martes 24 de febrero de 2026

Análisis

Hay tres vías legales para terminar el mandato de los magistrados "autoprorrogados", según autoridades y expertos

Para el exministro de Justicia, Carlos Goitia, la solución de fondo a la crisis en este sector es la reforma constitucional y evitar actuar al calor de la coyuntura política.
Un jurado electoral muestra la papeleta de elecciones judiciales el pasado domingo. Foto: APG
Un jurado electoral muestra la papeleta de elecciones judiciales el pasado domingo. Foto: APG
martes 17 de diciembre de 2024

De acuerdo al análisis de autoridades y expertos, hay tres alternativas legales para terminar con el mandato de los magistrados "autoprorrogados" del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sin embargo, se menciona que la única solución de fondo a la crisis de la justicia en el país, es la reforma constitucional.

Luego de que se realizaron las Elecciones Judiciales “parciales” el 15 de diciembre, desde el ámbito político y electoral se lanzaron propuestas para reemplazar a los magistrados autoprorrogados en el TSJ y el TCP, con los postulantes que resulten electos como suplentes.

Recordemos que, en noviembre, los actuales magistrados autoprorrogados de la Sala Cuarta del TCP, Yván Espada y Gonzalo Hurtado, emitieron la sentencia constitucional (SC) 0770/2024, por medio de la cual determinaron que se haga una excepción a la Constitución Política del Estado (CPE) y se realice una inédita Elección Judicial “parcial”.

Es decir, se decretó nula la preselección de postulantes realizada en la Asamblea Legislativa, para Beni y Pando, y se decretó desierta la convocatoria a la elección de magistrados del TSJ en ambos departamentos, y del TCP para Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Se debe precisar que la SC 0770/2024 no afectó a las elecciones a magistrados al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, las que se desarrollaron en todos los departamentos.

Continuar con las elecciones

El primero en explicar una de las tres vías legales para reemplazar o terminar con el mandato de los actuales autoprorrogados, fue el ministro de Justicia, César Siles.

“El TCP, que ha convertido en inéditas estas elecciones, a través de la SC 0770/2024 y complementada con la SC de sala plena 777/2024, ha declarado desiertas las elecciones en determinados departamentos, dos (cargos) en el TSJ y cinco en el TCP, y al declarar desierta esta convocatoria, como en cualquier otro proceso, tienen que volver a emitir la convocatoria”, explicó Siles en una entrevista con Bolivia TV.

Añadió que la ley 1549, que dio vía libre a las Elecciones Judiciales “parciales” del domingo, ahora debe ser adecuada en la Asamblea Legislativa para convocar a elecciones en los cinco departamentos en los que no se realizaron hasta el momento.

¿Salida política?

El domingo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y su colega Tahuichi Tahuichi Quispe plantearon, por separado, que para evitar ir a una elección complementaria se podría definir una solución, pero que esta depende de la “voluntad política”.

Esta salida se tendría que realizar vía la Asamblea Legislativa, y se terata de la modificación de la Ley del Órgano Judicial 025, para habilitar a los tres suplentes más votados junto a los cuatro titulares elegidos en las elecciones judiciales para reemplazar a los magistrados autoprorrogados del TCP. Se utilizaría una salida similar para el caso del TSJ.

Sin embargo, horas más tarde, Hassenteufel aclaró que un proyecto de ley de estas características no fue analizado por el TSE y que, además, se debe revisar si la misma está dentro de sus competencias.

“Tenemos que revisarlo adecuadamente para ver si, primero, está dentro de nuestro ámbito de competencia y, segundo, ver si hay el consenso necesario al interior de la Sala Plena”, afirmó el Presidente del TSE.

Al margen de lo que se podría proponer desde el Órgano Electoral, el abogado constitucionalista, Abel Loma, fue más concreto y enumeró las tres vías legales, vigentes, por medio de las cuales se podría terminar el mandato de los autoprorrogados.

Loma explicó a Visión 360 que la primera alternativa es la continuidad del proceso de preselección en la Asamblea Legislativa, para luego ir otra vez a las urnas en esos cinco departamentos, como lo señaló el ministro Siles.

La segunda alternativa, evidentemente, es la modificación de las leyes 025, del Órgano Judicial, y la 027, del Tribunal Constitucional, para que los nuevos magistrados suplentes asuman el cargo. Pero, esta opción amerita un consenso político y un largo proceso de reforma parcial de la Constitución, que no es posible por la falta de consenso político en la Asamblea Legislativa, principalmente por las pugnas internas del MAS.

La tercera salida, en criterio de Loma, es que los magistrados autoprorrogados, entre ellos Espada y Hurtado, “puedan destrabar esta situación jurídica inaudita y renunciar al cargo, por el bien del país y por no vulnerar el derecho de acceso a la justicia de la sociedad, ya que la norma prevé que, por impedimento o renuncia, los suplentes puedan asumir el cargo”, detalló Loma.

Solución de fondo

No obstante, el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia expresó su desacuerdo con las alternativas de designación de suplentes ante una renuncia o la reforma de la 025 y la 027. En contacto con Visión 360, señaló que, en su criterio, la designación de los suplentes malversaría el voto ciudadano, debido a que se designaría a un funcionario en un cargo distinto para el cual fue elegido en los comicios.

Asimismo, explicó que, en caso de la renuncia de los actuales magistrados, estos tienen sus propios suplentes.

Respecto a la reforma de las dos leyes, Goitia descalificó las mismas y mencionó que la estructura del Órgano Judicial es distinta a la de otros órganos, pues no hay un presidente del mismo y que en el marco constitucional se debe evitar “alternativas que lleven al desastre” judicial.

Para Goitia, la solución de fondo a la actual crisis de la justicia es la realizar, lo antes posible, un proceso de reforma constitucional que, entre otros cambios, elimine la elección judicial por voto popular que, en su criterio, han provocado el descrédito del Órgano Judicial.