Bolivia aún importa mercurio por toneladas cada año y se lo vende incluso por redes sociales

A pesar de que el Estado Plurinacional firmó en 2013, y en 2015 ratificó por ley, el Convenio de Minamata, entre 2014 y 2023 (no hay cifras 2024 y 2025), importó 1.285 toneladas de mercurio y a la fecha no existe prohibición alguna para la comercialización y uso de este material tóxico, que incluso se ofrece libremente a través de páginas virtuales como Marketplace (Facebook).

Además, el Gobierno que está a pocos meses de finalizar su mandato constitucional, recién trabaja en la socialización de un Plan de Acción Nacional para eliminar de manera gradual el uso de este componente, el cual se aplicaría entre 2027 y 2031 hasta en un 60%.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), revelan que en 2014 las importaciones de mercurio fueron de solo 12,7 toneladas y un valor de 522.910 dólares, pero al año siguiente se dispararon a 151 toneladas por 6,8 millones de dólares y, en 2016 el volumen llegó a su máximo nivel con 238 toneladas por 6,3 millones de dólares.

En 2020, las compras externas fueron de 165 toneladas por valor de 9,5 millones de dólares; al año que sigue se adquirió un volumen similar, pero por 5,2 millones; mientras que en 2022 las importaciones descendieron a 95 toneladas y fueron por un valor de 5 millones de dólares; y en 2023, a 71 toneladas, por 4,1 millones de dólares. En nueve años, el promedio de importaciones fue de 107 toneladas por año.

El Convenio de Minamata tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y la contaminación provocadas por este metal tóxico. El Convenio regula todo el ciclo del mercurio (suministro, comercio, uso, emisiones, liberaciones, almacenamiento y gestión de desechos y sitios contaminados).

Sin embargo, en todo este tiempo, Bolivia solo aprobó un decreto supremo, el número 4959 del 14 de junio de 2023, que no establece restricciones ni plazo para dejar de emplear la sustancia, solo crea el Registro Único de Mercurio (RUME), para la inscripción de importadores y comercializadores de mercurio. También establece la Autorización Previa, para que la Aduana realice el control respectivo al momento de ingreso o egreso de esta sustancia al país.

El Ministerio de Salud y Deportes creó la Red de Toxicología, compuesta por médicos clínicos, especialistas en investigación de temas de intoxicación; así mismo, socializó en un taller al personal en salud de los municipios donde existe explotación aurífera para que se aplique el “Plan Nacional de Mercurio y Salud”, que es una guía de diagnóstico, tratamiento y vigilancia de personas que trabajan expuestas al mercurio.

En una revisión en redes sociales, este medio verificó diferentes anuncios de comercialización de mercurio azogue para la minería, en especial en Marketplaces (Facebook), que señalan que este producto se ofrece a 3.500 bolivianos el kilo. 

De manera similar, por medios virtuales proliferan anuncios de “mercurio ruso” a ocho mil bolivianos el kilo, con entrega a domicilio, el mercurio alemán o el español. También hay grupos dedicados a acercar vendedores con compradores.

En octubre de 2023, el Ministerio de Minería y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) suscribieron un acuerdo para ejecutar el Plan de Acción Nacional para la implementación del Convenio de Minamata en el sector minero, cuyo objetivo central es reducir las emisiones del mercurio.

“Este plan está destinado a convertirse en una guía en nuestros esfuerzos colectivos para reducir las emisiones de mercurio, mejorar las prácticas de extracción de oro y minimizar su impacto tanto en la salud humana, como en el medio ambiente, velando por la salud de los mineros artesanales y de pequeña escala, y de toda la población en general”, precisó el entonces ministro de Minería, Marcelino Quispe.

Sin control

La senadora Cecilia Requena explicó que tras la ratificación del Convenio de Minamata, en 2015, Bolivia tenía un plazo de tres años para elaborar un plan de reducción y eliminación del uso del mercurio.

Países de la región como Perú, Colombia y Brasil cuentan con un plan y han prohibido en un 100% el uso de esta sustancia en la actividad minera, además de las importaciones. “El único país de la región que es un incordio y está destruyendo los esfuerzos de los países fronterizos es Bolivia, que no ha prohibido la importación de mercurio y solo ha determinado el registro de importadores e importaciones”, apuntó.

Incluso, dijo que el registro fue por iniciativa de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, de la Relatoría Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, y del Cedib, porque antes ni siquiera existía esto.

