocasionar.
Además, planteó que una medida de esta naturaleza no puede asumirse solo con el análisis de un lado, sino que debe ser completamente integral, evaluando pros y contras y evitando que Bolivia siga siendo destino de vehículos irregulares.
Lupo consideró que la permisividad en este tema ha hecho que Bolivia “sea destino de coches robados, ilícitos, criminalmente sancionables”. Sin embargo, también reconoció que la situación debe ser resuelta de alguna manera y que, al hacerlo, debe garantizarse que no vuelva a ocurrir.
Consultado sobre su opinión personal, respondió: “Yo en principio no estoy a favor de legalizar lo ilegal, porque eso genera una expectativa y un riesgo moral a futuro; eso afecta a todos los que han trabajado legalmente, pero al mismo tiempo el problema está, por lo tanto, la forma es importante”.
Los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, entre 1994 y 2005, impulsaron programas destinados a regularizar los vehículos indocumentados en siete oportunidades, legalizando a más de 140.000.
Mientras que en 2011, el Gobierno del expresidente Evo Morales aprobó la Ley 133, que permitió la nacionalización de más de 100.000 vehículos en todo el país. La Cámara Automotor en Bolivia estima que actualmente hay 1,5 millones de vehículos indocumentados en el país.