Sin testigos

Entre el 17 y 23 de septiembre se desarrolló la denominada “Marcha para salvar Bolivia”, encabezada por el expresidente Evo Morales y a su paso, por distintas poblaciones del Altiplano, dejó un saldo de al menos 14 periodistas agredidos en distintos grados.

El caso más grave le tocó vivir a la corresponsal de la red televisiva Cadena A en Oruro, Irene Torrez, quien fue golpeada por un grupo de marchistas, quienes luego la obligaron a borrar todas las imágenes que había registrado de una violenta pateadura que estos dieron a un miembro del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la localidad de Sica Sica.

Periodistas de la red UNO, Bolivia TV, Wara Tv y DTV también fueron agredidos y uno de los casos que más dio que hablar fue el de la agresión cometida por Orestes Sotomayor, uno de los hombres cercanos a Morales, a quien el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, identificó como “yerno” del exjefe de Estado. Ese lazo familiar no fue confirmado, pero la hija de Morales salió varias veces en defensa de Sotomayor en sus cuentas en redes sociales.

Ahora, en el bloqueo de caminos protagonizado por el ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reportaron agresiones contra la prensa en al menos tres puntos de corte de rutas: Parotani, Bulo Bulo y Mairana. Eso, hasta el viernes, día en que se escribió este editorial en momentos en que transcurría el desbloqueo policial-militar en Pirque Parotani, donde el fotoperiodista de la agencia internacional EFE, Jorge Abrego Alanes, fue herido y tuvo que ser evacuado de la zona en una ambulancia. 

En Parotani, según registro de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, los periodistas recibieron graves amenazas, con advertencias de quitarles sus instrumentos de trabajo e incluso quemarlos vivos; en Bulo Bulo tuvieron que tirarse al suelo tras que civiles fueron identificados disparando armas de fuego; mientras que en Mairana dos periodistas y un camarógrafo fueron tomados como rehenes y luego golpeados por los bloqueadores.

“Me patearon en la cara, en el oído, en la espalda. Me golpearon con palo y con piedras, ¿qué hacen ustedes aquí? –decían– y nos querían quemar”, contó el camarógrafo Ricardo Pedraza.

Esa es la situación en que trabajan los periodistas en el país, en especial cuando se trata de cubrir hechos vinculados a los intereses del expresidente Morales. Por ello, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia llamó hace una semana al “líder de los bloqueadores” a parar la violencia contra la prensa y, en la semana, su presidenta, Zulema Alanes, advirtió que con estas actitudes se vulnera el derecho que tiene la población a estar bien informada.

Exactamente eso es lo que buscan estos grupos que agreden a la prensa, que no haya testigos y que solo se conozca su versión de los hechos a través de sus mecanismos políticos de propaganda, que están disfrazados de medios de comunicación.

Por ejemplo, quisieran que nunca se informe sobre las agresiones que cometen los grupos movilizados contra la prensa o que los periodistas jamás pregunten sobre las acusaciones de trata y estupro que pesan sobre su líder. Quisieran que todos los periodistas repitan en coro que sí hubo golpe en 2019 o que jamás recuerden en las conferencias de prensa que en 2016 los bolivianos rechazaron una nueva repostulación a la Presidencia de Morales. Que todos titulen que el expresidente sufrió un atentado contra su vida ordenado por el gobierno de Luis Arce y que se crean sin la menor duda que Morales se equivocó al decir “yo he disparado a la llanta del carro” porque habla mal el castellano.

Sería así si se extiende a otras partes del país lo que ahora ocurre en el Trópico de Cochabamba, donde los únicos que informan sobre lo que pasa en la zona, por ejemplo con las unidades militares tomadas por civiles, son sus militantes disfrazados de periodistas. Simplemente no quieren otros testigos de los hechos.