lunes 23 de febrero de 2026

Legislación

Tres asociaciones financieras advierten que la Ley de Diferimiento de Créditos reducirá la liquidez del sistema

Según un comunicado conjunto de Asoban, Asofin y Finrural, la ley afectará la capacidad de otorgar créditos, lo que podría impactar negativamente en la situación económica del país.
El Vicepresidente saliente, durante la sesión en la que se aprobó la ley. FOTO: APG
El Vicepresidente saliente, durante la sesión en la que se aprobó la ley. FOTO: APG

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) advirtieron que la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social, aprobada este viernes en la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional saliente, afectará el flujo del sistema financiero. Según los especialistas, esto reducirá la capacidad de otorgar créditos.

"Esta medida alterará el flujo del sistema financiero y derivará en una reducción significativa de la liquidez de las entidades de intermediación financiera, afectando su capacidad de otorgar créditos a familias, emprendedores y empresas, con consecuencias directas sobre la actividad económica del país", señalaron las tres asociaciones en un comunicado público conjunto.

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En el texto, se lamenta que las autoridades salientes, a una semana del cambio de Gobierno, decidieran aprobar este proyecto de manera apresurada, en vez de promover medidas responsables para aliviar la crisis que atraviesa el país.

La norma plantea que, durante un periodo establecido de seis meses, no se ejecutarán embargos ni desalojos relacionados con créditos de vivienda de interés social; tampoco se iniciarán procesos coercitivos por deudas contraídas por micro y pequeñas unidades económicas. Asimismo, se otorga un periodo de gracia a los beneficiarios de dichos créditos, con el fin de aliviar su carga financiera y promover la estabilidad social y económica.

En respuesta, las entidades financieras consideran que la aplicación de un diferimiento generalizado, "sin mecanismos compensatorios adecuados, ni análisis de los prestatarios verdaderamente afectados, podría debilitar la estabilidad del sistema financiero y poner en riesgo la confianza del público".