Propuesta
Código Minero: asentamientos recientes de migrantes y derechos preconstituidos serán excluidos de la Consulta Previa
El artículo 72 del anteproyecto de ley del Código Minero excluye los asentamientos de reciente creación de grupos migrantes y los derechos mineros preconstituidos, incluidos los que no fueron objeto de adecuación, de la Consulta Previa y dispone que el actor productivo minero se hará cargo de los costos de ese procedimiento, que tendrá una duración máxima de tres meses.
El documento redactado por el Ministerio de Minería, que se encuentra en proceso de socialización, establece que, para ser sujeto de este procedimiento, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: existencia precolonial y dominio ancestral del territorio; conservación de sus patrones culturales, modos de vida e instituciones propias: sociales, económicas, culturales y políticas, de acuerdo con el artículo 72 del Título VIII.
Establece que, además, el sujeto de consulta deberá ser distinto a los otros sectores de la población y asumir responsabilidades de vida comunitaria y orgánica. Identificación como parte de una nación o pueblo que conserva en la actualidad relación con dicha colectividad. Acceso y gestión colectiva de sus tierras y territorios, sostiene el parágrafo I del mencionado artículo.
El parágrafo II dispone que “no serán considerados sujetos de consulta los asentamientos de reciente conformación constituidos por personas que hubieran migrado con la finalidad de realizar actividad minera u obtener derechos mineros”.
El parágrafo III define que no están sujetos al procedimiento de Consulta Previa: los derechos mineros preconstituidos o adquiridos con anterioridad, incluidos aquellos que hubieran sido objeto de adecuación, y las licencias de prospección y exploración en el marco del artículo 352 de la CPE.
Precisa que la Consulta Previa “no constituye un mecanismo de negociación de derechos mineros ni implica derecho de veto”.
El Título VIII del documento, referido a la Consulta Previa, en su Capítulo Único define que la consulta previa es el proceso de diálogo previo, libre, informado y de buena fe, realizado por el Estado con las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano.
Sostiene que este proceso debe llevarse a cabo mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones, respetando la identidad cultural y el idioma, efectuado por única vez y con la participación del actor productivo minero solicitante, para la suscripción del Contrato de Otorgación de Derechos Mineros, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE) y el presente Código.
El derecho a la consulta está garantizado por el numeral 15, parágrafo II del artículo 30, el artículo 352 y el parágrafo I del artículo 403 de la Constitución Política del Estado.
Para identificar a los sujetos de consulta, el artículo 73 dispone la creación del “Sistema de Identificación de Sujetos de Consulta Previa en Materia Minera”, como instrumento técnico de apoyo destinado a facilitar y simplificar la identificación objetiva y previa de los posibles sujetos de consulta, a efectos de determinar, conforme al presente Código, su convocatoria al procedimiento de Consulta Previa.
El parágrafo I dispone que la Autoridad Nacional Minera (ANM) estará a cargo de la implementación, administración y actualización de ese sistema, mediante una base de datos interoperable con la información territorial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), así como con los datos generados y sistematizados por la autoridad minera, resultantes de la sustanciación de los procedimientos de consulta previa.
La identificación inicial del sujeto o sujetos de consulta previa se realizará mediante el análisis de la información disponible en el Sistema; y la verificación de campo procederá únicamente cuando la información resulte inexistente, insuficiente, contradictoria o no permita establecer objetivamente la identidad o ubicación del sujeto o sujetos de consulta, circunstancia que deberá ser debidamente fundamentada por la ANM antes de su realización, según los parágrafos III y IV.
Las etapas de la Consulta Previa, definidas en el artículo 74, establecen el procedimiento en materia minera, que tendrá una duración máxima de tres meses, computables desde el acto administrativo que disponga su inicio hasta la emisión de la decisión final correspondiente. Se desarrollará en tres etapas.
En la etapa preparatoria, se tiene por finalidad identificar al sujeto o sujetos de Consulta Previa mediante el Sistema de Identificación de Sujetos de Consulta Previa en Materia Minera y, cuando corresponda, mediante verificación de campo, conforme al presente Código.
Concluida la identificación, la Unidad de Consulta Previa correspondiente emitirá el Informe de Identificación o de inexistencia de Sujetos de Consulta Previa. Emitido el informe y puesto en conocimiento, el actor productivo minero solicitante podrá realizar acercamientos previos directamente con el sujeto o sujetos identificados, destinados a facilitar el diálogo y generar condiciones favorables para el desarrollo de la etapa deliberativa.
La Unidad de Consulta Previa realizará las actuaciones de coordinación, organización y preparación necesarias para el desarrollo de la etapa deliberativa, incluyendo la definición del cronograma, metodología, mecanismos de participación, provisión de información y otros aspectos orientados a viabilizar el desarrollo de la consulta previa.
En la etapa deliberativa, la Dirección Departamental o Regional competente, mediante resolución, convocará al sujeto o sujetos de consulta y al actor productivo minero a la reunión de la etapa deliberativa, señalando fecha, hora, lugar y objeto de la convocatoria. La Unidad de Consulta Previa de la Dirección Departamental o Regional competente conducirá la reunión, facilitará el diálogo entre los participantes y velará por que la deliberación se desarrolle conforme a las disposiciones establecidas para la Consulta Previa.
En la reunión, el actor productivo minero presentará la memoria descriptiva, a efectos de facilitar el intercambio de información sobre el alcance y las características del proyecto, sus beneficios, las posibles afectaciones a derechos colectivos y las medidas destinadas a atenderlas, con la finalidad de procurar un acuerdo.
Concluida la reunión, se suscribirá el acta correspondiente, dejando constancia de las posiciones expresadas, el Acuerdo alcanzado y demás aspectos directamente vinculados al desarrollo y resultado de la deliberación. Cuando se alcance Acuerdo, la solicitud continuará conforme al presente Código.
En la etapa III, de no arribarse a un Acuerdo, la Dirección Departamental o Regional remitirá los antecedentes del trámite y de la reunión de deliberación a la Dirección Ejecutiva Nacional de la Autoridad Nacional Minera.
La Autoridad Nacional Minera, previo informe técnico y legal, emitirá Resolución Administrativa determinando la prosecución o no de la solicitud de Contrato de Otorgación de Derecho Minero. La resolución será emitida dentro del plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, computables desde la recepción de los antecedentes.
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) priorizará el acompañamiento al procedimiento de Consulta Previa. Sus determinaciones no tendrán carácter vinculante a efectos de la solicitud del contrato.
En el artículo 75, referido a los costos, el anteproyecto establece que “los gastos de traslado, logística y demás erogaciones necesarias para el desarrollo del procedimiento de Consulta Previa serán asumidos por el actor productivo minero solicitante”.
La ANM será la encargada de administrar los recursos destinados por el solicitante y cubrirá con ellos los gastos que demande el procedimiento de Consulta Previa.
El artículo 76 define que el Actor Productivo Minero deberá presentar una Memoria Descriptiva, como instrumento técnico informativo destinado a proporcionar información suficiente, comprensible, objetiva y pertinente sobre las características esenciales de la actividad minera a ser desarrollada.
La Memoria Descriptiva tendrá carácter informativo y constituirá el documento de referencia para el desarrollo de la Consulta Previa, que deberá contener: identificación, ubicación, extensión y coordenadas del área minera; descripción de la actividad proyectada; características de la geología regional; infraestructura y recursos necesarios para su desarrollo.
Métodos de producción a aplicarse e identificación del tipo de mineral. Identificación preliminar de los posibles efectos de la actividad minera sobre derechos colectivos, así como las medidas previstas para su prevención o gestión. Mapas de ubicación y planos del área minera.