Libertad de pensar y elegir

Lo que ocurre en el Trópico de Cochabamba ya no es tolerable para ninguna democracia. Y no únicamente porque un grupo político tomó el control de la zona con mecanismos que neutralizan la disidencia y luego levantó un fortín para proteger e impedir la aprehensión de su líder procesado por delitos comunes. No solo eso. En noviembre de 2024 tomaron unidades militares desafiando el poder del Estado y ahora se arrogaron la atribución de prohibir el libre pensamiento de los pobladores de esa zona. 

A principios de semana, dirigentes de la central Valle Ivirza, perteneciente al municipio de Puerto Villarroel, ubicado en la provincia Carrasco, emitieron un comunicado en el que establecen que “quedan prohibidas las campañas para otros partidos políticos dentro de nuestra central, que no sean consensuadas con el instrumento político Evo Pueblo”.

O sea, las únicas campañas permitidas en ese territorio, según estos dirigentes, serán las que favorezcan a su agrupación política, que no está autorizada para participar en los comicios porque, simple y llanamente, no tiene personería jurídica. En cambio, los 10 partidos que sí tienen personería, cumplieron los requisitos y están autorizados a participar, no tendrán pisada en esta zona, por capricho de estos radicales que actúan como si fueran propietarios de una parte del territorio nacional y del pensamiento de quienes habitan en ese territorio.  

No solo eso, determinaron además que los pobladores que se inclinen por otra opción política que no sea Evo Pueblo serán considerados traidores y presionados para vender sus propiedades. Eso ocurre con Eliana Condori Tola, Vladimir Sanez Camacho y Wilfredo Pérez Montaño, quienes, en su libre derecho de pensar y elegir, decidieron postular como candidatos a legisladores por otros frentes y ahora están conminados a vender sus tierras.

“Por haber incumplido los principios ideológicos de nuestra organización, deben vender sus chacos de manera inmediata dentro de nuestra central”, señala la resolución de la central Valle Ivirza, que entre otras cosas va contra los artículos 21 y 56 de la Constitución, referidos a los derechos civiles y a la propiedad de los bolivianos.

Hay más, durante la semana los seguidores de Evo Pueblo advirtieron que no habrá elecciones si su líder no aparece en la papeleta electoral y que no permitirán que otros frentes hagan campaña en el Trópico de Cochabamba, desafiando también lo que determina la legislación boliviana. La Ley 026 de Régimen Electoral establece que obstaculizar procesos electorales es un delito que se sanciona con una pena privativa de libertad de dos a cinco años.

Estos antecedentes son muestra clara de que la situación en esa zona llega a su límite. Y es el Ejecutivo, más que cualquier otro órgano del Estado, el responsable de evitar un desborde que lleve al país a un escenario mucho más complejo. El Gobierno debe garantizar que se cumpla la ley, que las unidades militares no vuelvan a ser tomadas, que la Policía mantenga el control de la seguridad en esa zona, que se respete la propiedad privada y que todos sus habitantes tengan la libertad de decidir a qué partido apoyan en las próximas elecciones nacionales.

El Trópico de Cochabamba no es propiedad de un frente político ni de un grupo de dirigentes y tampoco es inmune a los alcances de la Constitución y las leyes que rigen la vida de todos los bolivianos. Si sus pobladores no pueden elegir o apoyar a otro movimiento político que no sea el que respalda la mayoría, no viven en libertad, viven amordazados y con miedo. Y si un grupo les amenaza con obligarles a vender sus propiedades por ello, el Estado debe actuar de alguna forma para hacer respetar la ley, poner freno a estos atropellos y garantizar la protección de estas personas. 

Lo que queda ver es que en este mes y 10 días que restan para la elección nacional, todos los partidos y candidatos en carrera circulen libremente por todo el país, incluido el Chapare.