Zona roja

El pasado lunes el Gobierno reveló que interceptó un cargamento ilegal de armas de guerra cuyo destino era el Chapare, en Cochabamba, y cuatro días antes el diario estadounidense The Washington Post publicó una investigación en la que reveló, con base en investigaciones de autoridades paraguayas y estadounidenses, que el narcotraficante prófugo Sebastián Marset enviaba aviones hasta esa misma zona para recoger entre una y dos toneladas de cocaína con destino a Paraguay y luego a Europa. 

Ambos datos fueron minimizados por los dirigentes cocaleros de la región, quienes denunciaron que esto formaría parte de algún plan político para desprestigiarlos, aunque sobran los antecedentes que vinculan al Chapare con la actividad del narcotráfico, excepto, claro, para quienes consideran que esta zona es la reserva moral de la humanidad.

Y no se trata de generalizar y acusar a todos los pobladores de esta región, porque con seguridad la mayor parte de ellos vive de sus actividades agrícolas, el comercio y el turismo, pero habrá que admitir que los narcotraficantes mantienen al Trópico de Cochabamba como uno de sus principales centros de operación en el país, al grado que el zar antidrogas, Jaime Mamani, advirtió que Villa Tunari, uno de los tres municipios que componen la provincia Chapare, “ha sido secuestrado por el narcotráfico”. 

Ya en agosto del año pasado el Gobierno presentó un reporte de georreferenciación en el que reveló que entre el 80% y 90% de las 1.804 fábricas de droga destruidas en territorio nacional entre 2020 y 2023 se encontraban en el Chapare.
“Eso es lo que les molesta a esas exautoridades, eso es lo que les molesta a organizaciones criminales, ese es el motivo, principalmente, por el cual hace meses van pidiendo nuestra renuncia ante el Ministerio de Gobierno, ese es el motivo por el cual amenazan con bloquear carreteras, porque estamos realizando este trabajo”, dijo entonces el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Según un recuento realizado por el diario Los Tiempos, entre septiembre de 2023 y febrero de este año, los municipios de Entre Ríos, Villa Tunari, Puerto Villarroel y Shinahota, de la región del Trópico de Cochabamba, reportaron 18 casos de asesinatos, secuestros, torturas y emboscadas vinculadas al narcotráfico. “Los crímenes se ven con más saña, sin considerar si se trata de niños, adultos, ancianos o mujeres. Los asesinatos en su mayoría se dieron por ajuste de cuentas por deuda económica o narcotráfico”, señala el reportaje.

A fines de marzo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Tito Villca, informó a Visión 360 que hasta ese mes se ejecutaron 2.432 operativos antidroga en territorio de los sindicatos cocaleros del Chapare, con un saldo de 17 toneladas con 195 kilos de cocaína secuestradas.

Ese mismo mes, el ministro Del Castillo informó que en 2023 se contabilizaron 13 secuestros en el Trópico de Cochabamba, todos ellos vinculados al narcotráfico. Dio el dato luego del secuestro de René Tarqui, un hombre de 52 años por cuya liberación tres encapuchados pidieron $us 100 mil. 

Y la semana que concluye, casi en paralelo a revelarse el dato de los aviones de Marset levantando toneladas de drogas desde el Chapare, un operativo en el municipio de Villa Tunari desmanteló 27 fábricas móviles de droga y secuestró 122 kilos con 529 gramos de cocaína líquida. Cinco personas fueron aprehendidas.

Los datos son por demás preocupantes y apuntan a que el Chapare es nomás una zona roja del narcotráfico, lo que debería preocupar a todos los bolivianos, pero fundamentalmente a los dirigentes de esa región, responsables de proteger a sus habitantes. No es con denuncias políticas que se ahuyentará a los narcos de esa zona; es , al parecer, con mayor interdicción y con mayor presencia de las fuerzas antidroga.