domingo 5 de abril de 2026

Investigación

Convocatoria del Ministro de Gobierno a periodistas que estaban en plaza Murillo el día de la revuelta militar enciende las alarmas

La ANPB y la APLP consideraron que "convocar a los periodistas que estuvieron en la plaza Murillo la fecha señalada podría convertirlos en testigos obligados".
Un carro de asalto del Ejército intentó tumbar la puerta de Palacio Quemado, el pasado 26 de junio. Foto: APG
Un carro de asalto del Ejército intentó tumbar la puerta de Palacio Quemado, el pasado 26 de junio. Foto: APG

A 22 días de la revuelta militar que aconteció el pasado 26 de junio en la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, la convocatoria realizada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a los periodistas que presenciaron esos hechos, encendió las alarmas tanto de gremios de los trabajadores de la prensa como de legisladores de oposición.

Esta jornada, el titular de Gobierno manifestó que, si se permite, los periodistas pueden ser citados para que cuenten su versión sobre lo sucedido en esa ocasión.

“Y si nos permiten, a uno de ustedes (los periodistas) también lo podemos citar para que nos cuenten su versión, ustedes han vivido el pasado 26 de junio, tienen mucha historia que contar”, declaró Del Castillo.

Más tarde, mediante la Unidad de Comunicación, se lanzó una convocatoria a un Desayuno Trabajo para mañana, viernes, para tratar los sucesos de esa jornada de irrupción militar a Palacio Quemado y se hace énfasis en que asistan aquellos trabajadores de la información que estuvieron presentes en la plaza Murillo.

En el caso de los medios que no tuvieron a algún periodista haciendo la cobertura de la asonada militar, se indica que puede ir quien cubre el área.

En la invitación, se señala que la autoridad brindará detalles de la investigación de esos sucesos.

Ante esta declaración y convocatoria, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) reaccionaron con un contundente rechazo, porque podría convertirlos en "testigos obligados" de la narrativa oficial al respecto.

Ambas instituciones, mediante un comunicado, manifestaron que el trabajo de la prensa es público y se refleja en cientos de videos, despachos de radio, transmisiones en vivo y publicaciones de medios impresos y portales digitales.

"Por ello, el ministro de Gobierno no tiene más que recurrir a los sistemas de monitoreo y de seguimiento que tiene activados, para ver qué informaron los periodistas ese 26 de junio o cualquier otro día. Los periodistas no ocultan información, más bien la dan a conocer", señala el pronunciamiento.

La ANPB y la APLP consideraron que "convocar a los periodistas que estuvieron en la plaza Murillo la fecha señalada podría convertirlos en testigos obligados para respaldar, directa o indirectamente, la narrativa del Gobierno respecto a la acción militar de ese día. Posteriormente, implicaría la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística respecto al caso".

Alertaron que la convocatoria del Ministerio de Gobierno conlleva "una clara intención de poner a los periodistas a su servicio y evitar que cumplan con su rol vigilante de la gestión pública".

Se pronunció además el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, quien indicó, mediante un mensaje en sus redes sociales: “El ministro Del Castillo, en un nuevo acto de intimidación y soberbia, ha citado a los periodistas que estuvieron en la Plaza Murillo durante el falso golpe para que brinden mayores detalles sobre su trabajo ese día. Basta de intimidaciones y distracciones; colaboren para que el país esté seguro y tenga las herramientas necesarias para enfrentar la crisis económica”.

El 26 de junio, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, hoy preso en el penal de El Abra, en Cochabamba, dirigió la incursión a plaza Murillo y Palacio Quemado para “restablecer” la democracia y “liberar a los presos políticos”.

Este hecho es calificado por el Gobierno de “un intento de golpe de Estado”, por el cual la Fiscalía abrió el caso denominado Golpe III, en el que ya están procesados más de 25 personas, entre ellas dos civiles, por los delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros.