SOBOCE advierte que eventual ejecución de fallo por Bs 744 millones pondría en riesgo inversiones, empleos y la seguridad jurídica

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) advirtió este miércoles que la eventual ejecución de la sentencia que le ordena pagar cerca de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) tendría un impacto negativo sobre la economía nacional, el sistema financiero, el mercado de valores y miles de fuentes de empleo, además de sentar un precedente jurídico que, según la empresa, afectaría la seguridad jurídica y la atracción de inversiones en Bolivia.

Mediante un pronunciamiento público, la cementera sostuvo que la sentencia continúa siendo objeto de revisión en la jurisdicción constitucional y recordó que un fallo constitucional anterior ya anuló la resolución por considerar que existían graves irregularidades procesales aún no subsanadas. En ese contexto, afirmó que cualquier intento de ejecutar el fallo antes de que concluya ese proceso representaría un acto "irresponsable".

SOBOCE explicó que, como una de las principales empresas de la industria nacional y emisor vigente de valores en el mercado de capitales boliviano, mantiene obligaciones con inversionistas, tenedores de bonos y entidades del sistema financiero, por lo que una afectación de esa magnitud comprometería su liquidez y la continuidad de sus inversiones.

Uno de los aspectos que la compañía considera más preocupantes es que la indemnización incorpora el concepto de "daño al proyecto de vida" a favor de una sociedad comercial. Según la empresa, esta figura jurídica está reservada exclusivamente para personas naturales, ya que busca reparar afectaciones a la libertad existencial de un ser humano. De consolidarse ese criterio, sostuvo, Bolivia se convertiría en el primer país en aplicar ese tipo de reparación a una empresa, generando un precedente obligatorio que podría incrementar la incertidumbre jurídica para futuras inversiones.

La compañía también denunció la existencia de una campaña de presión y desinformación destinada, según afirma, a influir sobre las autoridades judiciales encargadas de resolver los recursos aún pendientes. En ese marco, reivindicó su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y pidió que el caso sea resuelto con estricto apego al ordenamiento jurídico.

Un conflicto que se remonta a 2010

El litigio entre SOBOCE y el Estado boliviano tiene su origen en la expropiación de las acciones que la empresa poseía en FANCESA, dispuesta mediante el Decreto Supremo 0616 del 1 de septiembre de 2010. La empresa sostiene que, pese a que la norma establecía el pago de un justiprecio, esa compensación nunca fue cancelada.

Durante los últimos 16 años, SOBOCE ha promovido distintas acciones judiciales relacionadas con esa expropiación. Paralelamente, FANCESA impulsó un proceso indemnizatorio contra la cementera que derivó en la sentencia que ahora ordena el pago de aproximadamente Bs 744 millones, resolución que la empresa considera carente de sustento técnico y legal.

En los últimos meses, el caso ha generado una intensa disputa judicial. SOBOCE presentó recursos constitucionales argumentando vulneraciones al debido proceso y denunció el incumplimiento de resoluciones emitidas por tribunales constitucionales, mientras que FANCESA ha defendido la legalidad de la sentencia y exige su ejecución.

En su pronunciamiento, la empresa hizo un llamado a la comunidad jurídica, al sector empresarial, al sistema financiero, a los trabajadores, proveedores y clientes para analizar el contenido de las resoluciones judiciales y las implicaciones que, a su juicio, tendría este caso sobre la seguridad jurídica y la capacidad de Bolivia para atraer inversiones en un contexto de desaceleración económica.