Tres casos muestran cómo la violencia contra las mujeres es aún un problema sin resolver en Bolivia

“Me destruyó los pechos, están llenos de coágulos por dentro, me tienen que operar de emergencia (…) Estaba obsesionado, se mudó atrás de mi casa, me vigilaba todos los días. Pido justicia, gracias a Dios estoy viva”, afirmó Melba, quien la pasada semana logró salvar su vida al lanzarse por una ventana para huir de la casa de su expareja, el empresario Fernando B. V., de 33 años.

El agresor fue imputado por tentativa de feminicidio y el martes lo enviaron a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Melba relató que se separaron hace dos meses, pero ante las decenas de llamadas y mensajes que el hombre le envió en los últimos días, para hablar con ella, aceptó almorzar con él en su casa.

Comenzó a sentir miedo cuando se dio cuenta de que el empresario había cerrado con llave todas las puertas.

Minutos después, luego de airados reclamos y ruegos para que no lo abandonara, inició la golpiza. Melba reunió el valor de contarlo todo ante los medios de comunicación, mostrando la piel amoratada y las heridas en todo su rostro, porque tiene la esperanza de que la publicación de su historia y el peso de la opinión pública la ayuden a conseguir justicia ante un sistema judicial cuestionado.

730 violaciones se registraron entre el 1 de enero y el 31 de marzo, de acuerdo con el resgistro oficial de la Fiscalía General del Estado. En el mismo espacio de tiempo, también se atendieron 8.936 casos de violencia familiar.

Si bien ella sobrevivió, y agradeció a Dios por no ser una de las 26 víctimas de feminicidio en Bolivia, en lo que va de este 2025, afirmó que “siempre” llevará las cicatrices del maltrato y la degradación a la que la sometió Fernando B. V., su expareja, antes y durante esa última agresión.

Quienes no tuvieron la misma suerte, fueron Xiomy Flores Montero y Brigitte Salazar Ocampo, de quienes, lamentablemente, sus nombres se sumaron a la lista de las 1.160 mujeres víctimas de feminicidio desde que se promulgó la Ley 348 de Lucha contra la violencia hacia la mujer, en 2013.

Informe

Xiomy, de 18 años, dependiente de una ferretería, inició una relación romántica con Denilson N. Z.  de 22 años, unos meses antes de que su cuerpo fuera hallado en el cuarto de una residencial, cerca de la Estación Bimodal, en el departamento de Santa Cruz, el domingo 13 de abril.

De acuerdo con el informe policial, se presume que el hombre le quitó la vida cuatro días antes de ser hallado, incluso habría dormido junto al cadáver por dos noches. En ese tiempo, el hombre flageló el cuerpo y luego, cuando se vio descubierto por sus propios familiares, fue entregado a la Policía, allí confesó el terrible crimen.

El fiscal del caso, Daniel Lobo, informó a los medios de comunicación, que Denilson N. Z. confesó que asfixió a Xiomy, luego abusó sexualmente de ella y finalmente usó una hoja de afeitar para escribir su apellido en la espalda de la víctima.

“Dijo que quería experimentar cortar la piel, conocer las capas y la grasa del ser humano. Es un hecho realmente macabro”, lamentó Lobo. El hombre también fue enviado a la cárcel con detención preventiva; pese a que ya confesó el hecho aún no se sometió a un proceso abreviado, para recibir la condena de 30 años por el feminicidio.

Debido al dolo con el que actuaron tanto el empresario Fernando B. V. como Denilson N. Z., las autoridades anunciaron que ambos serían sometidos a pericias psicológicas, con el fin de conocer su estado mental.

“Todos sabían que estaba enamorando, él (Denilson N. Z.) le regalaba flores. Queremos justicia”, fue el pedido de la hermana de Xiomy. La joven y su agresor habían alquilado un cuarto por 10 días en la residencial, pero cuando ella quiso salir a trabajar el hombre se opuso y la victimó.

En el caso de Brigitte Salazar Ocampo, de 20 años, ella fue reportada como desaparecida el 11 de abril, día en que se presume que su novio, Yoel Cuchallo, le quitó la vida, pues no aceptó que la joven universitaria terminara su relación y la asesinó en una reacción violenta.

