Defensores de la Reserva de Tariquia enfrentan dos procesos penales por denuncias de YPFB y Petrobras

Defensores de la Reserva de Tariquia enfrentan dos procesos penales iniciados por la empresa Petrobras: el primero se desarrolla desde octubre de 2024 y el segundo fue iniciado el 5 de enero de 2026, ambos debido a denuncias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras.

En el segundo caso, pese a que la Fiscalía de Entre Ríos emitió una resolución de rechazo, una objeción presentada por YPFB frenó el cierre del proceso.

El abogado que representa a los acusados, Roger Ibarra, informó que existen dos procesos penales iniciados contra los defensores de la Reserva de Tariquia. En el segundo proceso iniciado, la Fiscalía de Entre Ríos emitió el rechazo contra la denuncia, argumentando que la empresa denunciante no presentó las pruebas que respalden sus acusaciones.

Sin embargo, explicó que el 20 de febrero de 2026 se presentó una objeción a dicha resolución por parte de YPFB, lo que implica que la estatal no está de acuerdo con la conclusión del proceso penal a favor de los imputados, informó El País.

Ibarra precisó que también se espera el pronunciamiento de Petrobras, que fue notificada hace dos días y tiene derecho a presentar una objeción dentro de los plazos establecidos, aunque hasta el momento no habrían presentado nuevos elementos de prueba más allá de la denuncia realizada en 2025.

La revista Mongabay, por su parte, denuncia que el 5 de enero de este año un contingente de la Policía Boliviana logró romper un cordón humano que bloqueaba el ingreso a la reserva de Tariquia.

Esa comitiva policial abrió el paso para que la empresa Petrobras pueda ingresar a la zona de amortiguamiento del área protegida. Ahí se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X3. Varios defensores aseguraron que estaban cuidando su territorio y decidieron realizar un bloqueo en uno de los caminos de ingreso a la reserva. Se trata de integrantes de la comunidad de Chiquiacá, informa la nota.

Un día después, el conflicto pasó al ámbito judicial, cuando los comunarios denunciaron que fueron notificados con un requerimiento fiscal que involucraba a 17 personas. Todas estaban citadas a declarar en un plazo de 24 horas.

Esa investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien actúa como asesor jurídico de Petrobras Bolivia y también en representación de YPFB, según Mongabay.

De acuerdo con la denuncia, los acusados habrían ocasionado “daño directo a las actividades petroleras” y la empresa petrolera aseguró haber tomado conocimiento de las acciones a través de publicaciones en redes sociales.

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El primer juicio se inició en noviembre de 2024, contra 29 defensores

Según un comunicado del Comité de Defensa de la Reserva de Tariquia, el primer proceso penal fue iniciado en octubre de 2024 en contra de 29 defensores de la reserva y, nueve meses después, los afectados denunciaron que el proceso sigue abierto, ignorando estas empresas los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En esa oportunidad, denunciaron “su actuación sañuda contra los defensores de Tariquia”, tratando de impugnar la decisión del juez de Entre Ríos, quien dictaminó, el pasado 24 de junio, que los procesados se defiendan en plena libertad.

Lo grave de este último hecho es que YPFB y Petrobras, ambas empresas estatales, por tanto sujetos de obligaciones en materia de derechos humanos, persisten con la persecución judicial contra nosotros, campesinos que defendemos nuestro territorio, el agua y el medioambiente; un patrimonio natural de todos los bolivianos llamado Tariquia, sostiene el documento.

Denunciaron que las dos empresas, además de “criminalizarnos, hostigan y chantajean a nuestras comunidades; hacen promesas inverosímiles y asumen engañosamente el rol de proveedoras de servicios básicos, generando divisiones y entrometiéndose en la vida interna de nuestras comunidades y organizaciones”.

Un informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que, en octubre de 2024, YPFB denunció a 29 personas (28 del cantón de Chiquiacá y 1 del cantón Tariquia) por la presunta comisión de los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo, establecidos en los artículos 161 y 303 del Código Penal boliviano.

Tras el monitoreo de la institución y luego de un rechazo inicial en enero de 2025, la Fiscalía de Tarija revocó su decisión. Acto seguido, se hizo pública la imputación formal contra 12 defensores ambientales de Chiquiacá. Esta acción genera preocupación en la Defensoría del Pueblo.

A pesar del seguimiento constante del proceso y de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la intimidación, hostigamiento y amenazas que sufren los imputados (defensores ambientales), se evidencia el excesivo ejercicio del poder público por parte del Ministerio Público con el fin de ejecutar el Proyecto de Exploración de Hidrocarburos Domo Oso-X3, denuncia la institución.