Senasir escucha clamor de víctimas de “abusos sexuales” del caso Scout La Paz y rescinde contrato con el sentenciado a prisión

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) optó por escuchar el clamor de los “sobrevivientes de abusos sexuales” del caso Scout La Paz y rescindió de manera inmediata el contrato con Hébert Gutiérrez Vía, sentenciado por el delito de encubrimiento.

En el curso de la tarde, el Senasir emitió un comunicado en el que informa sobre la decisión de rescindir el contrato laboral ante las denuncias difundidas respecto a la conducta de un exfuncionario.

En un manifiesto público, las víctimas de los vejámenes cometidos en el Distrito Scout La Paz denuncian la incorporación del exdirector distrital de esa organización, quien fue sentenciado a dos años de cárcel, como funcionario del Servicio Nacional de Reparto (Senasir).

Por ello, exigieron al director nacional del Senasir, Alberto Bonadona, que “en uso de sus atribuciones y en cumplimiento del deber de garantizar la probidad y la ética en la administración pública, proceda de manera inmediata a la desvinculación del señor Hébert Gutiérrez Vía de cualquier cargo dentro de dicha institución”.

Los afectados, quienes eran menores de edad cuando sufrieron los abusos y vejámenes por algunos instructores en el distrito scout del Parque Urbano Central de la ciudad de La Paz, se declaran “sobrevivientes de los graves hechos de abuso sexual ocurridos en el entorno del movimiento scout de La Paz”, cuyas causas penales son de conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el primer acápite del documento, manifestaron su “indignación y consternación” porque “hemos tenido conocimiento de la incorporación laboral, en el área legal del Servicio Nacional de Reparto del Senasir, del señor Hébert Gutiérrez Vía, quien cuenta con una sentencia condenatoria emitida por el Órgano Judicial en noviembre de 2022, relacionada con su conducta en el marco de la investigación del caso scouts”.

Las víctimas denunciaron que Gutiérrez desplegó una estrategia procesal deliberada y sistémica para impedir, obstruir y dilatar el esclarecimiento de la verdad del caso, recurriendo a “chicanas legales” e incluso “amedrentamiento” y “amenazas” contra los denunciantes. “Sus acciones, ahora sancionadas por la justicia, han buscado perpetuar la impunidad, negarnos el acceso a la justicia y agravar nuestro dolor y trauma como víctimas”.

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Por todo ello, consideran que la designación o contratación de una persona condenada por obstruir la justicia en un caso de graves violaciones a los derechos humanos, como es el nuestro, en un cargo dentro del área legal de una entidad pública, “constituye un acto de total y absoluta incompatibilidad, tanto legal como moral, para el ejercicio de la función pública”.

Por otra parte, manifiestan que su presencia en la institución es una ofensa a la memoria y dignidad de todas las víctimas de abuso sexual en Bolivia y envía un “mensaje aberrante” de que el Estado protege y recompensa a quienes buscan encubrir estos crímenes, en lugar de proteger a los sobrevivientes y garantizar justicia.

Además, solicitan a las autoridades de control y supervisión del Estado, y a la Asamblea Legislativa, que investiguen los procedimientos que permitieron esta contratación, con el propósito de depurar responsabilidades y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en el país.

Juan Álvarez, vocero de las víctimas, consideró que no corresponde “éticamente” y “moralmente” que la persona que ha sido condenada por encubrimiento a dos años de prisión haya sido contratada por el Estado, que tiene la obligación de evitar que personas vinculadas con delitos de violencia sexual trabajen en alguna institución pública.

Contratación rescindida e investigación

El Senasir confirmó que se alejó al involucrado en esta denuncia: “se ha rescindido de manera inmediata el contrato laboral, disponiéndose el cese definitivo de sus funciones, en el marco de la ley”.

Asimismo, informa que se ha instruido el inicio de una investigación “interna exhaustiva”, con el objetivo de verificar la existencia de posibles irregularidades y/o falsedades en la documentación presentada por el exfuncionario durante el vínculo laboral con la institución.

La institución, en ese sentido, advierte que, en caso de confirmarse indicios de ilícitos, el Senasir actuará “con todo el rigor de la ley”, constituyéndose en parte querellante y promoviendo las acciones legales correspondientes, en resguardo de la legalidad, la transparencia institucional y el interés público.

Además, ratifica su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del sistema de seguridad social, y continuará colaborando con las instancias competentes para el esclarecimiento total de los hechos.

Uno de los requisitos para asumir la función pública en el país es el Certificado REJAP, que es el Registro Judicial de Antecedentes Penales en Bolivia, un documento oficial que acredita si una persona tiene sentencias condenatorias o procesos judiciales pendientes. Este certificado es necesario para diversos trámites y se tramita en las plataformas del Tribunal Departamental de Justicia.

Sin embargo, Gutiérrez también fue denunciado por prestar sus servicios en el Ministerio de Educación en 2020, durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, según informó en esa época el diario La Razón.