La reforma que urgía

La semana que concluye, Bolivia ha dado un paso relevante en materia de derechos humanos, infancia y género: el Gobierno promulgó la Ley 092/2024-2025, que modifica la Ley Nº 603 para prohibir de manera expresa el matrimonio y la unión libre de menores de edad. Esta norma elimina cualquier excepción que pudiera permitir que adolescentes menores de 18 años contraigan matrimonio o unión libre con autorización parental.

Este avance no es menor. La reforma reconoce que permitir uniones conyugales o libres para menores de edad —aunque sea con consentimiento parental— constituye una grieta grave en el sistema de garantías de derechos. Durante décadas, muchas niñas y adolescentes fueron víctimas de un fenómeno invisibilizado, pero persistente: matrimonios tempranos, uniones forzadas, decisiones cooptadas por presión familiar, pobreza o desigualdades estructurales. Al adoptar esta normativa, el Estado boliviano asume responsabilidades que hasta ahora habían quedado con vacíos o excepciones perjudiciales.

Desde la óptica de derechos humanos, esta ley refuerza principios fundamentales: el interés superior del niño, la protección frente a violencia y discriminación, la igualdad de oportunidades y la autonomía progresiva. Cuando una niña es obligada —o presionada— para casarse o vivir en unión antes de su mayoría de edad, se comprometen múltiples derechos: el derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, al desarrollo personal, a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.

Los datos respaldan la urgencia: entre 2020 y 2023 se registraron 147.876 embarazos en niñas y adolescentes en Bolivia, lo que refleja una problemática con muchos frentes de impacto social.

Asimismo, durante años se documentaron miles de matrimonios y uniones infantiles que permanecieron invisibles, no formalizados o tolerados por “costumbres”, en regiones rurales, entre poblaciones vulnerables o en contextos de discriminación estructural.

La Ley 092/2024-2025 implica una política preventiva: al prohibir explícitamente cualquier unión de menores de 18 años, se disminuyen las vías legales que permitían estas prácticas. De esta forma, el Estado deja de tolerar la puerta trasera que muchas familias o autoridades locales podían utilizar para legitimar uniones tempranas. Es un mensaje claro: no hay espacio normativo para poner en riesgo la integridad, el futuro o el bienestar de niñas y adolescentes.

Para que una democracia funcione con pleno respeto a derechos, las leyes deben estar alineadas entre sí, evitar contradicciones y cerrar vacíos legales. La modificación de la Ley 603 mediante la 092/2024-2025 corrige precisamente una inconsistencia: en el texto original de la Ley de Familias existían previsiones que permitían excepciones en casos de consentimiento parental o autorización judicial, lo que dejaba margen para abusos.

Este tipo de ajuste fortalece el sistema jurídico nacional y mejora la credibilidad institucional: cuando el Estado promulga una ley con excepciones que socavan su propio propósito (la protección de niñas y adolescentes), se envía un mensaje ambivalente. Al cerrar esas brechas, Bolivia avanza hacia un marco legal más consistente y comprometido con su obligación internacional en materia de derechos humanos.

Además, esta reforma contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el país, como los convenios de derechos del niño, convenciones contra la discriminación de género y tratados regionales que exigen medidas efectivas para prevenir uniones infantiles. Con ello, Bolivia se posiciona mejor para rendir cuentas ante instancias internacionales y mejorar su imagen como nación comprometida con estándares globales de justicia social.