Tres hechos afectan negativamente la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz en sus primeros tres meses de trabajo

En los primeros tres meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz se conocieron tres hechos que afectaron negativamente a su gestión: el primero, el caso Maletas, en el que se vio involucrada la exdiputada Laura Rojas; el segundo, el de la gasolina contaminada, extremo que fue reconocido por el gobierno después de conocerse denuncias de choferes afectados por ese producto; y el tercero, que se conoció hoy, se trata de la compra de petróleo crudo con un supuesto sobreprecio por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Si bien estos casos estuvieron en la agenda informativa de los medios de comunicación, las investigaciones en los dos primeros continúan, mientras que, en el caso del petróleo crudo, YPFB negó hoy que haya firmado un contrato con la empresa Trafigura y aclaró que ese proceso se encuentra en revisión. El Gobierno cumplió tres meses de gestión el pasado 8 de febrero.

El caso Maletas se conoció el 21 de enero, cuando Rojas denunció el allanamiento a su domicilio, lo que destapó que era investigada porque ingresó al país 32 maletas el pasado 29 de noviembre y, dos días después, recogió el equipaje, sin que se haya procedido a realizar el control del mismo por el personal de Aduana y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

A raíz de este caso, se conocieron versiones contradictorias por parte de autoridades de gobierno. Mientras el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguraba que se tuvo conocimiento del caso la primera semana de diciembre, el viceministro de Régimen Interior, René Calla, fue destituido, aparentemente, porque había declarado que le informó del caso el 15 de diciembre.

Mientras se realizaba la investigación, salió a la luz información que puso en duda el cumplimiento de las normas, en el caso de la Dirección Nacional de Migraciones, que no informó a la Aduana ni a la FELCN de la llegada del equipaje, para que se procediera a su revisión.

A raíz de este caso, hasta el momento hay 11 detenidos, entre ellos la exdiputada Rojas; el juez Herbert Zeballos, propietario de la empresa donde se trasladaron las maletas; dos funcionarios del juzgado; el personal de la empresa de seguridad y exfuncionarios de la Aduana.

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Gasolina contaminada

El segundo caso estalló el 2 de febrero, cuando se conocieron las denuncias de choferes en La Paz y Cochabamba sobre la mala calidad de la gasolina, la cual habría provocado problemas a sus vehículos. Ese mismo día, por la noche, YPFB difundió un comunicado en el que informaba sobre la certificación de la inspectora Camin Cargo Control Argentina.

El documento hacía referencia a que garantizaba que el producto comercializado se encontraba dentro de las especificaciones de calidad requeridas.

En otro párrafo, el documento informaba que los muestreos fueron realizados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en respuesta directa a las inquietudes ciudadanas, mientras que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista, reconocía que hubo un problema técnico que sería informado por YPFB.

Mientras tanto, las denuncias de los choferes iban creciendo; no solo se detectó la gasolina de mala calidad en La Paz y Cochabamba, sino también en Santa Cruz, Oruro, Beni y Pando, extremo que llevó a ese sector a convocar protestas que paralizaron el tráfico vehicular. Algunos pedían la renuncia de la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.

Este problema, que iba creciendo debido a las protestas y anuncios de un paro por parte del sector, obligó al gobierno a reconocer que se detectaron casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de gomas y manganeso.

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Posteriormente, en una conferencia de prensa, el presidente de YPFB, Yussef Akly, informó los resultados de la investigación que realizó la empresa estatal y reveló varios hallazgos. Como consecuencia de ellos, informó que se desvinculó a 360 funcionarios de YPFB, que la gasolina de mala calidad se distribuyó solo en tres puntos del país —Trinidad, Montero y Oruro— y que, como consecuencia de ello, 2.000 vehículos y motocicletas en el país podían haber sufrido algún efecto.

Además, surgieron versiones sobre la adjudicación de la empresa Camin Cargo Control Argentina por el gobierno, por Bs 8.181.367,84, que fueron negadas por YPFB, que finalmente informó que el contrato con esa empresa fue suscrito por el expresidente de la misma, Armin Dorghaten.

Petróleo crudo con sobreprecio

El tercer hecho que causó reacciones en contra fue el difundido por la red DTV, respecto de la compra de petróleo crudo en diciembre de 2025 a la empresa Trafigura, a un precio más alto que el que se compraba a la empresa Botrading.

Según la denuncia, YPFB pasó de pagar $us 9,10 en 2024 a $us 20,88 por barril puesto de Pocitos, y de $us 18,41 a $us 22,88 por barril en Arica. Sin embargo, algunos expertos consultados por Correo del Sur consideran que las diferencias en el precio se deben a factores ajenos a YPFB, como costos de transporte y financieros, estructura de mercado, disponibilidad de producto y plazos de pago, entre otros factores.

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Diputados de Unidad y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) solicitaron informes respecto de este hecho, porque genera dudas sobre la transparencia del gobierno en la firma de estos contratos. Mientras tanto, el gobierno no emitió una posición oficial sobre esta nueva denuncia.

YPFB, por su parte, emitió un comunicado en el que informa que no existe a la fecha un contrato firmado con la empresa Trafigura, como sostienen las versiones periodísticas difundidas el día de hoy. Al igual que muchos procesos que realizamos, “está en revisión técnica, jurídica y documental que debe presentar el proveedor para hacer efectiva la firma”, afirma el comunicado.