Anteproyecto de Código Minero reconoce derechos preconstituidos en áreas protegidas antes de 2009 y condiciona la creación de nuevas reservas

Los derechos mineros preconstituidos en áreas protegidas, sitios Ramsar y humedales, otorgados antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado en 2009, serán reconocidos y respetados; la existencia de un área protegida no constituirá causal de extinción del derecho y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) deberá emitir el Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU), sostiene el artículo 83 del anteproyecto de Código Minero, impulsado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Si bien reconoce que el artículo 385 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo I, sostiene que las áreas protegidas cumplen funciones ambientales, culturales y económicas para el desarrollo sustentable, la propuesta autoriza la explotación minera, en contra de lo que establece la Ley de Minería 535 en vigencia.

El artículo 83 del documento sostiene que: “Los derechos mineros adquiridos o preconstituidos en áreas protegidas, otorgados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado serán reconocidos y respetados conforme al presente Código, y el ejercicio de las actividades mineras en áreas protegidas estará sujeto a la Licencia Ambiental correspondiente”.

Establece que la existencia de un área protegida “no constituirá causal de extinción del derecho. Toda solicitud de otorgamiento de derecho minero dentro de un área protegida deberá contar con el Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el Sernap”.

Aclara que, en caso de otorgación de derechos mineros dentro de áreas protegidas subnacionales, la solicitud de CCU estará sujeta a que estas áreas protegidas estén adscritas e integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP”.

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El artículo 84, referido a la Creación de Áreas Protegidas con Incidencia Minera, plantea que la creación de áreas protegidas reconocidas por el SNAP, con incidencia en derechos o actividades mineras, “deberá estar sustentada en un informe técnico-científico que acredite la existencia y relevancia de valores naturales, ecosistemas o muestras representativas que justifiquen su protección” y deberá ser aprobada mediante Decreto Supremo, de conformidad con los artículos 60 de la Ley Nº 1333 de Medioambiente y 14, 16, 17 y 27 del Decreto Supremo Nº 24781, Reglamento General de Áreas Protegidas.

La declaratoria de áreas protegidas deberá reconocer los derechos mineros legalmente constituidos y no será causal de su extinción, en observancia de los artículos 369 y 370 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 85, referido a las Actividades Mineras en Sitios Ramsar y Humedales, dispone que los derechos mineros adquiridos o preconstituidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución serán reconocidos y respetados, manteniendo su vigencia conforme al presente Código. Su ejercicio estará sujeto a la licencia ambiental.

El parágrafo II señala que, otorgado el derecho, los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en sitios Ramsar y humedales nacionales. A efectos de establecer las medidas necesarias para preservar las características ecológicas del humedal, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas – DGBAP, dependiente de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, emitirá la certificación respectiva para la emisión de la Licencia Ambiental.

El artículo 86, sobre las Actividades Mineras en Áreas y Reservas Forestales, establece que, otorgado el derecho, “los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas forestales con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT conforme a la normativa forestal vigente. Para las reservas forestales deberán contar con el certificado de compatibilidad de usos emitido por la ABT”.

Cuando la actividad minera cuente con un derecho preconstituido y adquirido reconocido por la CPE, deberá adecuarse a la normativa ambiental y sectorial vigente, garantizando la compatibilidad con el uso forestal, dice el parágrafo II del artículo 86.