El hombre planificó esconder el hecho y enterró el cuerpo de la joven en medio de un terreno baldío de la comunidad Tundi del distrito de Paurito, en Santa Cruz de la Sierra.

Cuchallo no pudo eludir los indicios que lo hacían el principal sospechoso y terminó confesando el crimen y revelando el lugar donde enterró a Brigitte. Descubierto todo, el hombre se sometió a un proceso abreviado y el juez determinó dictar condena de 30 años en su contra.

Durante la audiencia, Yoel se abstuvo de declarar y solo pidió disculpas a la familia, cuyos integrantes no comprendían la razón por la que el hombre actuó de esa forma. Una mujer policía se vio obligada a defender al sentenciado ante tres mujeres, familiares de la víctima, quienes se lanzaron sobre él, furiosas, y llorando por la pérdida, sabiendo que los años que su agresor pasará en la cárcel no les devolverán a su ser querido.

Violencia institucional

En 2024 se registraron más de 50 mil denuncias relacionadas con violencia hacia las mujeres. Lo que instituciones y organizaciones de defensa de la mujer aún se preguntan es cuántos casos no llegan a registrarse o denunciarse ante la Policía y la Justicia. Uno fue el caso de Nadia Apaza.

El colectivo Alerta 348, conformado por un centenar de organizaciones, plataformas y activistas defensoras y defensores del derecho a una Vida Libre de Violencia de todo el país, señaló que Nadia sufrió violencia sexual y violencia institucional; no fue atendida cuando fue a presentar su denuncia y terminó quitándose la vida.

Denunciaron que la Fiscalía y la Policía Boliviana se negaron a investigar y sancionar la violación que sufrió a manos de su excompañero de trabajo, el fotoperiodista Álvaro V. L., en septiembre de 2024.

El relato de los familiares de Nadia reveló que su compañero de trabajo y “amigo”, se aprovechó de la confianza que ella le tenía y luego de compartir en una discoteca, la llevó a un alojamiento y allí cometió el delito. Los datos señalan que la joven estaba reticente a denunciar el hecho, por una serie de factores; algunos de ellos fueron la vergüenza al escarnio público y el temor a no hallar justicia. Sin embargo, luego lo intentó.

Lo primero que se conoció fue que cuando Nadia asistió a un hospital y los médicos reportaron el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (…) la investigadora, Delia Parra, le dijo que ella tenía la culpa de provocar la agresión e hizo que la joven firmara un desistimiento a iniciar una demanda.

No obstante, la uniformada tomó la iniciativa e hizo lo que consideró correcto, que se iniciara un proceso contra Álvaro V. L. Sin embargo, las investigaciones se tornaron en un calvario para Nadia, por los actos y procesos que causaron una revictimización; además, cuando por fin se logró un avance, la misma oficial no dio cumplimiento a la orden de aprehensión que se había dispuesto contra el fotoperiodista.

Nadia sufrió aquel calvario y la falta de justicia. Aquella orden de aprehensión solo fue ejecutada el 29 de marzo, un día después de que ella tomó la fatal decisión y que la familia saliera a la prensa para denunciar la negligencia de los funcionarios.

El fiscal que atendió dicho caso, Luis Alberto Bayón, también fue responsable de diferentes actos negligentes, como lo confirmó el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez.

Finalmente, Bayón fue alejado del cargo y sometido a un proceso administrativo, que lo señala por no hacer cumplir la aprehensión, dilatar la investigación y emitir documentos con nombres de otras personas en el caso de Nadia. En tanto que la oficial Parra fue derivada a un proceso disciplinario interno, en la Policía Boliviana.

El caso de Nadia queda fuera de las estadísticas de feminicidio, pero es uno más en los registros de violencia sexual en los que hay una sentencia contra el autor y procesos contra quienes no hicieron bien su trabajo cuando la víctima necesitó de ellos.

Datos 2024

• Fiscalía. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, se registraron 50.325 denuncias por delitos tipificados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 348; aún hay mayor incidencia en la violencia familiar o doméstica, con 37.601 casos.
• Por departamento. Santa Cruz muestra mayor incidencia, con 17.388 casos atendidos, seguido de La Paz con 12.395, Cochabamba 7.823, Tarija 3.427, Potosí 3.009, Chuquisaca 2.646, Beni 1.715, Oruro 1.373 y Pando, con 549 casos.