Corrupción

A la par del escándalo en el Órgano Judicial que ha destapado la existencia de una red que trafica con fallos judiciales en aparente coordinación con actores de alto nivel del Ejecutivo, Bolivia ha recibido esta semana la noticia de que es considerado el país más corrupto en la región y el segundo más corrupto en el mundo, según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), que es una organización independiente, internacional y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de Derecho en todos los países.

Lastimosamente no es una novedad. Los bolivianos estamos acostumbrados a ocupar los escalones más vergonzosos en este tipo de estudios internacionales y hasta parece que nos hemos resignado a sobrevivir en un país carcomido por la corrupción, algunas veces incluso alimentándola aunque ello contravenga nuestros principios. ¿Cuántos bolivianos podrán decir que jamás pagaron para salir de una infracción de tránsito, para obtener algún documento, para ocupar un cargo o para recibir atención en un proceso judicial? 

La corrupción se ha institucionalizado y erradicarla es cada vez más difícil; es como un cáncer que hizo metástasis y que ahora ha puesto en riesgo la vida misma del paciente. Un cáncer debería ser extirpado hasta en su última célula para evitar que se reactive. Sin medias tintas, porque visto está que son insuficientes leyes como la 004 (de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas en Bolivia) o la apertura de unidades anticorrupción que no son absolutamente independientes.

Según el informe de WJP, que analizó 142 países y jurisdicciones para evaluar la situación del Estado de Derecho a través de ocho factores, Bolivia se posicionó en el puesto 141 dentro del indicador “Ausencia de corrupción”, solo por encima de la República Democrática del Congo. Obtuvo 0,23 puntos en este factor, lo que representa una caída de cuatro posiciones respecto al anterior informe.

La mayor debilidad para Bolivia se presenta en relación con los funcionarios judiciales, donde se ocupa el lugar 140 entre 142 naciones. Le siguen la corrupción en la Policía y el Ejército (puesto 137), en el Ejecutivo (131) y en el Legislativo (120).

El Gobierno, mediante la ministra de Justicia, Jessica Saravia, rechazó la contundencia de ese informe alegando que se desconoce la metodología que utiliza. Dijo que Bolivia es evaluada constantemente por organismos internacionales y entidades que sí cumplen con una metodología. Contó que solo en el primer semestre del año se tienen emitidas en la justicia más de 50 sentencias en casos de lucha contra la corrupción y que el año pasado fueron 100. ¿Será suficiente?

En febrero de este año, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que Bolivia ocupa el puesto 133 entre 180 países analizados, un punto más abajo que un año antes. El país se encuentra entre los diez más corruptos de Latinoamérica, por encima de México (26), Guatemala (25), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16) y Nicaragua (14). El IPC es la clasificación global de corrupción más utilizada en el mundo y mide qué tan corrupto se percibe el sector público de cada país, según expertos y empresarios.

Y los antecedentes para estar en esos lugares sobran. Solo en la actual gestión de gobierno siete ministros se marcharon o fueron destituidos en medio de denuncias de corrupción; uno de ellos fue descubierto en flagrancia tras recibir un soborno por un saneamiento de tierras.

En el anterior gobierno se compraron gases con sobreprecio y hasta se pisoteó el dolor de la población que combatía la pandemia del Covid-19 con un negociado de respiradores de procedencia española. Y antes de esa gestión están los casos del Fondo Indígena, Catler-Uniservice, CAMC, Barcazas chinas, Taladros y muchos más.

Eso en el Gobierno central, porque sumado a lo que ocurre en los gobiernos departamentales y municipales, o en el sistema universitario, el material podría dar de seguro para escribir enciclopedias de muchísimos tomos.

Las cosas no cambiarán mientras no exista una real independencia de poderes, acceso público a la información gubernamental, administración pública con bajos niveles de clientelismo y meritocracia real, protección efectiva a denunciantes de corrupción, auditoría independiente del gasto público, y alto involucramiento ciudadano y de la prensa en el control del poder. O asfixiamos a los corruptos o ellos asfixian al país.