Bloquear los bloqueos

¡Ya es suficiente! Los bloqueos como expresión de protesta en Bolivia deben ser erradicados de una vez por todas, porque lo que han conseguido en los últimos años es asfixiar la economía del país, destrozar la imagen internacional y derramar sangre de los bolivianos cuando forman parte del “rito” para derrocar gobiernos.  

Lo ocurrido en las últimas dos semanas ha puesto en evidencia más que nunca esta necesidad, ya que el bloqueo, que nació como mecanismo de protesta durante los gobiernos de las dictaduras militares, pasó a ser utilizado como escudo para la impunidad e incubadora de alzamientos sediciosos.

De acuerdo con los informes sobre conflictividad elaborados por la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y junio de este año se registraron 82 bloqueos en el país, algunos de los cuales duraron más de 10 días y dejaron pérdidas incalculables, por las que nadie se hace responsable.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, calculó que el aparato productivo boliviano pierde alrededor de 190 millones de dólares por día a causa de los bloqueos de carreteras, lo que significa que, hasta el viernes, día en que se escribió este editorial, las pérdidas por el bloqueo “evista” habrían superado los dos mil millones de dólares, un castigo inadmisible a la crítica situación de la economía boliviana.

La historia es recurrente y los bolivianos ya no podemos aceptar este desangramiento crónico justificado con el argumento del derecho a la protesta, que no es derecho al bloqueo y menos, derecho a destrozar las carreteras, la economía y la imagen del país. Por ello, es hora de bloquear definitivamente esta práctica antinacional, tal como lo hicieron otros países, penalizando su práctica y aplicando condenas ejemplarizadoras.

Perú, por ejemplo, aplica una “pena privativa de la libertad no menor de diez años ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco mil días de multa” para quienes afecten vías terrestres nacionales, departamentales y locales (artículo 315 del decreto 1589), mientras que México impone de uno a cinco años de prisión a quienes estorben el tránsito de vehículos en caminos públicos (artículo 167 del Código Penal Federal).

En esa línea, ya se presentaron varias iniciativas para castigar a los bloqueadores, que hoy deberían ser desempolvadas con carácter de urgencia para impulsar un debate extraordinario que concluya con la aprobación de alguna normativa.

El 25 de enero de este año, cuando un bloqueo contra los magistrados autoprorrogados asfixiaba al país, el abogado constitucionalista Williams Bascopé presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el “Proyecto de prohibición de bloqueos de carreteras en el Estado Plurinacional de Bolivia”, en el cual propuso sancionar a los bloqueadores con 15 años de cárcel, y hasta 20 años cuando se presente la agravante del uso de dinamitas, en el entendido de que los responsables deberían ser procesados por terrorismo. Planteó sanciones para ciudadanos, dirigentes sindicales y organizaciones sindicales.

El 29 de enero el diputado Óscar Balderas Montaño presentó un proyecto de ley de modificación del artículo 231 del Código de Procedimiento Penal, tipificando y penando la interrupción del libre tránsito y bloqueo de carreteras y caminos. “Quien bloqueare y/o interrumpiere por cualquier medio el libre tránsito de vehículos y/o personas por carreteras principales o caminos secundarios del país, será sancionado con privación de libertad de 5 a 8 años”, señala el proyecto.

El jueves 15 de febrero, la Cámara Nacional de Industrias presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal e incorporar el delito de “obstrucción de vías públicas”, para sancionar con entre cuatro y ocho años de cárcel, y multa de 60 salarios mínimos nacionales, a quienes ilegalmente procedan al bloqueo total o parcial de caminos, u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas.

La semana que concluye un grupo de diputados de Cochabamba decidió impulsar un proyecto de “Ley de Regulación de la Protesta Social” presentado por los empresarios, que plantea sanciones económicas contra los bloqueadores, y el Alcalde de Cochabamba anunció que presentará un proyecto de ley contra bloqueos. 
Visto está que solo resta voluntad política para bloquear de una vez por todas a esta mala práctica de protesta que, reiteramos, no es un derecho.