Exgerente del TAM afirma que el avión FAB 108 está varado en Inglaterra desde 2018 por autorización del entonces ministro de Defensa

El exgerente de la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar (EP-TAM), Julio César Villarroel, procesado en la vía administrativa por la “deuda de un avión” con matrícula FAB 108, afirmó que esa aeronave está parada desde 2018 en Inglaterra, con autorización del entonces ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Se autoriza que la aeronave con matrícula FAB 108 se mantenga en Inglaterra, hasta conseguir presupuesto”, señala el punto tres del “acta de la primera reunión ordinaria” del directorio del EP TAM, del 10 de abril de 2018, y que lleva la firma de Zavaleta y otras cuatro autoridades militares.

El documento señala que a dicha reunión asistieron las entonces autoridades, ministro Zavaleta; el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Sempértegui; el gerente general del EP TAM, Armando Roca; los jefes de los departamentos de operaciones y logística de la FAB, Iván Gonzales y Alfredo Cuéllar; además de dos representantes, uno del Ministerio de Obras Públicas y otro del Ministerio de Economía y Finanzas, Andy Rocabado, y Óscar Ferrufino, respectivamente.

Caso del 2018

Recordemos que, en 2020, el general en retiro Julio César Villarroel inició los trámites para el pago de su jubilación y su cesantía. Afirma que logró el pago del primer beneficio, pero que no consigue acceder al segundo, porque el TAM le informó que tiene tres “cargos de cuenta pendientes”.

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La primera deuda administrativa atribuida por el TAM a Villarroel se trataría del avión BAE 146, que tiene como matrícula oficial FAB 108; el segundo ítem es por la falta de entrega de un tren de aterrizaje de la aeronave con matrícula CP–3106, ambos cargos del 2017 y 2018. Por último, el tercer cargo de cuenta pendiente se trataría de un motorizado que le fue entregado en 2014 por la Dirección General de Registro Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en calidad de comodato.

Debido a esas deudas, el TAM —empresa que ahora se denomina TAMep—, negó a Villarroel extender un “certificado de solvencia”, documento indispensable para cobrar el pago de su cesantía, que ronda el medio millón de bolivianos. El dinero es resultado de una acumulación de cuotas que los militares “pagan de forma voluntaria” ante las Fuerzas Armadas, distinto al aporte que se hace a la Gestora.

Amparo

Luego de seis solicitudes de Villarroel y seis negativas del TAMep, en mayo de 2022 el general presentó un amparo constitucional, con el argumento de que la empresa militar vulneró su “derecho a la petición, una vejez digna y al debido proceso”, por medio del cual se pretendía forzar que se emita el certificado de solvencia.

El amparo le fue rechazado y se le negó la tutela en la revisión que hizo en 2023 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0714/2023

Consultado sobre el tema, el actual gerente del TAMep, coronel Daniel Saravia, informó a Visión 360 que no entregará dicho certificado hasta que Villarroel no subsane las “irregularidades que han generado un daño económico a la empresa y al Estado”, además que ya se remitió un informe sobre este caso a la Contraloría General del Estado, instancia que debería definir las acciones penales y civiles a asumir.

Defensa

No obstante, Villarroel afirmó en entrevista con Visión 360 que se vulneran sus derechos y que los actuales directivos del TAMep actúan de mala fe y con saña, por lo que asumirá otro tipo de medidas legales.

En relación al tren de aterrizaje de la aeronave CP 3106 el general explicó que el caso ya fue cerrado en la vía administrativa con una resolución del Ministerio de Defensa. Sin embargo, las irregularidades que causaron el daño económico nunca fueron esclarecidas, debido a que el proceso fue cerrado por “prescripción”, es decir porque se cumplió el plazo que se dio para investigar el hecho y no así porque se sancionó a los responsables.

Sobre el motorizado de Dircabi, el general explicó que el vehículo se entregó a la institución, junto a otros que también se le entregaron en calidad de comodato, y deslindó responsabilidades a cerca de las fallas o el mal estado del motorizado, que pasó a manos de otros funcionarios militares desde 2016.