lunes 23 de febrero de 2026

Demanda

Diputado Alarcón desafía al Gobierno a aclarar si son falsos o verdaderos los contratos filtrados entre YPFB y Trafigura

El legislador publicó los contratos en su muro de Facebook y exigió al Gobierno informa qué acciones legales se siguen si son falsos
Carlos Alarcón, diputado de Unidad. Foto: APG
Carlos Alarcón, diputado de Unidad. Foto: APG
miércoles 18 de febrero de 2026

Persisten dudas y cuestionamientos al contenido de los contratos filtrados entre YPFB y Trafigura por compraventa de crudo. El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, demandó al Gobierno aclarar si los contratos son falsos; pero, de ser verdaderos, deben explicar —dijo— por qué hubo modificaciones a solo 14 días, la diferencia de precio y una garantía de $us 20.000 por un millonario contrato.

Alarcón publicó en su muro de Facebook los contratos, aunque no son recientes porque tienen su origen el 9 de febrero en la red DTV. El primero es el contrato YPFB/GLS/ULGD 190/2025 de Suministro de Crudo y Condensado al mercado interno del 17 de diciembre de 2025 y una adenda del 31 de diciembre de 2025, ambos suscritos entre YPFB y Trafigura.

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El Gobierno ya había aclarado, el 10 de febrero, que no firmó un contrato con la empresa Trafigura y que ese proceso se encontraba en revisión técnica, jurídica y documental, la cual debe ser presentada por el proveedor. Sin embargo, los contratos llevan la firma del comprador, YPFB, y del vendedor, Trafigura.

Alarcón exigió este miércoles al Gobierno que, en caso de que los documentos filtrados sean falsos, informe “qué acciones penales se están haciendo para demostrar la falsedad”; pero, de ser verdaderos, demandó responder a las dudas que surgen en cuanto a precios y al plazo corto de las modificaciones.

El legislador exigió justificar cómo pudo firmarse una modificación del contrato de provisión de crudo —donde se establecen $us 20,88 de premio por barril puesto en Pocitos, y de $us 18,41 a $us 22,88 de premio por barril en Arica— a 14 días de haberse suscrito el contrato original.

El denominado premio a cancelar es una comisión o sobrecosto adicional pagado a los proveedores o intermediarios por encima del precio base internacional del combustible. Alarcón observa por qué el precio de la unidad de barril en $us 20,88 con entrega en Pocitos recién figura en la adenda y no en el contrato original.

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“Por qué el precio señalado en el numeral anterior se justifica como razonable tomando en cuenta los precios internacionales de la fecha del contrato y su adenda, y otras condiciones del contrato que hubieran influido en el mismo”, cuestionó el legislador de Comunidad Ciudadana (CC), de la alianza del político y empresario Samuel Doria Medina.

También observó que en la adenda se establezca una boleta de garantía de cumplimiento de contrato de $us 20.000, cuando se trata de una contratación millonaria, y el hecho de que se haya firmado un contrato con una empresa investigada y sancionada en Suiza y EE. UU. por sobornos en Angola.

El 11 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó formó una comisión especial para investigar las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción por el caso del precio de la compra de combustible de empresas transnacionales atribuidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la comercialización de carburantes de mala calidad.