Violencia machista

Mientras gran parte de la ciudadanía vive pendiente de la información relacionada con el futuro proceso electoral, la escasez de dólares o el incremento de precios, la violencia contra las mujeres suma víctimas cada día y, sin pausa, va llenando libros y libros de estadísticas que alarman, pero que no se traducen en medidas efectivas para cambiar esta situación.

Estas cifras son, en realidad, proyectos de vida frustrados y violentados, con consecuencias personales y familiares difíciles o imposibles de reparar. Los casos reportados recientemente ponen de manifiesto esta problemática y la saña con la que los agresores atacan a sus víctimas.

Denilson N.Z. asfixió a su pareja de solo 18 años porque se negó a dejarla salir a trabajar y, no conforme con ello, usó un arma blanca para lacerar su cadáver. Fernando B. citó con engaños a su exnovia y luego la golpeó hasta reventarle las prótesis mamarias y causarle graves heridas en todo el cuerpo. Y el reconocido abogado Alejandro P.K. agredió con tal violencia a su enamorada que los peritos le dieron nueve días de incapacidad médico-legal. 

En Oruro, tres jóvenes violaron a una menor de 15 años y en Cochabamba, una mujer con insuficiencia hepática crónica falleció en el Hospital del Sur porque su esposo impidió que fuera trasladada oportunamente a ese centro de salud. “¡Que se muera!”, gritaba, según testigos del hecho.

Un cuarto de millón de mujeres fueron víctimas de delitos de alta vulnerabilidad, entre 2018 y junio de 2024, según información de la Policía Boliviana registrada, procesada y documentada en el informe Warmi Cifras, del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD).

En promedio, del total de casos atendidos cada año por el Ministerio Público, el 30% corresponden a delitos reconocidos por la Ley 348. Durante 2024, la Fiscalía General del Estado registró 50.325 casos de violencia de género, de los cuales 37.601 correspondieron a violencia familiar o doméstica. Además, se reportaron 3.737 casos de abuso sexual; 3.140 de violación; 2.696 de violación a niños, niñas y adolescentes; y 1.864 de estupro.

En cuanto a los feminicidios, Bolivia cerró 2024 con 84 casos y aunque las autoridades han logrado identificar a más del 89% de los autores, la persistencia de estos crímenes evidencia fallas estructurales en la prevención de este delito, y la protección y atención integral de las mujeres.

La magnitud de esta problemática no solo demanda la urgente necesidad de implementar políticas públicas efectivas y sostenibles, sino que es de esperar que ocupe un lugar preferencial en los planes de gobierno de los aspirantes a la Presidencia.

Los reportes de los primeros meses del año son, de igual manera, poco alentadores. 26 mujeres fueron asesinadas hasta el 14 de este mes y entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, el Ministerio Público registró 11.711 casos de violencia en razón de género, de los que 8.936 corresponden a violencia familiar o doméstica. Esto revela la vulnerabilidad a la que se exponen las mujeres dentro de sus propios hogares y se agrava aun más si se toman en cuenta los casos de violación que, por lo general, son crímenes cometidos por algún varón del entorno más cercano.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la actual crisis multidimensional que atraviesa el país, en lo económico, político y social, recrudece la inseguridad de las mujeres, limitando su acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, y a derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la autonomía económica, exponiéndolas aun más a situaciones de violencia.

Es imperativo que el Estado boliviano refuerce las políticas para contrarrestar la violencia machista, una decisión política que pasa por destinar recursos económicos para fortalecer los servicios de atención y el sistema de justicia, promover una educación integral con enfoque de género desde edades tempranas, incorporar esta misma orientación en la prestación de servicios en salud, desarrollar campañas integrales de prevención y otras políticas y acciones

El Estado tiene, en la sociedad civil y los cooperantes, aliados que trabajan arduamente en contrarrestar esta problemática. Solo con un compromiso real y firme se podrá erradicar esta forma de violencia que, día a día, cobra vidas y perpetúa la desigualdad.