La Policía en el Chapare

Este lunes, después de 49 días, la Policía Boliviana regresará al Trópico de Cochabamba, luego de que las autoridades locales otorgaran garantías para ello, como si no fuera suficiente la que otorga la Constitución Política del Estado (CPE) para que esta institución ingrese, sin restricciones, hasta el último rincón del territorio nacional para cumplir su labor de garantizar la seguridad interna.

“La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”, establece el artículo 251 de la Carta Magna. Dice claramente, y es obvio, que su acción se extiende a “todo el territorio boliviano”.

Por ello, es inadmisible que alguna zona del país, menos la que es considerada epicentro del narcotráfico, haya permanecido sin control policial durante 49 días, en los que se cometieron varios delitos e incluso se tomaron instalaciones militares. Esto no debe volver a ocurrir, no puede haber zonas sin control policial y, si las hay, son caldo de cultivo para la delincuencia y su enraizamiento sería de responsabilidad de quienes conducen la institución y del Gobierno.

Recordemos que el Trópico de Cochabamba es la región donde se encuentra el 90% de las fábricas de droga destruidas en el país, donde abundan los delitos vinculados al narcotráfico (secuestros, sicariatos, ajustes de cuentas, etc.…) y donde hay tráfico de armas. Esta zona, además, aloja parte importante de la ruta de la droga que une Perú con Argentina y Paraguay. Por ello, debería estar altamente vigilada, los 365 días del año, por la Policía y, si fuera necesario, hasta por las Fuerzas Armadas.

El anuncio del retorno de la Policía al Trópico de Cochabamba fue realizado, el pasado miércoles, en una conferencia de prensa conjunta entre autoridades del Gobierno y alcaldes de la región. Allí, además de haberse garantizado el retorno, las autoridades locales abrieron la posibilidad de aumentar el número de policías con base en diagnósticos de seguridad que se realicen en cada zona.

“Incrementaremos personal policial de diferentes unidades en los municipios, en base a un diagnóstico situacional”, se lee en el cuarto punto del acta firmada en esa jornada. 

El 30 de octubre el diario Los Tiempos publicó la nota “El 100% de policías abandona el trópico por seguridad y amenaza de cocaleros”, en la que informa que son 190 policías los que dejaron la zona hasta que existan garantías para su retorno. El miércoles, el presidente de la mancomunidad de municipios de Cochabamba, Limbert Cossio Arnés, dijo que son 260 mil los habitantes del Trópico de Cochabamba.

Del cruce de esos datos se concluye que hay un policía por cada 1.368 habitantes en esa región, lo que es insuficiente para una zona roja. En todo caso, lo que esperamos es que se cumpla este compromiso y que efectivamente ahora aumente la vigilancia policial donde corresponda, por la seguridad de los mismos pobladores de esos municipios y por la seguridad del país en su conjunto.

La población en general debería recibir con buenos ojos el aumento de la vigilancia policial. Los únicos que deberían temblar frente a ello son los delincuentes y tenemos la seguridad de que muchos de ellos se esconden en esa región del país.

En reiteradas oportunidades se mencionó la existencia de una zona denominada “México chico”, donde los narcotraficantes tienen todo el control y la Policía se encuentra vetada y la pasada semana el diario El Deber reveló que la localidad denominada Paractito, donde hace una semana una mazamorra cobró la vida de cuatro personas, se encuentra dominada por el narcotráfico y no permite el ingreso de policías ni militares.
Es de esperar que ahora las cosas cambien y que la Policía cubra todo ese territorio, con más personal, y no vuelva a retirarse de la zona.