Denuncian que Ministerio de Economía pretende recortar presupuesto de la Defensoría del Pueblo

Redes, plataformas y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron hoy la intención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) de reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo correspondiente a esta gestión.

Un comunicado público de más de 60 organizaciones informa que el MEFP pretende “reducir significativamente el presupuesto de la Defensoría del Pueblo (30 % de la masa salarial y 10 % de los gastos corrientes)”.

Las instituciones que firman el documento llaman la atención sobre el gran impacto que esta reducción tendría en la capacidad operativa de esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En ese marco, consideran que el presupuesto es una condición esencial para el cumplimiento de su mandato con plena capacidad humana, técnica y autónoma, lo cual ha sido relevado en diversas recomendaciones dirigidas al Estado boliviano por los organismos internacionales de derechos humanos.

Recuerdan que la Defensoría del Pueblo cumple un rol fundamental dentro del sistema democrático, pues asume el mandato de promover, proteger y defender los derechos humanos, particularmente de los grupos en situación de extrema vulnerabilidad frente a posibles abusos del Estado u otros actores.

Si bien reconocen que deben adoptarse medidas de ajuste para enfrentar la crisis económica, “ellas no pueden traducirse en un debilitamiento de la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos”.

Manifiestan que, en contextos de mayor vulnerabilidad social, es aún más necesario asegurar que las instituciones encargadas de protegerlos cuenten con independencia, recursos suficientes y capacidades institucionales adecuadas para cumplir plenamente su mandato y responder de manera efectiva a las demandas de la ciudadanía.

La sociedad civil observa con preocupación que la reducción del presupuesto debilitaría la capacidad de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de la ciudadanía, disminuyendo su personal, presencia territorial y limitando los medios para recibir denuncias e investigarlas oportunamente, ejercer sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y promover la mediación de conflictos sociales, entre otras funciones, aumentando, por tanto, la vulnerabilidad de poblaciones que dependen de esta institución.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exhortamos al Estado a considerar la perspectiva de derechos humanos en el marco de las medidas económicas para afrontar la crisis, revisando la reducción de recursos a la Defensoría del Pueblo y asegurando la sostenibilidad de sus servicios a nivel nacional.