Fiscalía: tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno de Arce están investigados por la quiebra de B-AGRO

Tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras y otros siete exfuncionarios de la empresa Boliviana de Producción Agropecuaria B-AGRO son investigados por su quiebra, provocada en solo dos años de funcionamiento después de su fundación el 20 de abril de 2022, informó la fiscal asignada a la investigación, Magaly Bustamante, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares realizada esta tarde.

Los tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras investigados por este caso son: R.G., quien cumplió funciones entre abril de 2021 y marzo de 2024; S.C., entre marzo y agosto de 2024; y Y.F., entre agosto de 2024 y noviembre de 2025.

El exgerente ejecutivo de la empresa estatal B-AGRO, Ramiro V., fue remitido al penal de San Pedro con detención preventiva por dos meses, mientras se continúan las investigaciones por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica vinculados al manejo económico de la entidad desde su creación en la gestión 2022, informó.

Esta empresa fue creada con un capital de Bs 140 millones en abril de 2022 y, después de dos años de su creación, quebró. Hay una quiebra técnica de la empresa, con el fin de fortalecer la soberanía alimentaria, la compra de semillas y el almacenamiento de productos agrícolas.

Sus objetivos incluían la producción de alimento para engorde de bovinos, la implementación de tecnología agrícola y la comercialización nacional e internacional de productos agropecuarios.

B-AGRO se administraba desde La Paz

La fiscal que atiende el caso informó que, a pesar de que B-AGRO tenía sus actividades en el departamento de Santa Cruz, tenía sus oficinas en La Paz, provocando pérdidas que afectaron a la empresa, que fue declarada en quiebra en apenas dos años.

“Es llamativo para el Ministerio Público que, en solo dos años de gestión —estamos hablando de 2022, 2023 y 2024— B-AGRO ya reportaba números rojos, tenía deudas acumuladas por el pago de obligaciones a corto y largo plazo, y se debía pagos a los proveedores de algunos insumos que tenían cuentas pendientes”, advirtió en Noches sin Tregua.

Explicó que la investigación se realiza en La Paz debido a que la empresa tiene sus oficinas en este departamento, donde se realizaba, por ejemplo, el pago de elevados salarios a los funcionarios, que no habían sido reducidos a pesar de una sugerencia de un exministro de Estado.

La recomendación surgió debido a que “los gerentes de varias áreas se encontraban en La Paz, cuando el trabajo debía ser precisamente desarrollado en Santa Cruz, donde debía verificarse, operativizarse y administrarse el tema de B-AGRO”, explicó.

Informó que, por esa situación, se inició la investigación en la sede de gobierno en primera instancia contra seis personas: el gerente ejecutivo, quien fue remitido al penal de San Pedro; dos exministros del área; y personal del área financiera-administrativa que tenían conocimiento de los manejos económicos realizados al interior de esta empresa estratégica.

Posteriormente, con el avance de la investigación, se estableció que además un tercer ministro de Desarrollo Rural también tuvo participación en este caso, y ahora se tienen a 10 investigados en esta causa.

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La querella establece una pérdida inicial de Bs 101 millones

Bustamante informó que la querella formalizada por B-AGRO establece inicialmente una pérdida de Bs 101 millones debido a las deficiencias financieras y las irregularidades operativas y administrativas detectadas en los informes técnico-financieros, los cuales señalan que se han tomado decisiones arbitrarias.

Entre ellas, sostuvo que “se ha podido identificar el contrato de personal injustificado, desproporción en movimiento de almacenes, contrataciones innecesarias, inclusive la recepción de facturas de empresas inexistentes, motivo por el cual el SIN le ha cobrado a la empresa B-AGRO el 13% de las facturas que habrían sido observadas”.

Dijo que existen siete denuncias que vinculan al exgerente ejecutivo de B-AGRO en los procesos de contratación de semilla, maquinaria y otros insumos. Pero el caso principal que se está ventilando en este departamento de La Paz se debe a los manejos económicos realizados con el patrimonio propio de B-AGRO, insistió.

El Ministerio Público, a través de la recopilación de información obtenida, ha podido determinar que efectivamente se han realizado gastos discrecionales y se anuncia en la querella que se habrían adquirido insumos que finalmente no fueron utilizados; posteriormente, se adquirió mayor cantidad de semillas que no fueron correctamente almacenadas, generando deterioro y decremento de estos insumos.

Lo propio ocurre con relación a pagos de sueldos y salarios a servidores públicos, donde las determinaciones asumidas por las autoridades y por el exgerente ejecutivo no fueron adecuadas, y tampoco se tomaron medidas correspondientes para prevenir mayores pérdidas económicas, sostuvo.

Otro dato relevante es que el entonces director ejecutivo informó que existía bastante siembra; no obstante, en el informe final de actividades que presentó ante su destitución, refiere que se habrían sembrado, por ejemplo, 23 parcelas, de las cuales únicamente tres no tuvieron pérdidas, es decir, que 20 reportaron un daño económico para el Estado, afirmó.

Estas circunstancias han determinado la quiebra financiera de esta institución. Se ha presentado la querella, se ha apersonado el Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, y están coadyuvando a la investigación para establecer la existencia o no de responsabilidad penal que pudiera emerger de la conducta desarrollada por los exservidores públicos.