Bolivia registró 109 conflictos sociales en el tercer trimestre, pese al Estado de Excepción

La conflictividad social persistió en Bolivia durante el tercer trimestre de 2026, pese al Estado de Excepción decretado por el Gobierno. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, la Defensoría del Pueblo registró 168 eventos relacionados con conflictos sociales, de los cuales 109 fueron conflictos activos y 59 correspondieron a anuncios de medidas de presión.

El reporte presentado el jueves por el defensor del pueblo, Pedro Callisaya Aro, identifica a las demandas económicas como el principal factor de movilización, en un periodo marcado por el incremento de los precios de los carburantes, las dificultades relacionadas con el abastecimiento de diésel, el costo de vida y las exigencias de cumplimiento de obligaciones laborales.

“Los conflictos no disminuyeron pese a Estado de Excepción, debido a las demandas estructurales y económicas que siguen latentes como el acceso a la alimentación y el derecho al empleo. Vemos que es urgente fortalecer la democracia deliberativa y reforzar los espacios de diálogo para prevenir escaladas de violencia”, advirtió Callisaya.

De acuerdo con el documento, elaborado a partir de los registros del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT), la cantidad de eventos aumentó progresivamente durante el trimestre: pasó de 41 en julio a 55 en agosto y llegó a 72 en septiembre.

El informe señala que las protestas continuaron a escala nacional pese a las restricciones establecidas durante el Estado de Excepción, entre ellas la suspensión temporal del derecho de reunión y manifestación pública y la prohibición de bloqueos de vías.

La economía concentra la mayor cantidad de conflictos

De los 109 conflictos activos registrados, 45 estuvieron vinculados con asuntos económicos, la categoría más numerosa del reporte. Estas disputas estuvieron relacionadas con el impacto del precio y el desabastecimiento de carburantes, especialmente del diésel, además de las consecuencias sobre el transporte, el comercio, la industria y la economía familiar.

En segundo lugar se ubicaron los conflictos relacionados con la gobernabilidad, con 14 registros, la misma cantidad que los de carácter laboral y salarial.

Los problemas vinculados con la educación y la salud sumaron siete casos cada uno, mientras que los relacionados con la vivienda alcanzaron cinco.

La Defensoría identifica entre los episodios que marcaron el trimestre las protestas de productores agropecuarios y transportistas contra las medidas relacionadas con la comercialización del diésel, así como movilizaciones de trabajadores que exigían el pago de salarios y el cumplimiento de acuerdos laborales.

Entre los casos mencionados figuran las protestas de trabajadores de Sak’a Churu, en La Paz, por el pago de sueldos; las movilizaciones de dependientes de Industrias de Cerámicas Cochabamba (INCERPAZ), por el cumplimiento de convenios laborales; y la toma de instalaciones municipales en El Alto por parte de trabajadores del servicio de recojo de basura.

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran los registros

La distribución territorial muestra una mayor concentración de conflictos en el eje central del país.

Según el recuento de conflictos activos, La Paz registró 30 casos, Santa Cruz 23 y Cochabamba otros 23. Chuquisaca contabilizó nueve; Beni y Potosí, ocho cada uno; Oruro y Tarija, cuatro por departamento, mientras que Pando no registró conflictos activos durante el periodo.

Al considerar los reportes de las distintas oficinas defensoriales, La Paz representó el 22% de los registros, seguida de Santa Cruz y Cochabamba, con el 20% cada uno.

La institución también destacó que los conflictos no se limitaron a las principales ciudades, sino que se extendieron a poblaciones intermedias y zonas rurales, con la participación de transportistas, productores, gremiales, trabajadores, vecinos y organizaciones sociales.

El derecho laboral, entre los más afectados

En el análisis de los derechos afectados, el ámbito laboral encabezó los registros, con 16 casos relacionados principalmente con el incumplimiento del pago de salarios y la estabilidad en el empleo.

El derecho a la alimentación ocupó el segundo lugar, con ocho registros asociados, sobre todo, al incremento del precio del diésel y al encarecimiento del costo de vida.

Los derechos vinculados con la educación y la vivienda sumaron seis casos cada uno. También se reportaron cinco registros relacionados con el derecho de petición y respuesta.

La Defensoría advirtió que el efecto del encarecimiento de los carburantes trasciende al sector del transporte, pues repercute en las actividades productivas, la comercialización de bienes y la economía de los hogares.