Gobierno se abre a dialogar con campesinos que marchan contra la Ley 1720 y envía comisión de tres viceministros a darles encuentro

El presidente, Rodrigo Paz, dio a conocer hoy su disposición a entablar diálogo con las bases de la marcha campesina que partió de Pando la pasada semana; sin embargo, anticipó que la norma que autoriza la conversión de pequeña a mediana propiedad, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no afecta los intereses de los movilizados.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, por su parte, en conferencia de prensa, informó que una comisión de tres viceministros —de Tierras; Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana—, además del director nacional del INRA y técnicos especialistas, se trasladó a dar encuentro a la marcha de protesta, que partió de Pando y llegó a Rurrenabaque (Beni) hoy.

“Estoy viendo que están queriendo, sobre todo, aquellos que dicen: las bases dicen, permítannos; vamos a hablar con las bases, para que se entienda claramente cuáles son los objetivos y las intenciones del Gobierno”, afirmó Paz, en el acto en homenaje a la Batalla de la Tablada, de 1817, en Tarija.

Los marchistas rechazan la Ley 1720, que autoriza al INRA a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, la cual fue rechazada por indígenas y campesinos, que consideran que la nueva ley abre las puertas a la concentración de la tierra en pocas manos.

El artículo 2 de la norma define que la Ley 1720 se aplicará a nivel nacional a todas las pequeñas propiedades que se encuentren tituladas por el INRA y que cumplan con los requisitos establecidos para su conversión.

El INRA autoriza realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana en un plazo máximo de diez días hábiles.

El artículo sostiene que: “La conversión es un procedimiento de actualización catastral por el cual la o el titular del derecho propietario de la pequeña propiedad solicita por escrito y de manera voluntaria al INRA el cambio en la clasificación de su propiedad a mediana propiedad, sin más trámite que la solicitud escrita y una declaración jurada voluntaria donde exprese claramente la decisión de la conversión”.

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El mandatario acusó a “algunos” de usar de mala manera esta norma para decir que: “nos van a quitar tierras comunales. Eso no es verdad, y no está bien que se le engañe a la gente para movilizar con falsos discursos, no es correcto”, sostuvo.

Aseguró que la nueva ley no tendrá impactos negativos y que su fin es agilizar créditos para pequeños productores; por el contrario, consideró que le da poder al sector rural para financiar su desarrollo. “No toca tierras comunales, no toca reservorios nacionales, no toca nada que la Constitución y las normas hayan establecido”, sostuvo.

Mientras tanto, Justiniano dijo que la iniciativa para aprobar la nueva ley surgió de la Cámara de Senadores, donde nació el proyecto de ley 157, para posteriormente pasar a la Cámara de Diputados hasta la promulgación de la Ley 1720, y consideró que es imperativo conversar con los sectores movilizados.

Sin embargo, afirmó que: “estas organizaciones son campesinas, son organizaciones que están asentadas en TCO (Tierras Comunitarias de Origen), que de hecho es la mayor cantidad dentro de la distribución de tierras que tiene el departamento de Pando”.

Al respecto, sostuvo que es importante hacer esa aclaración, porque la Ley 1720 solamente alcanza a los propietarios de pequeñas propiedades privadas, no comunitarias; en ningún caso a las pequeñas propiedades comunitarias.

Explicó que será el propietario de una pequeña propiedad el que, con la libertad que dispone la nueva ley, podrá tomar la decisión de categorizarla como mediana propiedad. “No obliga absolutamente a nadie y esto es importantísimo de decirlo así, con la claridad que corresponde”, precisó.

Justiniano señaló que, en caso de que un pequeño propietario opte por recategorizar su propiedad, podrá acceder a créditos en el sistema financiero, algo que los pequeños productores vienen demandando desde hace más de 15 años, incluso en regiones como La Paz.

Dijo que actualmente casi todos los pequeños productores tienen crédito, pero de casas comerciales, independientemente del rubro en el que estén, ya sean productores de hortalizas, verduras o cítricos.

Ellos necesitan créditos y, si acceden, por ejemplo, a los que ofrecen los grandes mayoristas —como sucede en Santa Cruz, específicamente con los productores de uva—, reciben estos recursos de las bodegas que compran su producción, explicó.

El ministro afirmó que proviene del sector porcícola y dijo que es un pequeño productor: “De hecho tengo cuatro hectáreas, que es donde está la granja porcícola; en este caso, como son crianzas intensivas, es imposible que mi patrimonio pueda ser sujeto de crédito bancario, es imposible”, afirmó.

Por lo tanto, indicó que, como en su caso, hay miles de productores en el sector lechero, porcícola, avícola y en otros rubros, que están permanentemente supeditados a trabajar con casas comerciales, las cuales son libres y cobran intereses del 25%, 28%, 18% o 20%, mientras que el interés en el sistema financiero está entre el 6%, 7%, 8% y 9%.

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La autoridad sostuvo que, como parte del sector productivo del país, siempre consideró discriminatoria la norma que impedía acceder a créditos del sistema financiero a los pequeños propietarios, mientras que los medianos y grandes sí podían beneficiarse con créditos con intereses más bajos.

En este caso, señaló que el Gobierno respeta las diferentes iniciativas, como la de los campesinos que marchan desde Pando, porque merecen toda su atención y explicación, y deben ser parte de la reglamentación. Ellos tienen que estar seguros de que no se afectará ni atentará contra las tierras comunitarias, insistió.

Dijo que estaba a la espera de los resultados de las conversaciones y evaluando otras necesidades existentes, porque es real que las poblaciones campesinas e indígenas de Pando y Beni han sido desatendidas, por lo que se están concentrando esfuerzos para atenderlas.

A pesar de esas afirmaciones, Justiniano sostuvo que llama la atención la presencia de vehículos de “alta gama” que están desplazándose, anticipando la llegada de los marchistas y llevando gente para reemplazarlos, y que será el Ministerio de Gobierno el que dará mayor información sobre ese tema.