Expertos dudan que el Gobierno pueda responder al acuerdo de la COB y no descartan que la inestabilidad siga latente

El acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) difícilmente podrá cumplirse en su integridad, y advirtieron que la conflictividad social podría reactivarse una vez concluido el plazo de 90 días establecido en el documento, según coincidieron dos analistas consultados por Visión 360.

El politólogo José Orlando Peralta cuestionó que se haya liberado de responsabilidades a los dirigentes de la COB y otras organizaciones, y que se hayan aceptado condicionamientos respecto a la aprobación de leyes y la firma de convenios con organismos internacionales, cuando la COB no cuenta con una representatividad institucional.

El analista político Marcelo Arequipa afirmó a Visión 360 que el Gobierno está aprendiendo por la fuerza que no puede gestionar la política en este tiempo sin tomar en cuenta a las organizaciones sociales en un sentido amplio, y por ello todas las decisiones que asuma deben ser socializadas.

La COB instruyó el bloqueo de carreteras en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, medida que se extendió por más de 50 días, en los que se provocaron pérdidas económicas millonarias, reportadas por sectores productivos del país, además de pérdidas de oportunidades, mercados, empleos y vidas de ciudadanos bolivianos.

El Gobierno se comprometió a no criminalizar la protesta ni realizar persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas que estuvieron movilizadas durante los 50 días de bloqueo de carreteras.

Con ese objetivo, se conformó una comisión legal entre el Órgano Ejecutivo, la COB y el Ministerio Público, en el marco de sus competencias, para gestionar la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos abiertos en los conflictos.

Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa, sectores empresariales, industriales, del transporte pesado y otros anunciaron demandas penales contra los dirigentes de la COB, Mario Argollo, de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, y otros, como el expresidente Evo Morales y el senador suplente Nilton Condori.

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Otro de los compromisos sostiene que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.

Reafirmó su compromiso de defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas, de realizar las gestiones e inversiones correspondientes en el sector productivo minero asalariado, asimismo, dando la garantía jurídica y social.

Respecto al financiamiento externo, se transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano.

Asimismo, se promoverán previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, respetando las competencias establecidas en la CPE y el Órgano Ejecutivo.

El acuerdo suscrito con el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, que contempla la no criminalización de la protesta, para Peralta es la liberación de culpa de los dirigentes de la COB.

“El Gobierno ha liberado de culpa a la COB y, qué va a pasar si después de 90 días no cumple, ¿van a volver los bloqueos? ¿Van a volver las protestas?, porque como están liberados de culpa no tienen ninguna condición para que no puedan rearticularse y protestar en caso de que el Gobierno no cumpla con el compromiso”, manifestó.

Mencionó que, en caso de que se apruebe el paquete de leyes propuesto por el Gobierno, entre las que se encuentran las leyes de minería, hidrocarburos, inversiones y electricidad, además se anunció que se promoverá una reforma parcial a la Constitución Política del Estado, la COB no estará de acuerdo con ellas.

“Si es que aprueban el paquete de leyes y ellos están en contra, porque en el acuerdo se habla de no tocar las empresas públicas, no privatizar, y si algunas leyes son necesarias, la inversión extranjera pone condiciones”, manifestó.

Reconoció que la prioridad era liberar las carreteras de los bloqueos, pero cuestionó cuál es el costo de este desbloqueo en el corto y mediano plazo, el costo político y económico y, sobre todo, el costo de las vidas, y quién se hace cargo.

Por lo tanto, afirmó que se ha buscado una salida que, obviamente, era lo que todos esperaban, pero cuestionó bajo qué condiciones se dio el desbloqueo y qué oportunidades deja, ya que —según señaló— no son de ninguna manera favorables para el Gobierno.

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En caso de que el Gobierno no pueda responder a esos compromisos en el plazo definido, ¿qué va a pasar en el país, si los dirigentes fueron liberados de toda responsabilidad?, insistió.