Añadió que la gestión del presidente Luis Arce tuvo más de cuatro años para cumplir con la tarea de elaborar un plan, a pesar de que Onudi realizó todos los esfuerzos para financiar y apoyar esta estrategia.

“El Gobierno ha demorado todo lo que ha podido para aceptar la ayuda; pero, por la presión social, permitió que se contrate una entidad que elabore el plan, que debería estar listo hace tiempo. Pero hubo mucho secretismo y otra vez la táctica de retrasar”, puntualizó.

Ante la excesiva demora, Requena teme que el plan no sea aprobado, ya que el Gobierno está de salida o por finalizar su mandato y se desconoce su contenido, puesto que es socializado de manera excluyente.

“La Comisión de Tierra y Territorio, y Recursos Naturales, que tiene un mandato constitucional y trabaja y fiscaliza a la minería, nunca fue invitada a los talleres de socialización y eventos, no se tiene acceso al plan. Si el Gobierno no tiene el coraje de cumplir con su deber de responder a los derechos a la salud y medio ambiente sano, y agua que no mate, y antes de irse no lo aprueba, tendrá que ser labor del próximo Gobierno”, subrayó.

Requena atribuyó la demora a la presión y al poder económico y político que ejercen los cooperativistas que controlan la producción de oro en el país. “Ellos deciden quién es ministro de Minería, viceministros, directores de entidades como la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), en el Senarecom. Es por eso que el Gobierno demora en un plan y responde al interés ecocida y criminal de la minería del oro, que quiere seguir usando una técnica colonial, ineficiente”, apuntó.

La parlamentaria agregó que la falta de un plan y controles condenan a las poblaciones ribereñas y a los pueblos indígenas a la desaparición, porque al esparcirse el mercurio en los ríos y en la tierra, deja daños irreversibles, incluso para la población en las ciudades que consume pescado contaminado.

Se podría recuperar más oro con otras tecnologías como las mesas gravimétricas, explica, pero se opta por lo fácil, la compra de mercurio que ni siquiera se recicla después.

“El mercurio se vende hasta en ferreterías, lo cual representa un riesgo, porque al calentarse con la temperatura ambiente, se vuelve gas y las personas del entorno lo pueden aspirar, y esa es una de las formas más contaminantes y dañinas para la salud; hay fraccionamiento y está quemando las amalgamas para separar en las calles de La Paz y El Alto”, observó Requena.

Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), sostuvo que lo único que ha realizado el Estado es aprobar un decreto de registro de importadores de mercurio, pero una de las primeras obligaciones que asume Bolivia, al ratificar por ley el Convenio de Minamata, es elaborar un plan para la reducción del uso de mercurio.

“De 2015 a 2025 no hay plan aún, recién este año elaboraron una propuesta, pero hay resistencia de mucha gente que argumenta falta de consulta y participación y, entre tanto, el mercurio se sigue usando de forma libre para la explotación de oro en el Norte de La Paz y el daño que se está provocando a la salud y al medio ambiente es terrible, no hay control”, advirtió.

Se han hecho estudios en la sangre de personas y se ha demostrado que el contenido es de hasta 20 veces más de lo tolerable en el organismo y pone en riesgo la salud de niños y mujeres embarazadas o expone a la gente a daños neurológicos, en especial a personas mayores.

De acuerdo con Córdova, no debería ser complicado elaborar un plan y regular el uso de mercurio, pero hay resistencia de quienes explotan el oro a título de las cooperativas que tienen mucho poder.

“Este plan tiene que limitar el uso de mercurio a esta gente y creo que ese es el problema de convencer a esta gente poderosa. No se conoce el contenido de la propuesta de plan, pero seguro habrá resistencia de la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que ya han adelantado su rechazo porque no fueron consultados”, afirmó.

Para el experto, en la actual coyuntura, cualquier medida que impulse el Gobierno será observada porque cómo podría asumir responsabilidades para el futuro, cuando ya está por finalizar su mandato y es probable que la nueva administración tampoco lo acepte.

Córdova dijo que hay muchas alternativas al uso del mercurio en la explotación aurífera, como por ejemplo el empleo de máquinas ultracentrifugadoras que permiten recuperar el metal sin contaminar el medio ambiente.

También hay disolventes biológicos o la retorta que se utiliza para separar el oro del mercurio por destilación, evitando la emisión al medio ambiente y recuperando el metal. Estas herramientas permiten capturar los vapores generados en el proceso de amalgamación y condensarlos en mercurio líquido reutilizable. Su costo es de 100 dólares, pero ni siquiera estas alternativas son aceptadas por las cooperativas, agregó Córdova.

