ALP

No solamente se acerca el fin de un gobierno que termina su gestión con cifras rojas y elevados niveles de rechazo popular. También le quedan pocos días a una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se aplazó, no solamente por su bajo desempeño en conjunto, sino por las acciones de sus miembros, envueltos en casos de transfugio, peleas y escándalos de todo tipo.

Esta semana, cuando se supone que los legisladores ya deberían estar preparando maletas para dar paso a sus sucesores electos hace más de un mes y medio, la diputada María Elena Ortega, de Comunidad Ciudadana, no tuvo mejor idea para cerrar la gestión que exigir la entrega de teléfonos celulares nuevos.

Debe dejar el cargo en un mes, ya existe una nueva autoridad elegida en su lugar, y la preocupación de la legisladora, expresada en plenaria, es “que nos den nuevos celulares para irnos tranquilos a nuestras casas”, ya que los legisladores no reciben desahucios ni finiquitos, como ocurre en otras empresas.

Habrá que recordarle a la diputada que ella postuló al cargo sabiendo que no recibiría finiquitos, pero además con un salario superior a los 23 mil bolivianos y muchos beneficios que no reciben otros trabajadores aun cuando su productividad sea mayor a la de algunos legisladores.

El periodo constitucional 2020-2025 registró la más baja aprobación de leyes desde que en 2009 entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, tal como constató una investigación publicada en la edición impresa de Visión 360 en mayo de este año. Los legisladores dieron luz verde únicamente a 284 leyes, muy por debajo de las 691 aprobadas en el periodo constitucional 2015-2020 y las 653 entre 2010 y 2015.

Y no es solo la cifra lo que llama la atención. De las 284 leyes aprobadas, 81 fueron de transferencia de bienes, 57 declarativas, 39 de préstamo, 31 en materia autonómica e igual número sobre desarrollo normativo, 25 de trámite entre Presupuesto General del Estado y otros, siete de ratificación de acuerdos y dos leyes en materia de minería.

Las de transferencia, como dijo entonces a este medio el asambleísta departamental Israel Alanoca, son “meros trámites”, ya que determinan el traspaso de un predio o bien de una institución estatal a otra, mientras que las declarativas son las que declaran, por ejemplo, patrimonio una u otra cosa. Juntas, estas leyes suman 138. 

Esas fueron las prioridades de nuestros legisladores (no de todos, por supuesto) en estos cinco años, en los que además antepusieron sus batallas políticas a su función de legislar y fiscalizar para mejorar la situación del país. 

Y no es que los legisladores hayan sido tan poco productivos porque son mal pagados. Los titulares cobran remuneraciones mensuales por encima de los 23 mil bolivianos y los suplentes, aunque no suplan, ganan poco más de ocho mil bolivianos. Entre senadores, diputados y supraestatales se llevan por año en salarios 63.371.700 bolivianos, lo que quiere decir que en cinco años nos costaron 316.858.500 bolivianos.

No solo eso, sino que además reciben bonos de alimentación que pueden canjear en Emapa; tres pasajes aéreos al mes para retornar a sus regiones; viáticos para viajes oficiales, nacionales e internacionales; vehículos; celulares; computadoras; y personal de apoyo, desde secretarias y ujieres hasta asesores.

Reclamar teléfonos celulares nuevos antes de dejar el cargo es una muestra de cómo hacen su labor algunos legisladores. Hubiera sido bueno que, por ejemplo, muestren el mismo entusiasmo para aprobar una ley que establezca la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia. O cientos de cosas que son más urgentes e importantes para el país.

Ahora estamos a punto de estrenar una nueva Asamblea Legislativa y lo que esperamos es que no se parezca en nada a la anterior, comenzando por quienes asuman la presidencia, ya sea Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, o Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano.