Informe 2024
Defensoría emite 15 recomendaciones a 6 instituciones para que asuman acciones contra vulneraciones en centros carcelarios
La Defensoría del Pueblo emitió el informe del Mecanismo Nacional de Prevención para la Tortura (MNP), de 2024, en el que hace 15 recomendaciones a siete instancias del Estado. El documento insta a que el Gobierno asuma acciones ante la situación de las carceles, espacios en los que se vive en hacinamiento, inseguridad y prácticas vulneradoras de los derechos humanos.
“Son quince recomendaciones que la Defensoría del Pueblo emite en relación a este informe, de las cuales, las de mayor importancia apuntan a la Cámara de Diputados que debe aprobar el Proyecto de Ley 080/2023-2024 (Ley Integral contra la Tortura); al Régimen Penitenciario que debe mejorar infraestructura de celdas con mano de obra voluntaria de personas privadas de libertad (D.S. 5251); a la Policía Boliviana que debe informar derechos a detenidos en celdas policiales”, expresó el delegado de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación del documento.
Las otras instancias a las que se instó a mejorar su labor en torno al tema carcelario, son las Gobernaciones, a las que se pide separar por edad a las niñas, niños y adolescentes en centros de acogida. Asimismo, se instó a las gobernaciones de Pando, Potosí y Cochabamba, promover el acceso a la educación académica y a realizar programas de capacitación de salud sexual.
“Realizar la supervisión y control periódico y sin previo aviso, de las instalaciones, personal, alimentación, servicios básicos, educación, recreación, situación jurídica y visitas, en los centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes públicos, en cumplimiento al artículo 182 incisos d) y h) de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente”, señala una de las recomendaciones para las gobernaciones, en general.
Otra instancia cuestionada es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la que se recomendó desarrollar la supervisión periódica de medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley.
La sexta instancia para la cual se emitió recomendaciones es el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Dirección General de Régimen Penitenciario, para que reciba, revise y analice “el cumplimiento de los requisitos de las peticiones de amnistía o indulto para posteriormente ser remitidas a los juzgados y tribunales pertinentes, en sujeción al artículo 4, parágrafo V del Decreto Presidencial N° 5137 del 26 de marzo de 2025”, detalla el informe.
Cifras carcelarias
El MNP informó que, de acuerdo a la información de Régimen Penitenciario, en la gestión 2024 la población carcelaria superó las 32.000 personas, de los cuales el 58,7% están en calidad de detenidos preventivos, es decir, no tienen sentencia.
Asimismo, conviven 2.184 mujeres en prisión, de las cuales, 62,4% están con detención preventiva: en cárceles coexisten 65 niñas y niños de 0 a 6 años junto a sus madres. Igualmente, revela que, durante el 2024, se registraron nueve decesos violentos y de enero hasta mayo de esta gestión, se reportaron otros 13.
Por otra parte, Callisaya remarcó la necesidad de fortalecer la labor del MNP con el presupuesto adecuado para la operatividad de su misión constitucional y así garantizar el ejercicio de sus funciones, a fin de evitar se repliquen situaciones como sucedió el 2024, cuando se obstaculizó el trabajo del MNP en celdas policiales, tras la aprehensión de ciudadanos. “Obstaculizar la labor del Mecanismo, implica cercenar el derecho a las personas privadas de libertad”, puntualizó
El informe señala que “el Estado incurre en prácticas vulneradoras en la forma de aplicación de sanciones disciplinarias de aislamiento a personas que recién ingresan al penal como una medida de ambientación, o por la prolongación de tiempo de sanciones, falta de atención médica, condiciones inadecuadas de celdas”.
"Abandono del Estado"
Igualmente, señala un boletín oficial de la Defensoría, “se evidenció abandono del Estado en la atención a las necesidades de las niñas y niños acompañantes que permanecen en los centros penitenciarios de mujeres en el país”.
El informe del MNP 2024 también advierte la falta de atención médica inicial a las personas privadas de libertad, el 76% no tuvo la valoración correspondiente al momento de su ingreso a celdas de aislamiento, aun cuando la norma exige se haga un control de la salud. En cuanto a casos de tortura, se identificaron 81 denuncias registradas. El 44% sucedieron en detenciones/celdas policiales, 26% en cárceles; además de que existen procesos penales, desde 2010, sin sentencias ejecutoriadas.
Malos tratos
Respecto a las celdas policiales, el informe señala que, el 45% no tienen cámaras de seguridad. El 16% de privados de libertad reportaron maltratos durante la detención; el 74% de los entrevistados denunciaron que no fueron informados sobre sus derechos al momento del arresto o aprehensión.
En cuanto a los Centros de Reintegración Social, destinado para adolescentes, se informa que la población es de 727 (94.9% hombres). De ese total, el 70% está procesado por delitos de índole sexual. El 12% no tuvo un examen médico. En los Centros de Acogida, el 28% usa habitaciones de contención y se identificó la necesidad agrupación por edades, dado que el 50% de niñas y niños conviven con adolescentes.
Finalmente, el documento muestra que durante el 2024 se realizaron 494 visitas a centros de detención; se aprobó la Ley Integral contra la Tortura (apoyo del ITEI y Coalición Ciudadana); se coadyuvó con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y visita del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT-ONU); y se trabajó visibilizando problemáticas como el hacinamiento, falta de clasificación de personas privadas de libertad, formación insuficiente del personal penitenciario, abusos policiales y desafíos en centros de acogida para niñas, niños y adolescentes.
En el acto de presentación del informe se contó con la presencia de la Coordinadora de la Plataforma Ciudadana para el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Susana Saavedra, y el representante de Coalición Ciudadana para la Prevención de la Tortura y el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Andrés Gautier.