Desde su punto de vista, la liberación de responsabilidad ha generado oportunidades para futuras movilizaciones en caso de que el Gobierno no responda a su convenio y también si se quiere dar un giro político al concepto, a la ideología que tiene la COB sobre el Estado, la empresa pública, la capitalización o la privatización.

Sostuvo que ese convenio es la consecuencia de no haber asumido los tiempos políticos de acuerdo con lo que implican las normas y las leyes y el “lecturar” de cómo la escalada de conflictos iba aumentando, dijo.

Desde su análisis, el Gobierno ahora está bajo condiciones desfavorables y tiene que negociar el desbloqueo y la desmovilización de acuerdo con los intereses de un grupo minoritario que no representa a la clase trabajadora nacional.

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Estas cosas están aquí, es una pausa, digámoslo así, por un tiempo que no sabemos hasta cuándo se extenderá, pero políticamente no favorece al Gobierno, solo para que se suspendan los bloqueos, pero por efecto del cansancio, afirmó.

Para el analista Marcelo Arequipa, el Gobierno está aprendiendo a la fuerza, por las malas, cómo debería gestionar la política en este tiempo; no puede hacerlo lejos de las organizaciones sociales y todos los sectores sociales en un sentido amplio de la palabra, no lo puede hacer, tiene que hacerlo también con ellos, por eso está implícita la idea de que todas las decisiones deben ser socializadas.

Consideró que no se trataría de un cogobierno, como advirtieron algunos sectores después de la firma del acuerdo. “No es un cogobierno, porque no necesariamente es su socio, sino el Gobierno tiene que socializar las decisiones con los sectores sociales en general, no solamente con la COB”, puntualizó.

Por eso está aprendiendo a la mala, porque “hacer las cosas de una manera distinta podía haber sido que el Gobierno incluya a la COB y a los sectores en el Consejo Económico y Social y otras organizaciones, pero no ha tenido, no tiene la iniciativa para proponer ese tipo de cosas”, sostuvo.

Respecto a un eventual acuerdo con el FMI, que sería rechazado por la COB, respondió: “Ahí ya tiene un problema el Gobierno, la viabilidad o no de hacer cosas que vayan a transformar el país. Yo creo que el mismo Gobierno se ha dado cuenta de sus límites, de alguna manera, que ya no es un Gobierno de transformación y difícilmente va a ser un Gobierno que va a poder hacer otro ajuste económico y solo le queda por este tiempo ser un Gobierno que busca sobrevivir el tiempo que le falta”, aseguró.

Arequipa también consideró que el paquete de leyes anunciado por el Gobierno y la socialización con la COB, al respecto, manifestó que el Gobierno debe intentar gestionar la política de una manera distinta a la que está haciendo hasta ahora.

“Eso va a depender mucho para que primero pueda tener el visto bueno de la calle de esos proyectos de ley y luego dentro del Legislativo; eso es gobernar en este país. Tengo dudas sobre si lo va a lograr, porque no parece ser que el Gobierno haya aprendido a gestionar la política en serio todavía”, advirtió.

Consultado sobre si el Gobierno podría optar por ceder algunos espacios de poder a las organizaciones sociales, respondió que todo está sujeto al tipo de negociación política que haga.

“Algunas organizaciones le van a pedir solamente que les haga conocer las gestiones que se quieren llevar adelante y otras obviamente no le van a pedir eso, le pedirán, digamos, cuotas de poder, pero eso va a depender mucho y está sujeto a cómo se lleve adelante una negociación política con estos sectores sociales”, sostuvo.

Para Arequipa, el Gobierno no necesita los 90 días de plazo: “ya debería estar trabajando para resolver los temas de manera urgente porque la misma economía no va a esperar siquiera 90 días”.

¿Tiene que ceder y entender que no puede hacer lo que está planteando? “Así se construye la política al final en la gestión pública, eso tiene que entender el Gobierno. De lo contrario, la sensación y el estado de ingobernabilidad van a seguir ahí presentes”, advirtió.