Legalizar contrabando

Cuando alguien vende o compra un vehículo que ingresó al país vía contrabando, comete un delito. Esa persona, en los términos de la ley, se convierte en un delincuente. Y los delincuentes, nos guste o no, deben ser tratados como la normativa lo establece, a menos que alguien con poder decida otorgarles una amnistía; en otras palabras, perdonarles sus delitos. Eso es, precisamente, lo que hoy los candidatos a la Presidencia ondean como bandera de campaña: la “legalización de lo ilegal”.

En su editorial del 13 de julio, antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, Visión 360 advirtió que al menos tres aspirantes al poder ofrecían esta medida, adornándola con justificativos que pretendían sonar altruistas, pero que en realidad desprendían un fuerte aroma a cálculo electoral. Lo que se busca, con evidencias a la vista, es el voto de los propietarios de más de un millón de vehículos indocumentados que circulan en el país.

“Seguramente hay argumentos económicos y sociales que se deben debatir en este caso, pero en este momento las ofertas de legalización de chutos parecen más anzuelos para pescar votantes que medidas de alivio económico”, señalaba entonces este medio. Hoy ratificamos esa advertencia con mayor contundencia: no se trata solo de promesas electoreras, sino de planteamientos que ensombrecen la seriedad del país en su lucha contra el delito transnacional.

En julio, los impulsores eran Jhonny Fernández, de Fuerza del Pueblo; Eduardo del Castillo, del MAS; y Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano. Hoy se suma un cuarto: el expresidente Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre. Todos ellos convergen en una peligrosa narrativa que, bajo la apariencia de solución social, legitima lo ilícito y hasta puede erosionar la confianza internacional en Bolivia.

Por supuesto, nadie niega que se necesita una salida a este problema y bienvenidas todas las propuestas para ello, pero el millón de chutos que circulan por nuestras calles no desaparecerán por decreto y eso lo sabemos por experiencia propia. Lo que es cuestionable es disfrazar de solución algo que, en el fondo, en este momento es un mecanismo para sumar votos. 
Si Paz realmente estaba convencido de la pertinencia de esta medida, tuvo cinco años como senador para impulsar un proyecto de ley. Si Quiroga cree lo mismo, pudo haber planteado públicamente la discusión en lugar de convertirla ahora en munición electoral. 

Y ahora el impacto de estas promesas ha traspasado fronteras. Desde Chile, autoridades de Gobierno y legisladores expresaron su preocupación: la legalización de autos de contrabando, dijeron, sentaría un pésimo precedente, pues entre esos vehículos podrían incluirse los robados en territorio chileno. Tras conocerse la promesa de campaña, los robos en la frontera se dispararon. Según el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), se registró un aumento de 185,7% en esas zonas. “No se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando”, afirmó el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, advirtiendo que una legalización solo alentaría a seguir delinquiendo.

La historia refuerza esta preocupación. En las últimas tres décadas, Bolivia ha legalizado los autos chutos en tres ocasiones, mediante cuatro decretos (25248, 25324, 27524 y 27826) y una ley (133). En todos los casos se aseguró que sería “la última vez”. Sin embargo, la promesa fue un espejismo: lejos de resolverse, el problema creció hasta superar el millón de unidades. Hoy existen al menos nueve ferias donde se comercializan autos chutos y pueblos donde las propias autoridades locales autorizan su circulación, normalizando la ilegalidad.

Es indudable que algo se debe hacer con esta realidad: los chutos circulan sin pagar impuestos, alimentan redes de corrupción, consumen gasolina subvencionada y contaminan el medio ambiente. Representan un problema económico, social y ambiental de grandes dimensiones. Pero ese debate no puede reducirse a un eslogan de campaña ni a un acto de populismo electoral.

La legalidad no es un capricho: es la base de la convivencia democrática. Convertir un delito en una oportunidad de votos mina la credibilidad del Estado, debilita su capacidad de hacer cumplir la ley y envía al mundo la señal de que en Bolivia delinquir puede terminar siendo rentable. A los candidatos que hoy ofrecen amnistías fáciles les corresponde entender que no todo se negocia en la plaza pública: la seriedad de un país se mide también por la forma en que enfrenta la ilegalidad.