El Gobierno se inclina por nacionalizar autos “chutos” y se abre un frente de rechazo; el gobernador cruceño habla de un premio a la ilegalidad

Si bien inicialmente se desmarcó del proyecto de ley para la nacionalización de vehículos indocumentados, el gobierno de Rodrigo Paz terminó respaldando la iniciativa y afirmó que “tiene que haber este proceso”. Sin embargo, las voces en contra continúan sumándose y este jueves el gobernador de Santa Cruz, José Pablo Velasco, alertó sobre los daños que la medida causaría a la economía formal y el “premio” que significaría para las redes delictivas.

“Desde Libre rechazamos de manera categórica cualquier iniciativa orientada a legalizar vehículos indocumentados o de contrabando. Esta medida enviaría una señal equivocada al país, premiando la informalidad y debilitando el Estado de derecho”, aseguró Velasco, al anticipar que la bancada liderada por Jorge "Tuto" Quiroga no apoyará en el Legislativo una ley de nacionalización de vehículos “chutos”.

Los motorizados indocumentados son de uso frecuente, principalmente en áreas rurales de Bolivia, donde existen menores controles policiales. Aunque no se conoce con certeza cuántos circulan en el país, se sabe que son internados por redes de contrabandistas desde la frontera con Chile; muchos de ellos fueron robados o están vinculados a actividades ilícitas.

Aunque la regularización fue una oferta electoral de Paz, el tema no había ingresado a la agenda pública hasta que el diputado de Libre, Reinaldo Seas, informó sobre la presentación de un proyecto de ley para la legalización y nacionalización de estos motorizados. Seas afirmó que existen más de 500.000 unidades en el país y que su regularización podría representar ingresos por 6.000 millones de dólares.

Fue el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien expresó el miércoles la posición favorable del Ejecutivo respecto de la iniciativa, aunque aclaró que no se incluiría a los motorizados con denuncias de robo o vinculados a otros delitos.

“Entiendo que esta es una propuesta de un diputado de Libre, ante lo cual se le ha dicho que nosotros estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se cumpla con el requisito de que no se nacionalice nada que provenga de lo ilegal o de hechos ilícitos. También deben pagar los tributos que se han omitido y algún tipo de multa porque, evidentemente, esto forma parte del desincentivo que debe existir contra el ingreso de vehículos indocumentados”, explicó la autoridad.

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Pese a que la propuesta surgió dentro de su misma sigla, Velasco insistió en que la bancada de Libre no respaldará la aprobación de una ley de esta naturaleza en el Legislativo debido a los perjuicios que representaría para la actividad formal.

“Es de conocimiento público que una parte importante de los vehículos que ingresan ilegalmente a Bolivia proviene de redes vinculadas al contrabando y, en muchos casos, de actividades ilícitas como el robo transnacional de motorizados, el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado. Otorgarles un mecanismo de regularización no solo incentiva nuevas internaciones ilegales, sino que también fortalece las economías ilícitas”, advirtió el gobernador en una publicación en su cuenta de Facebook.

Con anterioridad, la dirigencia del transporte federado y la gerencia de la Cámara Automotriz Boliviana (CAB) ya habían expresado una postura similar. “Es lavado de dinero”, aseguró Erick Saavedra, presidente de la CAB, mientras que el dirigente de los choferes, Lucio Gómez, advirtió que, de concretarse la nacionalización, ingresarían miles de vehículos a ciudades “que ya no tienen espacios ni para estacionar”.

Velasco exigió al Gobierno central dejar de generar incentivos para quienes incumplen la ley.