Caso Las Londras: cuatro años de impunidad por chicanería jurídica y desidia estatal

El 28 de octubre de 2021, siete periodistas acompañaron a otras diez personas para realizar una inspección en el predio Las Londras, donde se habían producido conflictos por avasallamientos. Un grupo de encapuchados los detuvo, golpeó y torturó durante seis horas, destruyó sus equipos y obligó a los reporteros a firmar un ilegal "compromiso" para no difundir lo ocurrido. Cuatro años más tarde, el proceso continúa paralizado por la chicanería jurídica y la desidia estatal, mientras que, de los siete comunicadores, solo uno sigue buscando justicia.

"El caso de Las Londras es uno de los más emblemáticos de la violencia contra la prensa, que aumentó durante los años del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). No solo es una muestra de la falta de respeto por el derecho a la información, sino que también sirvió como una especie de luz verde para que otros grupos creyeran que podían atacar a la prensa impunemente", dijo a Visión 360 Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

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El proceso judicial iniciado por los siete periodistas se caracterizó por una serie de chicanerías jurídicas y por la permisividad, por no decir falta de interés, de las autoridades nacionales, lo que facilitó que los principales imputados pudieran sustituir sus detenciones preventivas por arrestos domiciliarios. Actualmente, de los cinco imputados por los delitos de tentativa de asesinato, secuestro, tortura, robo agravado, tenencia o portación ilícita de armas de fuego y atentado contra la libertad de prensa —Nicolás Ramírez Taboada, Martín Tejerina Villalobos, Heber Sixto Canaza Sacaca, Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira Escalante—, tres se encuentran en rebeldía y los otros dos enfrentan las acusaciones en libertad.

"No cabe duda de que esas personas cuentan con protección. No hay otra forma de entender cómo han podido obtener la facilidad de cambiar la detención preventiva por domiciliaria y escaparse de esa manera", lamentó Alanes.

Según un informe que la ANPB presenta este martes, a lo largo del proceso judicial se identificaron al menos cuatro irregularidades: la falta de diligencia adecuada por parte de los investigadores, la liberación de los acusados, los cambios arbitrarios de fiscales e investigadores, la ausencia de medidas de protección y el uso abusivo de recursos procesales.

De las pesquisas 

En la primera falta, Alanes explica que en la investigación inicial no hubo una recolección oportuna de pruebas y que tampoco se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los principales implicados. Pese a la gravedad de los delitos por los que los sospechosos fueron imputados, algunos recibieron arresto domiciliario u otras medidas sustitutivas, lo que contrasta con el gran número de personas que cumplen prolongadas detenciones preventivas, pese a que los delitos que se les atribuyen son de menor gravedad.

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Asimismo, el cambio arbitrario de fiscales e investigadores afectó la continuidad de la causa. Paralelamente, las víctimas del ataque continuaron recibiendo amenazas y hostigamientos, además de enfrentar la falta de apoyo de los medios en los que trabajaban. Finalmente, el retraso en el desarrollo del proceso se debió al uso irregular de recursos procesales.

Esto fue minando las fuerzas de las víctimas. Actualmente, solo uno de los siete afectados, Percy Suárez, continúa con la lucha. "Los demás fueron cediendo por falta de recursos, de apoyo del Estado y de respaldo de sus propias fuentes de trabajo", lamentó Alanes.

¿En la justicia indígena? 

El informe menciona que el juicio oral, iniciado en julio de este año, fue suspendido en agosto debido a que la defensa presentó un incidente de declinatoria de competencia. Los acusados solicitaron que el caso sea trasladado a la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC), lo que llevó a que el proceso fuera remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). "Esto puede paralizar el juicio por meses o incluso años", advirtió la presidenta de la ANPB.

Según explican los expertos consultados por la asociación, "la maniobra no tiene sustento. La Ley 073, que regula la justicia indígena originaria campesina, no tiene competencia sobre delitos contra la vida, como tentativa de asesinato, secuestro o tortura. Además, los hechos no ocurrieron en una comunidad indígena, las víctimas no pertenecen a una y los delitos no fueron cometidos por personas indígenas".

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Sin embargo, la representación de los periodistas asegura que no cejará en su empeño por conseguir justicia. Alanes advirtió que seguirán de cerca la evolución del caso en el TCP, tarde el tiempo que tarde. En ese sentido, continuarán brindando apoyo a Suárez y reclamando a las autoridades judiciales.

Buscan diálogo con nuevo Gobierno

Paralelamente, buscarán dialogar con el gobierno entrante de Rodrigo Paz y Edman Lara, con el objetivo de trabajar para garantizar el respeto a la libertad de expresión, al derecho al trabajo de la prensa y a las garantías constitucionales. Asimismo, se solicitará la eliminación de los instrumentos de asfixia económica de los medios de comunicación utilizados por los gobiernos del MAS, principalmente el uso discrecional de la publicidad estatal.

En todo caso, Alanes advierte que el problema causado por hechos como el de Las Londras no solo es un perjuicio para la prensa, sino también para el Estado boliviano. "Si no se trata el caso con el debido proceso legal, el mismo Estado es susceptible a demandas y denuncias por parte de los afectados", aseguró.

De hecho, ese es uno de los siguientes pasos a tomar si el estancamiento continúa: acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras, para exigir respuestas de las instituciones nacionales.