De acuerdo con el experto, para eliminar de manera definitiva el uso de mercurio, se podría desde el Estado generar incentivos para que las empresas privadas instalen y monten plantas de procesamiento de oro con tecnología de punta en las zonas auríferas, donde los mineros lleven su producción y la depuren, a cambio de un pago a estas compañías.  Para generar interés, también se puede ofrecer rebaja de regalías u otros alicientes para que, en el plazo de un año, se sustituya o se deje de usar el mercurio en la explotación aurífera.

Un análisis publicado por la Fundación Solón sobre el Estado de situación de la minería del oro en el Norte de La Paz y parte del Beni, y una presentación a cargo de Manuel Salinas, técnico de WCS, institución con larga trayectoria en la conservación ambiental y parte del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), revela los impactos de la minería del oro.

Hay lugares de explotación mecanizada con evidentes impactos como en la zona de Larecaja Tropical; una zona de minería artesanal de bajo impacto en algunas comunidades sobre el río Beni; y hay otras zonas que no tienen actividad minera, pero que sufren los impactos de la actividad por la contaminación con mercurio. “Para producir 1 kilo de oro se llega a usar 10, 15 o hasta 20 kilos de mercurio que va directamente al ambiente y el mercurio no es biodegradable (…). Un dato interesante es que nuestro país es de los mayores importadores de mercurio del mundo”, señala el diagnóstico.

Se hizo referencia al estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que en 2023 demostró que el 74,5% de la población indígena participante de la muestra (302 personas) superó el rango máximo establecido a nivel internacional (1 ppm) y marcó un promedio de 3,93 ppm de mercurio en sus cuerpos.

 Esta contaminación se debe principalmente a la liberación de mercurio al ambiente, sobre todo a los ríos, provocando la conversión del mercurio metálico en metilmercurio y generando la contaminación en los peces y, por su intermedio, a las personas que consumen pescado, por lo que los principales afectados son aquellos pueblos o comunidades indígenas que tienen al pescado como principal fuente de proteína en sus dietas.

ONU recibe quejas de indígenas y socializan un plan

A más de cinco meses del Examen Periódico Universal (EPU) a Bolivia, en su cuarto ciclo, la coalición de organizaciones de pueblos indígenas y defensores de Derechos Humanos de la sociedad nacional hizo conocer el 1 de julio, ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, su preocupación por la insuficiente respuesta del Gobierno al momento de abordar la problemática de la contaminación por mercurio, provocada por la minería aurífera y la reducción del espacio cívico.

“Nos preocupa que nuestro gobierno haya abordado insuficientemente la grave contaminación de nuestros ríos y fuentes de agua por mercurio utilizado en la minería aurífera. Y también nos preocupa que países vecinos, afectados por el tráfico ilegal de mercurio desde Bolivia, no se hayan referido a este problema”, señala la declaración oral que fue leída durante el 59º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según reflejó la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).

El Gobierno comenzó a socializar un Plan de Acción Nacional que plantea eliminar la práctica de molienda-amalgamación con una meta a corto plazo 2025-2026 para que el 5% de los actores mineros eliminen el uso de mercurio.  Para 2027-2029, la meta se extiende al 35% de los actores y en 2030-2031, a un 60%.

También se propone el empleo de tecnologías limpias, como el amalgamador sin molienda, retorta y reactivador de mercurio y lograr, para 2025-2026, que se reduzca el uso de mercurio en un 5%; un 35% en el periodo 2027-2029, y un 60% para 2030-2031.

Esto permitirá reducir el uso de esta sustancia entre 86 y 107 toneladas año y la pérdida entre 46 a 56 toneladas anuales.

La otra meta es la reducción de uso y pérdida en la minería aluvial con el empleo de tecnologías limpias. Para 2025-2026 se reduciría el uso en 10%.

Entre 2027 y 2029 en un 30% y, a largo plazo, 2030-2031 en un 60%. De esa forma se disminuiría el uso de mercurio entre 24 y 31 toneladas año y la reducción de las importaciones entre 21 y 27 toneladas.

El plan fue expuesto en el foro internacional cerrado “Intercambio de experiencias regionales en la implementación del Convenio de Minamata y el Plan de Acción Nacional”. Participaron el Observatorio del Mercurio y la CAN.