El Chapare, nuevamente

Comenzamos 2025 con la noticia de que pobladores de varias regiones del país se concentran en el Trópico de Cochabamba para engrosar las filas de una irregular guardia civil montada para impedir que el expresidente Evo Morales sea aprehendido, como consecuencia del proceso que se sigue en su contra por el delito de trata de personas.

Se trata de un operativo que ha puesto en evidencia, una vez más, que esa zona es rehén del control político-sindical y de las actividades del narcotráfico, lo que se constituye en una bomba de tiempo para la seguridad interna del país. Cabe recordar que, a fines de 2024, los pobladores de esa región tomaron cuarteles militares y expulsaron a la Policía Boliviana, en medio de un bloqueo que dejó una millonaria pérdida para el país.

Ahora, ejecutan la vigilancia civil realizando operativos de control en los hoteles de la zona y hasta en las unidades policiales, en busca de agentes que pudieran haber ingresado al lugar para capturar al expresidente, quien se niega a responder presencialmente ante la justicia respecto a las acusaciones que pesan en su contra. La anterior semana, los “vigilantes”, encabezados por dos legisladores “evistas”, ingresaron incluso a revisar las dependencias de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), que es la encargada de luchar contra el narcotráfico.

Los movilizados argumentan que lo hacen para evitar que se consume un acto de persecución política y de injusticia, alentado por el gobierno de Luis Arce Catacora en alianza con la oposición y, cuándo no, el imperio norteamericano. Pero el cerco de protección es para impedir que la mano de la justicia proceda como manda la ley en casos en que los acusados por algún delito se resisten a presentarse ante una autoridad judicial.

“Seguridad de élite”, la denominó el dirigente cocalero Vicente Choque durante una entrevista con radio Erbol, en la que además advirtió que “para la aprehensión de nuestro hermano Evo, seguramente va a correr sangre…”.

La seguridad ha sido reforzada en coincidencia con la notificación mediante un edicto para que Morales se presente a declarar ante el juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija (sur), que además fijó para el 14 de enero de este año, a las 09:30, su audiencia de medidas cautelares.

En esa audiencia, el juez debería decidir si Morales enfrenta el proceso en libertad o bajo prisión preventiva. El Ministerio Público anticipó que solicitará su detención preventiva por seis meses en una cárcel pública del país. Pero Morales se rehúsa y ahora se atrinchera en el Chapare protegido por sus seguidores.

“A partir de ahora, desde ya, primero seguridad para el hermano Evo Morales Ayma y se ha dicho: aquel que quiere venir a aprehender al hermano Evo, que venga, pero decidido a morir”, advirtió el lunes el diputado Gualberto Arispe. Luego “aclaró” que no fue una amenaza sino una declaración, efecto del estado de ánimo de la gente del lugar; pero lo cierto es que varios de los “evistas” movilizados mencionan que están decididos a dar la vida por su líder, a quien además quieren ver como candidato a la Presidencia este año, aunque haya dos fallos constitucionales que lo inhabilitan.

Lo lamentable es que, una vez más, una zona tan fértil para la producción y el turismo se encuentra presa del conflicto, con pobladores y visitantes que deben someterse a requisas en cualquier momento del día y de la noche, cuando la denominada guardia sindical así lo disponga. 

Todo ello para proteger a un hombre que, como cualquier otro boliviano, simplemente debería presentarse ante los juzgados para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra, que en este caso son muy graves. 

Ya le recordaron en reiteradas oportunidades lo que decía en 2016 en casos como estos: “Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. No es un perseguido político”.