Un país peligroso para los periodistas

El último ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF), presentado el 3 mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, establece que Bolivia se encuentra entre los países con mayores ataques hacia periodistas, en el puesto 124 de una clasificación que evalúa a 180 naciones, con 48,8 puntos. 

Bolivia aparece en la categoría de “situación muy difícil”, muy cerca de los países en riesgo “muy grave” contra la libertad de prensa, que es cuando una nación cae por debajo de los 40 puntos.
“En Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales, atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la Policía”, señala el informe de RSF sobre Bolivia.

Y esta semana vimos que la situación está lejos de cambiar. De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de la Prensa, al menos nueve periodistas fueron agredidos al realizar su labor de cobertura de la denominada “Marcha Para Salvar Bolivia” (Marcha de la Muerte, para el Gobierno). En estos casos, los agresores fueron grupos interesados en evitar que se difunda información que afecte sus intereses, lo que constituye un grave atentado contra la libertad de información, que es un derecho humano fundamental reconocido por el derecho internacional.

El caso más grave le tocó vivir a la corresponsal de la red televisiva Cadena A en Oruro, Irene Torrez, quien fue golpeada por un grupo de movilizados del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes la obligaron a borrar de su teléfono celular las imágenes que había tomado de una violenta pateadura que estos dieron a un miembro del ala contraria, en la localidad de Sica Sica, el martes.

La periodista contó que los siete varones que la agredieron entraron en cólera en el momento en que ella se identificó como periodista y que, cuando la empujaron y se encontraba de rodillas, la obligaron a borrar sus archivos del celular, incluida la papelera, lo que significa que estaban preparados para este tipo de situaciones.

“Este ataque no solo me afecta a mí, es un intento de silenciar la verdad que el pueblo boliviano necesita conocer. No puedo quedarme en silencio ante el daño que esto representa”, escribió Torrez en su cuenta en Facebook.

Otro caso ocurrió el mismo día, en Caracollo. Un periodista de la red SEO TV fue impedido de realizar su labor, esta vez por un grupo de afines al ala “arcista”, quienes se acercaron amenazantes para que corte su transmisión. “Está prohibido grabar”, le gritaban, mientras el comunicador defendía su derecho a hacerlo. Al final se impusieron los violentos.

Además, un equipo de periodistas de la red estatal Bolivia TV fue retenido por movilizados del ala “evista”. Mediante un comunicado, el Gobierno denunció que les obligaron a borrar videos y que les robaron equipos de trabajo.  A estas agresiones se suma una a un reportero de Wara TV y otra a uno de la red DTV, medio de comunicación que además sufrió el ataque a uno de sus vehículos.

Con los tres primeros casos narrados con anterioridad, el Observatorio de Defensores de Derechos de la red Unitas estableció que, en lo que va del año, la cifra de agresiones a periodistas subió a 82. Incluidos los seis casos más que identificó la ANP, estos llegarían a 88.

Y a estos habría que sumar, además, un incidente que ocurrió el viernes, cuando un grupo de seguidores de Evo Morales agredió a varios periodistas que cubrían el intento de entrega de una carta de invitación al diálogo al expresidente.

Cuando Morales fue consultado por estos casos, respondió que seguramente eran infiltrados o funcionarios del Viceministerio de Comunicación, lo que únicamente alimenta la ira de sus seguidores contra los periodistas que no forman parte de sus redes comunicacionales y aumenta el riesgo para el resto.

Lo que debería hacer, por el contrario, es llamar a sus bases a respetar la libertad de prensa, pero todo indica que eso no va a ocurrir y que seguirá contribuyendo a los indicadores para que este país no sea peligroso para los periodistas.